El hoy senador autonómico Fernando Clavijo (Coalición Canaria) vuelve a estar bajo la lupa de la Justicia, y de nuevo se debe a sus actos como alcalde de La Laguna, que ya le obligaron a declarar como imputado (ahora investigado) por los casos Corredor y Grúas.
En esta ocasión, se trata de 47 decretos que llevan la rúbrica del también expresidente del Gobierno regional, cuyo objetivo era levantar los reparos elevados desde la Intervención General, que advertía sobre la posible ilegalidad de mantener vigentes determinadas concesiones municipales sin celebrar el correspondiente concurso público, a pesar de haberse extinguido el contrato inicial.
El hecho de que siempre se tratase de las mismas empresas beneficiadas hace sospechar al denunciante, el hoy concejal de Urbanismo lagunero, Santiago Pérez (Avante La Laguna), de que estamos ante un modus operandi para eludir la legislación vigente, y que tales prácticas pudieran ser delictivas, extremo en el que coincide la Fiscalía Anticorrupción, desde donde se envió al juzgado que instruye estas diligencias (el número 4 de la Ciudad de Los Adelantados) un escrito de 156 páginas que, finalmente, ha logrado reactivar el caso, prácticamente inerte desde que Pérez presentó la denuncia, allá por enero de 2018.
Urgencia provocada
Curiosamente, la excusa para no celebrar un nuevo concurso era la urgencia ante la finalización del plazo temporal previsto en los pliegos, cuando eran precisamente quienes ponían tal pretexto los que dejaban vencer esas concesiones.
“De los anteriores expedientes administrativos, se deduce que la Alcaldía del Ayuntamiento de La Laguna ha venido prorrogando y dando continuidad reiteradamente a contratos de servicios públicos extinguidos, algunos de ellos, como hemos visto anteriormente, millonarios, levantando por decreto los REPAROS (con mayúsculas en el original) de legalidad de la Intervención General que advertía que esta forma de actuar era contraria a la Ley de Contratos del Sector Publico y a las Bases y Pliegos de los concursos”, resumía Anticorrupción en el escrito aludido.
En el caso Corredor, donde fue grabado en unas conversaciones harto comprometidas, Clavijo se libró al desaparecer del juzgado el papel donde se autorizaban esas escuchas telefónicas, mientras en el de las Grúas ha sido archivado por el Supremo pese a que se obviaron diligencias ya practicadas, por lo que se está a la espera de que la sala correspondiente provea sobre los recursos de súplica.
Ahora, todo apunta a que será de nuevo el Alto Tribunal español el que decida si, finalmente, Clavijo es imputado por tercera vez o no.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas