Tenerife

El Cabildo pide una auditoría de las infraestructuras eléctricas de la Isla

El pleno acuerda por unanimidad instar al Gobierno canario a la realización del estudio para verificar el estado de funcionamiento, a cargo de un equipo auditor independiente de la ULL

Vista general de un momento de la sesión plenaria de ayer en el Cabildo de Tenerife. DA
Vista general de un momento de la sesión plenaria de ayer en el Cabildo de Tenerife. DA

El pleno del Cabildo de Tenerife aprobó ayer, por unanimidad, instar al Gobierno de Canarias “a la realización de una auditoría de las redes de transporte y distribución e infraestructuras eléctricas de la Isla, para verificar sus condiciones y estado de funcionamiento, a cargo de un equipo auditor independiente de la Universidad de La Laguna, de reconocida solvencia en estas materias, y donde se disponga de la firme colaboración del operador del sistema eléctrico de Tenerife, de las compañías gestoras de las redes y de los activos de generación térmica.

Además de asociar al Cabildo insular de Tenerife en todos los trabajos”.

Una moción que refundía dos textos de los grupos PSOE y PP junto con enmiendas de otros partidos, y que llegó a la sesión ordinaria de ayer tras el nuevo cero energético que sufrió la Isla el pasado 15 de julio.

En el texto aprobado también se expresa que “los responsables de dicha auditoría deberán tener acceso a toda la información e instalaciones para desarrollar su trabajo y los resultados de este se reflejarán en informes del órgano instructor competente en el Gobierno de Canarias y de las partes, cuyas conclusiones serán analizadas, tratadas y sometidas a la consideración y decisiones del Cabildo, dentro de su ámbito competencial”.

Asimismo, se insta “al Gobierno de España, al de Canarias y a los agentes del sector eléctrico en Tenerife a que las conclusiones obtenidas en dicha auditoría sean incorporadas a las planificaciones de las respectivas actividades”. En consonancia con lo anterior, también aprobaron instar “a que, por los organismos y agentes implicados, se ejecuten las inversiones y medidas de mejora urgentes y aquellas que sean necesarias para la adecuación del sistema eléctrico de Tenerife a los objetivos de la política de transición energética. El Cabildo tendrá una posición activa en la autorización y desarrollo de estas instalaciones, priorizando su tramitación dentro del marco legal”.

También se pide al Gobierno de España, al de Canarias y al Cabildo “trabajar en la implantación de un nuevo modelo energético que propicie la soberanía, la independencia y la democratización de la energía, incrementando la diversificación del mix energético por medio del uso de todas las fuentes de energía renovable existentes en Tenerife […] con el fin de reducir la dependencia exterior, contribuir a la economía y el empleo, paliar la pobreza energética, reducir las emisiones a la atmósfera, mejorando con ello la sostenibilidad, y dar mayor estabilidad al sistema eléctrico para evitar situaciones lamentables como los recientes ceros energéticos”.

A este respecto, se acordó “convocar a las partes integrantes de la Mesa de Energías Renovables antes del 30 de septiembre de 2020 para fijar un cauce de diálogo permanente que establezca, con participación efectiva de la ciudadanía, una hoja de ruta, incluyendo un calendario periódico de reuniones […]. El trabajo de dicha Mesa, en cuyo seno se tratarán asuntos relativos tanto a tecnología de energías fósiles como renovables, tendrá como referencia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como parte de la Agenda 2030”.

Depuradora El Rosario

En cuanto a otros temas, CC logró el apoyo del PP para sacar adelante una enmienda, en el contexto de un expediente de modificación presupuestaria, para hacer una modificación por valor de 1,5 millones en las cuentas insulares de este año para la construcción de la depuradora municipal del Polígono Industrial La Campana, en El Rosario. Sí Podemos Canarias se abstuvo y el PSOE y Ciudadanos votaron en contra.

Sin embargo, la consejera de Hacienda, Berta Pérez, advirtió de que PP y CC habían aprobado una enmienda “en la que el interventor ha informado que técnicamente es inviable, es una enmienda de contenido imposible y, por tanto, nula de pleno derecho”. A este respecto, el interventor había afirmado, en relación a la enmienda de CC, que “hay dos proyectos que están financiados con una operación de crédito que no ha sido concertada, por tanto, en este sentido, los créditos no están disponibles”. “Se recuerda que la ley dice que los acuerdos que se dicten sin existencia de crédito son nulos de derecho, con lo que no se puede aprobar una modificación presupuestaria, en este caso, si no hay nuevos recursos mediante bajas de créditos de otras partidas que se estimen reducibles”, enfatizó.