La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna ha dictado una providencia por la que cita a declarar como investigados (antes imputados) al exalcalde de la Ciudad de Los Adelantados, José Alberto Díaz (Coalición Canaria), así como a otros cinco exconcejales y tres técnicos, todos por decretos firmados como alcaldes accidentales o presidentes de organismos autónomos.
Además, se abre una pieza separada por la actuación del también exalcalde lagunero y hoy senador autonómico Fernando Clavijo, sobre la que se informará al Tribunal Supremo dada la condición de aforado del también expresidente del Gobierno de Canarias, que se ve de nuevo bajo el foco de la justicia tras protagonizar junto a Díaz el caso Grúas.
En todos los casos, la imputación se debe a la firma de decretos municipales para el levantamiento de reparos de legalidad interpuestos desde la Intervención, si bien los principales responsables de dichas prácticas son Díaz y Clavijo, al menos desde el punto de vista cuantitativo, dado que los decretos firmados por ambos superan los 90 en el caso de Díaz y los 40, por lo que respecta a Clavijo. El resto obedece a firmas habilitadas como alcalde accidental o por ocupar la Presidencia de algún Organismo municipal, como por ejemplo el de Deportes.
También han sido citados como investigados los exediles (de CC) Aymara Calero Tavío, Atteneri Falero Alonso y Agustín Fernando Hernández, además de Asier Amador Robayna, que fue gerente del Organismo Autónomo de Deportes; Rosa Ana García Gaviño, jefa del Servicio de Bienestar Social y Calidad de Vida, y Carlos A. Gómez, técnico de la Unidad de Educación. En la relación de encausados también figuran dos exconcejales del PSOE: Javier Abreu y Mónica Martín.
Respecto a los ya citados como investigados, tendrán que acudir a declarar al citado juzgado a partir del 17 de septiembre, día en que lo harán Aymara Calero Tavío, Agustín Fernando Hernández Serrano, Asier Amador Robayna, Rosa Ana García Gaviño y Carlos A. Gómez Rodríguez.
Por su parte, el día 22 del mismo mes lo harán Javier Abreu Rodríguez, Atteneri Falero Alonso y Mónica Natalia Martín Suárez.
Por último, José Alberto Díaz Domínguez comparecerá el 1 de octubre para rendir cuentas ante la Justicia.
En cuanto a Clavijo, la jueza lagunera ha hecho suya la propuesta elevada desde la Fiscalía Anticorrupción para abrir una pieza separada respecto a la ampliación de la denuncia presentada en su día por el hoy concejal de Urbanismo de la Ciudad de Los Adelantados, Santiago Pérez. Como ya ocurriera con el caso Grúas, lo normal es que el hoy senador vuelva a exigir beneficiarse de sus privilegios como aforado (ya derogados en Canarias, pero vigentes aún para el conjunto del Estado) y acabe en el Tribunal Supremo, donde se decidirá primero si hay causa y, en caso de que así se entienda, se procederá a pedir el correspondiente suplicatorio al Senado para proceder a su investigación.
Básicamente, este caso Reparos consiste en que, durante muchos años, tanto Clavijo como Díaz levantaron los reparos de legalidad que ponía la Intervención General a la hora de prorrogar -sin que se sacaran a concurso público- los contratos para la prestación de importantes servicios municipales. La relación de resoluciones adoptadas por Clavijo, Díaz y algunos otros miembros de sus gobiernos para burlar los reparos planteados por la Intervención entre los años 2013 a 2017 están en torno a los 140 y suponen un importe aproximado de 60 millones de euros, según el denunciante.
Lo que viene a decir el interventor en la mayoría de los casos es que, autorizando la continuidad de la prestación del servicio sin procedimiento administrativo de ningún tipo, se consigue una prórroga contraria al ordenamiento jurídico. Considera estas autorizaciones “nulas”, ya que debería haberse tramitado el correspondiente expediente de contratación para respetar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato.
El denunciante incluso considera que estamos ante un modus operandi para eludir las reglas de contratación pública en beneficio de las mismas empresas.
Un caso de mayor enjundia que Grúas, reactivado por Anticorrupción
La comparación del caso Reparos con el caso Grúas es inevitable. En los dos son protagonistas, a su pesar, dos exalcaldes laguneros, ambos de Coalición Canaria, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz. Y en ambos, el objeto nuclear de la investigación sobre la presunta comisión de actos delictivos radica en la aprobación por la Alcaldía de unos decretos con idéntico fin: levantar las advertencias sobre la posible ilegalidad de actuaciones municipales planteadas desde la Intervención (los llamados reparos). Eso sí, desde que se presentó la denuncia por el segundo de estos casos (enero de 2018), los juristas consultados resaltan sin ambages la superior consistencia jurídica de este respecto al de las grúas, por cuanto, a diferencia de aquel, se sustenta exclusivamente en documentación oficial emanada desde el Ayuntamiento de La Laguna. Y si en el caso Grúas se investigaban tres decretos para levantar reparos, en el que lleva tal nombre se trata de un total de 118, de los que 47 están rubricados por Clavijo. Sin embargo, el caso Reparos durmió en una gaveta del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna casi dos años y medio, sin que solo se practicase una diligencia para solicitar documentación al Consistorio lagunero hasta que un contundente escrito de la Fiscalía Anticorrupción ha reactivado una instrucción que parece encaminada con la citación de los investigados.
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