Los sindicatos educativos de Canarias esperan con impaciencia la doble reunión que mantendrán esta semana con la Consejería de Educación para evaluar los protocolos y planes de contingencia que presentará la administración de cara al nuevo curso escolar, con la vista puesta en los últimos contagios de coronavirus que generan incertidumbre. Mientras en varias comunidades han presentado o amenazan con huelgas, las organizaciones en las Islas esperan tener en las manos los borradores y poder aportar sugerencias.
El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, recordó que de cara al inicio de curso es fundamental “garantizar las medidas de seguridad para todos. Sin alarmismos, hay que poner las medidas y buscar el dinero para ello”, y cuando los docentes se incorporen el 1 de septiembre a los centros “deben tener unas instrucciones y planes de contingencia claros y divididos por etapas educativas y por tipología de enseñanza”, que después se adaptarán a cada centro, pero que tienen que precisar dos apartados: el primero “las cuestiones organizativas y de seguridad”, como son los espacios, la entrada y salida de los centros, los transportes, el comedor, la educación, física, la música, etc., y en segundo lugar, “es importantísimo que hayan instrucciones a nivel curricular, porque hay que planificar los aprendizajes no adquiridos del curso anterior, y después tener un plan B, que deben estar en las programaciones si llegamos a un confinamiento en una clase, en el centro o el municipio. Debe haber una plataforma online de calidad y segura, no podemos ir a escapar como el curso pasado”.
Ante un posible contagio confirmado o sospecha “todavía está por cerrar cómo continuará la enseñanza ese alumno o el grupo”, una posibilidad que debe “estar en las instrucciones del plan de contingencia para poder adaptar las programaciones”.
Todos los sindicatos han planteado estos meses su preocupación por la seguridad de los profesores, alumnos y el personal no docente de los centros que son vulnerables a la Covid, y en el caso de los trabajadores “una adaptación de sus puestos”.
Esperan recibir de la Consejería los planes de contingencia que están elaborados por etapas educativas, “para que podamos ponerlos en común, hacer aportaciones e intentar rematar los documentos”, afirmó Crespo, que recordó que el currículum este año “debe mirar los aprendizajes no adquiridos el curso pasado y plantear cómo va hacer esa planificación online. Hemos dejado claro a la Consejería que tiene que contratar una plataforma, le cueste lo que le cueste, de garantías y de seguridad. Además, la Consejería tiene que garantizar que no habrán alumnos que se queden rezagados por la brecha digital, garantizando que disponen de material y conexión. No es una cuestión económica, una tablet es más barata que dos o tres libros”.
Otra incógnita a tratar para ANPE Canarias es “la presencialidad con garantías y seguridad”. “No es igual 15 que 20 alumnos, cuando aumenta el número peor será para hacer un seguimiento de los contactos”. Otra de las dudas planteadas es el número de profesores que se contratarán para afrontar un curso atípico. “La consejería no ha dado una cifra de docentes y está pendiente de las reuniones de la Comisión sectorial de Educación y Sanidad y de la Conferencia de presidentes, pero no podemos esperar a las conclusiones de estas reuniones”.
Por su parte, desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias – Intersindical Canaria (STEC-IC), Gerardo Rodríguez, incidió en conocer “el número de profesores a contratar y en hecho de que lo sean por el curso completo, no trimestralmente”, lo que a su juicio “no es conveniente”. También lamentó que el protocolo “no exponga la reducción de las ratios ni que se hayan buscado nuevos espacios”, como los centros cerrados en los últimos años como STEC-IC ha demandado.
Sobre los planes de contingencia de los centros, Rodríguez sugirió recoger “el uso de los termómetros, un plan específico para el profesorado que viajó durante el verano o un protocolo si un alumno puede quedar confinado durante el curso”. Asimismo, pidió “fortalecer las plataformas digitales” de la Consejería y se mostró preocupado por el “profesorado en riesgo” ya que no se tienen en cuenta sus particularidades.
Mantener el diálogo
Ante la cambiante situación todos los sindicatos abogaron por mantener abierto el diálogo con la Consejería durante todo el curso, para valorar los diferentes escenarios posibles y poder elaborar medidas en cada caso.
Por su parte, José Ramón Barroso, de CC.OO., reconoció que “seguimos en un mar de dudas, ya que, aunque se ha publicado un protocolo, no tiene en cuenta muchos factores” para poder garantizar que un inicio de curso seguro. Entre otros no recoge “el uso del termómetro para el control de temperatura, ni los protocolos de entrada, salida, la ubicación de los niños, la atención temprana, los comedores, las actividades extraescolares…”, unos temas que “han unido a sindicatos, madres y padres, alumnos y personal no docente para hacer llegar a la Consejería nuestras propuestas para mejorar los protocolos”.
Barroso cree que “se debió comenzar a trabajar mucho antes ya necesitamos estos protocolos para echar a andar el próximo curso y vamos con cierto retraso, y no está nada clara la situación. Por ejemplo, desconocemos qué va a pasar con aquellas personas que no puedan asistir al centro por cualquier motivo relacionado con la Covid, bien por estar en cuarentena o por ser sensibles a la enfermedad”. Y reiteró que “queda mucho por hacer y la participación de la comunidad educativa es primordial para poder ayudar a la administración a resolver estas incógnitas con prontitud”.
Para Comisiones Obreras, la preocupación principal es garantizar la seguridad para todas aquellas personas que están en un centro educativo, máxime con el aumento de los contagios”. Los protocolos son “manifiestamente mejorables” y lamentan las dudas y pasos “palante y patrás” de la Consejería. “Se supone que están trabajando en la plataforma, los materiales online y en la programación digital que necesitaremos a partir del 1 de septiembre, en los casos de que lleguemos a una educación semipresencial o si se tiene que hacer otro confinamiento”. Recuerda que “la falta de inversión en los últimos 10 años ha sido potente y nos ha llevado a unos extremos de estar en entornos de inversión de 2010. Ahora lo echamos muchísimo en falta”.
Por su parte, Barroso espera conocer el volumen de profesores que se incorporará si hay que reducir las ratios. “Creemos que reducir las ratios menos de un tercio es un error, debe llegar a la mitad para garantizar la distancia de seguridad. Llevamos desde mayo demandando que se buscaran espacios, y que vengan a 1 de septiembre diciendo que no han tenido tiempo, es que no le dieron la importancia que tenía”. Por último, recordó que la consejería “debe generar certezas, porque las familias y los profesores están preocupados. Hay que evitar que los centros educativos sean focos de contagios”.
Desde el sindicato UGT, Manuel Navarro también recalcó que la incertidumbre sigue existiendo, porque “es intrínseca a la situación y el problema sanitario nos hace tener muchas dudas sobre el comienzo del curso y la seguridad de los alumnos, las familias y los profesores”. “Habrán contagios y riesgos, por tanto hay que minimizarlos”.
UGT también propone “la bajada de ratios en Educación Infantil y Primaria, con 15 alumnos por aula ya que la idea del grupo burbuja o de convivencia estable se desvirtúa cuantos más numerosos son”. Además, abogó por “dotar de todos los recursos necesarios” a los centros para “poder pasar inmediatamente de una enseñanza presencial a una semipresencial o, si fuera necesario, totalmente online. También se plantea una docencia mixta donde se pueda combinar las dos alternativas docentes. Hay que cambiar el modelo y para para ello no hay que usar recetas antiguas”, reiteró.
La educación garantiza el ascensor social
Por su parte, José Ángel Amador, de Docentes de Canarias Insucan, apostó por la educación presencial ya que “el sistema educativo público debe ser el lugar en el que la gente desfavorecida tenga su ascensor social”. Insucan apostó por no suspender las clases en marzo, pero con todas las protecciones y condiciones de seguridad.
Amador recriminó a las anteriores consejeras que no apostaran por las nuevas tecnologías recogidas en la Ley Canaria. Además del déficit de material digital y de plataforma, señaló que “de qué vale una tablet o un portátil con conexión a internet si no hay material digital disponible”.
Asimismo, lamentó que la Consejería no haya realizado obras en los Institutos. “No se han abierto nuevas puertas ni se han tirado tabiques para eliminar dos aulas pequeñas y convertirla en una de 20 plazas. Tirar un muro vale 1.000 euros y contratar dos profesores 50.000. Hemos visto una falta de iniciativa para adaptarse a las circunstancias y llegamos tarde, por ejemplo, en la derivación de profesorado vulnerable a determinados centros donde el riesgo de contagio es menor”. Y en cuanto al déficit de profesores, Amador recordó el cuello de botella que se forman las Universidades por el déficit de plazas para el Máster”.
Por último, Amador censuró las intromisiones de agentes ajenos a la Comunidad Educativa. “El Consejo Escolar de Canarias está compuesto por gente que no sabe ni de qué habla, y se pronuncian de cosas que desconocen. Ahora es el momento de pedir a los responsables políticos que hagan lo mejor y que aboguen porque las condiciones sanitarias sean las mejores para volver a las clases, finalizó.
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