Las caras visibles de Ciudadanos, desde la fundación del partido que hoy preside Inés Arrimadas, repetían incesantemente en sus discursos expresiones como “venimos a restituir la confianza en las instituciones”, “aportar transparencia” o “realizar una gestión eficiente de los recursos públicos”. Unas improntas que líderes de la formación naranja como Enrique Arriaga (Santa Cruz de Tenerife, 1968) aseguran llevar por bandera desde el momento en que se celebraron las elecciones de mayo de 2019, y que durante su experiencia de gobierno actual afirma estar intentando poner en práctica. Esta semana saltaba a la palestra, a raíz de una información publicada por Mírame TV, un informe del interventor del Cabildo tinerfeño -Administración de la que Arriaga es vicepresidente y titular de varias áreas- mediante el que daba traslado a la Audiencia de Cuentas y a la Fiscalía Provincial de presuntas irregularidades en torno a la compra al CD Tenerife de unos terrenos ubicados en Geneto (La Laguna) en 2015 periodo bajo el mandato de Coalición Canaria. Se trata de una operación por la que el Parque Científico y Tecnológico (PCTT), dependiente de la institución insular y del que Arriaga es responsable en la actualidad, se hizo con la parcela por un precio que, según el informe, habría sido tasada muy por encima de su valor real, además de otra serie de acciones que podrían ser, a ojos del funcionario, constitutivas de delito.
– ¿Qué papel ha jugado el Parque Tecnológico en la operación?
“Todo, porque realmente es la entidad que ha salido perjudicada. Cuando entramos al Parque lo primero que hicimos fue analizar su situación financiera, a ver de dónde venían sus problemas y saber más sobre ese préstamo. Recopilamos toda la información necesaria y la pusimos en manos del órgano fiscalizador, el interventor, porque, claro, vimos irregularidades, pero nosotros no somos quienes para detectar si hay delito o no”.
– ¿Se esperaba hallar presuntas irregularidades en un expediente de un monto tan alto?
“Ya nos lo imaginábamos. En la campaña electoral una de las cosas que dijimos es que queríamos acabar con los chiringuitos políticos, con todas las actividades clientelares. Y ese fue precisamente uno de los motivos que nos llevó a hacer la moción de censura y acabar con los 32 años de Coalición Canaria en el Cabildo. Ya después, una vez que entramos a gobernar, vimos que durante muchos años el interventor había estado pidiendo información y no se le había dado, por lo que ahora, con transparencia, que es lo que hemos venido a aportar a la política, le hemos facilitado los datos que solicitaba”.
– ¿Por qué pasó tanto tiempo sin que el interventor pudiera tener acceso a toda la información que requería?
“Lo desconozco. En el año 2015 sí sé que hubo una solicitud en la que el interventor pedía detalladamente muchísima información, y en aquel momento no se le dio. En este caso, es que ni siquiera estábamos buscando irregularidades, sino al contrario. Cuando vemos que tenemos un agujero contable muy grande, millonario, empezamos a analizar las causas; recopilamos información, y al darnos cuenta de que había algo que no cuadraba, queríamos saber si había irregularidad o no. Para nosotros es muy importante que se solventen estas situaciones, porque sin ello no se puede establecer el plan de saneamiento de la sociedad; que la entidad pueda caminar conforme a las líneas estratégicas que hemos marcado”.
– Pero esta no es la única sombra de duda que envuelve al Parque Científico y Tecnológico…
“De mis áreas dependen 30 entidades del sector público, y lo que hicimos fue analizar su situación económica, ver cuáles eran los proyectos que estaban lanzados y, sobre todo, organizar los objetivos que nosotros queremos. En el Parque nos encontramos un agujero financiero muy grande, de hecho estaba casi en causa de disolución, por lo que comenzamos a buscar sus problemas. Desde entonces ha habido que hacer devoluciones de Fondos Feder por mala gestión: tuvimos que hacer una a finales de 2019 de seis millones de euros y ahora se nos ha notificado otra de ocho millones, es decir, dinero que venía de Europa y que al ser mal gestionado se ha tenido que devolver, con lo cual se convierte en nuevas aportaciones que debe hacer el Cabildo. Tuvimos incrementos en proyectos para los que no se había pedido aportación del Cabildo. Y finalmente este préstamo, que repercute 1,4 millones de euros todos los años. Al final, todas esas situaciones son las que iban comiéndose la tesorería de la empresa y llevándola a un punto muy crítico, y es lo que queremos resolver cuanto antes, trabajando con el área de Hacienda para elaborar un plan de saneamiento de la entidad y que pueda salir adelante”.
– Usted ha llegado a hablar de renovación de personal en las empresas públicas que dependen de sus departamentos.
“Sí, porque el personal estaba orientado a una serie de actividades que no eran estratégicas para el PCTT. El principal objetivo de la sociedad es crear enclaves para la implantación de empresas de i+D+i y tecnológicas. Y la realidad es que el personal estaba orientado a otras tareas que, quizá, no eran las más primordiales. Por eso hicimos, por un lado, una reestructuración del personal, y por otro, la económica, a ver cómo podíamos reflotar la empresa”.
– La compra de los terrenos de Geneto, ¿fue una operación necesaria desde el punto de vista estratégico que comenta?
“Para nada, porque ya en aquellos momentos se habían adquirido por parte del Cabildo los terrenos de Cuevas Blancas, que es donde ahora se está construyendo el nuevo Parque Científico. Y ya estando esas parcelas no era necesaria la de Geneto. Además, no se siguieron los procedimientos establecidos en el sector público para una operación de endeudamiento, que tiene que estar autorizada por el Cabildo. Y en tercer lugar está la sobretasación tan grande de esos terrenos, que al final causan un perjuicio económico a la sociedad. En resumen: se adquirieron unos terrenos que no sirven para nada y, automáticamente, se asumió una carga financiera año tras año que lo que iba haciendo es descapitalizando a la empresa. Ahí entramos en otro punto mencionado por el interventor, que es la administración desleal de los miembros rectores del Consejo de Administración, entonces don Ricardo Melchior y don Carlos Alonso, que eran presidente y vicepresidente del Parque; porque, a sabiendas, hicieron una operación financiera que llevaba a la sociedad prácticamente a la ruina”.
– ¿Qué hay del CD Tenerife?
“Del CD Tenerife no se habla prácticamente en el informe. Entre particulares puede haber una operación similar sin ningún tipo de problema, pero en la Administración pública hay que seguir unos procedimientos. Cualquier particular puede hablar, contactar con el CD Tenerife y comprarle los terrenos como quiera, ahora, cuando hablamos de dinero público es otra cosa; hay que hacer las debidas tasaciones y hay que seguir los cauces legales. En este caso, el CD Tenerife no tiene nada que ver, independientemente de que haya vendido unos terrenos a mayor precio. El problema está en la parte de la Administración pública, que no ha seguido el procedimiento y ha jugado con dinero de todos los ciudadanos”.
– ¿Cree que la “mala gestión” era un modus operandi habitual de los anteriores responsables?
“Como dije en el último debate sobre el estado de la Isla, Coalición Canaria tenía una maraña de empresas y de préstamos cruzados entre unas y otras y actividades que no tenían mucho sentido. Lo que hemos hecho es acabar con ese modus operandi, hemos cesado a varios gerentes de sociedades precisamente por obstaculizar el llegar a la información, y aclarar la situación financiera y el objetivo de esas sociedades. Pero bueno, es la primera de otra serie de situaciones irregulares que hemos detectado y que se están investigando; por parte nuestra, recopilando información, y luego en su momento se trasladarán a la Fiscalía. Hay algunas que pueden ser irregulares y constitutivas de presuntos delitos, y hay otras que pueden ser, a lo mejor, éticamente incorrectas, como ya han salido en el pasado. El caso Geneto es otro ejemplo; lleva el cuño de la corrupción canaria que había en los tiempos anteriores”.
– ¿Queda mucho por auditar?
“Sí. Hemos cogido la superficie, lo más visible, pero hay mucho más. Hay en marcha auditorías de gestión de varias entidades. La del PCTT la vamos a empezar en breve, en la del ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables) ya se está trabajando, y en otras sociedades también”.
– Alguien podría considerar que se trata de una caza de brujas…
“No lo es. Lo único que hacemos es aclarar estas situaciones porque no nos permiten seguir operando con normalidad. Hay que hacer una limpia de los problemas para poder trabajar correctamente, con las sociedades siendo rentables y con el objetivo para el que se diseñaron”.
– ¿En cuánto tiempo creen que pondrán la cuenta a cero de esas entidades? Ya ha transcurrido un año y medio desde que llegaron al Gobierno insular…
“Nuestro objetivo es conseguirlo cuanto antes, pero tenemos problemas para encontrar la información; está muy dispersa, en algunos casos no es fácil acceder a ella. Intentaremos que, en el caso del PCTT, con el plan de saneamiento, si se aprueba, independientemente de que se siga haciendo la auditoría de gestión, ya la empresa pueda empezar a trabajar. Y con el resto de sociedades las dificultades son otras, por ejemplo, el ITER es una empresa que tiene una estructura financiera bastante sólida, aunque hay algunos procedimientos que se han seguido en el pasado que no son lógicos, con lo cual hay que restablecer el manual de procedimientos y empezar a trabajar conforme a la ley porque, no nos olvidemos, el sector público forma parte de la administración pública, y tiene unos condicionantes que seguir. No se puede hacer como en la empresa privada”.
– Parece que hay sintonía con su socio de Gobierno para investigar todos estos asuntos. Esta semana, el presidente, Pedro Martín (PSOE), y usted salieron juntos en rueda de prensa para informar sobre las presuntas irregularidades en la compra de los terrenos de Geneto. ¿Se siente respaldado para asumir el coste político que puede tener levantar la alfombra?
“Somos un equipo de Gobierno sólido y lo que nos vamos encontrando no es solo en las empresas que están bajo el paraguas de Ciudadanos; también ha habido problemas en Casinos, en Mercatenerife y en otras sociedades. Al final, como dijimos, ponemos la información a disposición del órgano fiscalizador. Este caso lo conocemos desde hace mucho tiempo y hemos estado completamente callados hasta que ha salido a la luz, porque no hemos querido hacer una caza de brujas ni tampoco intentado sacar ningún tipo de rédito político. Lo que sí está claro es que lo que nos encontramos tenemos que ponerlo en manos de quien corresponda; no podemos ser partícipes de esa situación, encubrirla y hacernos cómplices. Tenemos claro que hay que seguir trabajando por el bien de las empresas del Cabildo de Tenerife, independientemente del coste político que pueda tener y en qué área de gobierno pueda estar”.
– ¿Qué expectativas tiene en relación a las cuentas de 2021?
“Partimos de un 20% menos. Vamos a ver, una vez queden perfectamente claras cuáles son las transferencias que nos pueden llegar del Estado y del Gobierno de Canarias, que todavía seguimos negociando para intentar recuperar como mínimo el 100% del presupuesto que teníamos el año pasado. Luego se verá cómo conjugamos eso con la utilización del remanente y del superávit y la capacidad de endeudamiento”.
– En los Presupuestos Generales del Estado el Gobierno parece dudar entre apoyarse en Ciudadanos o en partidos independentistas…
“El viernes anunciábamos que no vamos a presentar enmiendas a la totalidad del presupuesto del Gobierno de Canarias, sino a intentar mejorar, en la medida de nuestras posibilidades, las cuentas. Es verdad que queremos hacer lo mismo con los PGE, pero el señor [Pedro] Sánchez no lo pone nada fácil. Están trabajando con leyes que desde nuestro punto de vista son intolerables, como la famosa Ley Celaá de Educación eliminando prácticamente el castellano como lengua vehicular. Y bueno, sigue haciendo guiños a partidos independentistas y populistas. El problema es que, cuando queremos ser útiles, en ocasiones Sánchez nos pega una bofetada con estos partidos”.
– Su excompañera de partido Evelyn Alonso, tras la sentencia del TS y el posterior informe del secretario municipal, parece estar abocada a perder todas sus responsabilidades de áreas en el Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿Ustedes van a hacer algún movimiento al respecto?
“Se aplica la ley antitransfuguismo. Ella tomó una decisión, además en un caso un poco extraño porque no es que sea un transfuguismo a la usanza, sino que encima hace una moción de censura contra su propio partido, que está gobernando. Nosotros lo único que pedimos es que se cumpla la ley; parece que el informe del secretario es bastante claro. Y bueno, no tenemos nada que decir; si no ha querido dejar el acta no pasará nada, ya llegarán las elecciones y concurriremos con candidatos mucho más fiables”.
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