D. TOVAR / AGENCIAS
La presión asistencial va en aumento en todo el país, en la medida en que el número de casos positivos de coronavirus se dispara. En las últimas 24 horas, sin ir más lejos, en España se contabilizaron casi 10.000 nuevos positivos (9.779), de los cuales 267 fueron identificados en Canarias (junto a un fallecido en las Islas). Unos datos que, unidos a las dificultades para rastrear de dónde proceden los contagios, hacen que se estén tomando ya decisiones extraordinarias; un relato que recuerda al del pasado marzo, cuando se decretó el estado de alarma (de aplicación al territorio nacional) y nos abocamos a un confinamiento general de la población.
Y es precisamente en estos términos en los que se expresó ayer el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, que advirtió de que, si continúa la tendencia al alza de enfermos, se adoptarán medidas más restrictivas que, incluso, podrían pasar por cuarentenas en áreas o islas específicas. En concreto, preocupan las estadísticas de Gran Canaria y Lanzarote, que concentran los principales focos de Covid-19 del Archipiélago; es más, en algunos municipios y distritos de dichas ínsulas se manejan cifras superiores a los 100 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, y si se sobrepasan los 300, el confinamiento es obligatorio. Pero por lo pronto, según aseguró el jefe del Ejecutivo regional, se aumentará “lo máximo posible” las sanciones por incumplir las normas establecidas.
Pautas de prevención tan básicas como que, en caso de dar positivo en el patógeno, se ha de cumplir un riguroso aislamiento domiciliario tampoco terminan de calar en determinadas personas. Es lo que ocurrió en El Hierro, donde un hombre dio a conocer a su médico que no estaba dispuesto a asumir dicha cuarentena,obligando a que la Consejería de Sanidad presentara una denuncia contra él esta semana ante la Guardia Civil, pidiendo, además, que un juez le obligue a dar cumplimiento a la medida, considerando el riesgo que puede suponer para la salud pública que circule libremente por las calles sin superar previamente la enfermedad.
El otro extremo de cada positivo es conocer cómo pudo contagiarse. Esa tarea, de la que se encargan los denominados rastreadores, está siendo del todo compleja, tal y como reconoció ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón. En rueda de prensa, señaló que se ha logrado detectar el origen del contagio para el 28,5% de los casos del país, mientras que todavía sigue siendo un misterio para el 71,5%. Canarias, por su parte, solicitó formalmente, en la misma jornada, contar con 100 efectivos de las Fuerzas Armadas para desempeñar esta función, con especial incidencia en las islas más tocadas por la pandemia, aunque, en función a cómo vaya evolucionando el escenario, está previsto que puedan cubrir otras áreas distintas de la comunidad.
Pero si hay dos autonomías que hacen saltar todas las alarmas son Andalucía y la Comunidad de Madrid. La región sureña fue la que más casos sumó ayer de todo el país (401). En la que alberga la capital, por otro lado, se localizaron la mitad de las defunciones por la enfermedad de la nación (53 de 129). Unas circunstancias que hacen presagiar un mal horizonte para ellas, sobre todo, en lo que a Atención Primaria se refiere. Simón reconoce que la situación es “relativamente tranquila” por ahora, pero que la tendencia, de prolongarse, puede acabar generando saturación. No obstante, arrojó un dato que llama a la esperanza: en marzo, “el 12% -de los contagiados- fallecía, y ahora es el 0,4%”.
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