Hace tiempo que las autoridades españolas y canarias asumieron que la violencia machista merecía un tratamiento específico, tanto en lo policial como en lo jurídico, para combatirlo de forma efectiva. No en balde, la Ley Integral contra la Violencia de Género data de 2004 (impulsada por el entonces ministro de Justicia, el canario Juan Fernando López Aguilar) y, aunque se ha mejorado con reformas sucesivas y es una herramienta que ha dado notables resultados, a nadie se le escapa que este tipo de crímenes sigue teniendo mucha incidencia, tal que sigue siendo una prioridad para toda la sociedad, no solo para policías y jueces. Aunar esfuerzos es clave para reducir esta lacra que tantas vidas se cobra.
Canarias, es sabido, destaca habitualmente entre las comunidades autónomas como en una de las que más casos se registran, y las estadísticas judiciales publicadas recientemente respecto al segundo trimestre del año en curso (que coinciden con los meses del confinamiento) desvelan un descenso de asuntos judicializados por esta causa del 10%. Pero tal caída dista mucho de suponer una mejora. Por una parte, por el propio confinamiento; por otro, porque solo Baleares superó las cifras canarias en cuestión.
Para hacerse una idea, nuestro Archipiélago registró de marzo a junio pasado la segunda mayor tasa de presuntas víctimas de maltrato del Estado: 19,6 de cada 10.000 habitantes.
Pero ni jueces ni policías van a poner remedio a la violencia machista, porque su ámbito de actuación se produce cuando el mal está hecho. Hay que tener en cuenta que se trata de crímenes cometidos puertas adentro, allí donde los agentes se topan con el derecho a la intimidad, una barrera que justifica la llamada a los vecinos para que alerten cuando se percaten de posibles riñas en la pared contigua.
Para combatir de raíz la violencia machista hay que emplearse a fondo en la educación. En las escuelas, por supuesto, pero también en la difusión de sus terribles consecuencias en las víctimas, que van más allá de la mujer agredida en cada caso, porque igualmente destroza la existencia de sus familiares.
De ahí que historias como la que cuenta Miriam en la edición de hoy de DIARIO DE AVISOS, donde habla de cómo, presuntamente, asistió a su propio asesinato (no consumado por una mezcla de azar y feliz torpeza de su agresor). O la de Marisol, cuya terrible muerte en el interior de su vehículo incendiado es ahora juzgado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y de la que nos habló su hermano Luis, al que el suceso sigue afectando psicológicamente.
Que al menos su dolor sirva para concienciar a todos.
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