Más de una treintena de habitáculos, cuevas y chozas, en su mayoría, serán desalojados mañana en la franja del litoral comprendida entre Agua Dulce, en Los Abrigos, y La Mareta, en el municipio de Granadilla de Abona, según pudo saber este periódico. Se trata de la segunda actuación contra un asentamiento ilegal en el sur de la Isla en las últimas dos semanas, tras el realizado en el paraje natural de la playa Diego Hernández, en La Caleta (Adeje). Se da la circunstancia de que algunos de los afectados se habían establecido recientemente después de ser expulsados de la costa adejera.
La acción, que ejecutará la Dirección Provincial de Costas y el Ayuntamiento de Granadilla, afectará a un número indeterminado de personas, “como mínimo serán 34”, señaló la concejala de Seguridad, María Candelaria Rodríguez, que explicó que el 90% de los residentes asentados en esta zona de la costa granadillera son extranjeros.
“No es un problema nuevo, ha ido creciendo en los últimos años y, además de no reunir las condiciones de salubridad para vivir, ha generado un deterioro importante de un espacio público, con presencia de basura y pintadas en las rocas”, manifestó la edil, que quiso dejar claro su respeto “al modo de vida que cada persona elija, siempre y cuando no afecte al resto”. Rodríguez indicó que muchos de los residentes abandonaron la zona cuando se declaró el estado de alarma y han vuelto una vez que finalizaron las restricciones.
CUEVA DEL HERMANO PEDRO
Pero el Ayuntamiento quiere ir más allá. Desde el grupo de Gobierno se advierte de que mañana solo se resolverá una parte del problema, ya que existen otros asentamientos ilegales sobre los que no se ha actuado, como en los barrancos próximos a la cueva del Hermano Pedro (que afecta a varios propietarios de fincas), y los aledaños al Instituto El Médano y El Topo. En estas zonas, el Consistorio ya ha comenzado a hacer su tarea, con el inicio del proceso de identificación de sus habitantes. Ahora confía en que la acción de mañana sea el inicio de una operación que se extienda al resto de asentamientos.
La concejala de Seguridad destacó el trabajo conjunto de las administraciones, pero reiteró la necesidad de establecer un sistema de control para evitar que los espacios liberados en las zonas de baño vuelvan a ser ocupados.
El operativo de mañana se puso en marcha el pasado 3 de diciembre, fecha en la que el Ayuntamiento solicitó a la Subdelegación del Gobierno la participación en los dispositivos de seguridad, además de elevar un informe a Costas –organismo competente al tratarse de Dominio Público Terrestre– de los asentamientos.
En junio de 2020 se concretó la acción después de una reunión con el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana; el subdelegado, Jesús Javier Plata; el alcalde, José Domingo Regalado, varios concejales y mandos de la Guardia Civil y Policía Local. En ese encuentro, el Ayuntamiento se comprometió a ofrecer los medios necesarios para la limpieza y recogida de residuos, a través de la empresa pública Sermugran, una vez que se procediera al desalojo.
Técnicos del Servicio Provincial de Costas y la Policía Local de Granadilla procedieron el pasado jueves a la inspección de los 34 habitáculos y a la identificación de sus moradores, a los que se les emplazó a abandonar el lugar en el plazo de una semana. Tres días antes, el Ayuntamiento había recibido la notificación por parte de Costas para proceder a visitar las zonas afectadas.
Segunda operación en 15 días tras la acción en La Caleta de Adeje
La costa de Granadilla de Abona será el segundo punto donde se intervenga contra los asentamientos ilegales en los últimos 15 días después del desalojo, el pasado día 14, del paraje de la playa Diego Hernández (Adeje), un espacio natural protegido ocupado mayoritariamente por ciudadanos extranjeros, para lo que se movilizaron 105 efectivos coordinados por el Cabildo, al tratarse de un paraje que goza de protección. En el operativo también participaron el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Adeje, la Delegación del Gobierno y Costas.
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