inmigración

Entre el muelle de la vergüenza y los ecos de Lampedusa

La crisis migratoria genera una sensación de abandono en Canarias que el Gobierno central intenta aliviar con el anuncio de medidas
Imagen del Muelle de Arguineguín. Reuters
Imagen del Muelle de Arguineguín. Reuters
Imagen del Muelle de Arguineguín. Reuters

Es posible que hasta ahora no lo hayan visto con suficiente claridad ni interés en Madrid, villa y corte amable, pero ensimismada, donde se fraguan con gafas miopes buena parte de las prioridades políticas y mediáticas de este país. Pero ver cuajado de migrantes el pequeño muelle de Arguineguín, un enclave de tradición pesquera en una isla turística africana de titularidad española, sí llamó la atención de Judith Sunderland, subdirectora para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, que vino hasta Canarias. Después de recorrer el espigón y hablar con la gente, además de entrevistarse con personas que conocen la situación migratoria en las Islas, llegó a la misma conclusión que los observadores locales. Ni las condiciones son dignas para un ser humano, ni se permite informar en libertad ni se protege bien el derecho a la asistencia jurídica. El pasado fin de semana, al poco de que se marchara, se alcanzó un récord histórico de migrantes en el muelle, más de 2.000 personas. Pocos días después, el viernes 13 de noviembre, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, presentó el plan de choque que finalmente ha elaborado el Gobierno central. Con algunas acciones importantes y omisiones relevantes. Más de 16.000 personas han llegado este 2021 por mar. Un aumento del 900%.

Según fuentes del Ejecutivo regional, el hacinamiento de estos últimos días generó una situación insoportable que provocó presiones al Gobierno central para que tomara decisiones inmediatas. Un punto de saturación que se ha alcanzado poco a poco a base de historias bien feas: menores separados de sus madres por orden de la Fiscalía de Las Palmas, personas retenidas durante varias semanas, a pesar del límite legal de 72 horas y de tener ya la prueba COVID hecha, ratas danzando por el lugar…
El Gobierno -cuya política migratoria, en manos de varios ministerios, ha empezado a coordinar la vicepresidenta Carmen Calvo- pondrá dos buques oceánicos más, otra patrullera de altura, otro avión, otro helicóptero y una embarcación sumergida dedicados a evitar la salida de pateras y cayucos de África, unidos a otros recursos materiales similares y en torno a cincuenta agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que se concentran en Mauritania y Senegal para hacer labores de control y patrullaje con las policías locales, según relató el viernes la ministra Darias, que envolvió con el celofán de acabar “con las mafias y que nadie se juegue la vida” un duro discurso de control fronterizo. También anunció que Frontex, la Agencia Europea de Control de Fronteras, estará por aquí hasta finales de enero.

Para acabar con la imagen del muelle, el Ministerio del Interior prepara en Barranco Seco, Gran Canaria, un Centro de Atención Temporal de Extranjeros para 800 personas. En ese lugar, donde se podrá estar retenido 72 horas, se harán las identificaciones policiales. Las feas carpas militares que vemos estos días en los medios son temporales, aseguró, mientras se construye una estructura fija. Del Ministerio de Migraciones dependerán otras carpas que se instalarán para alojar a los migrantes después de ser identificados. Más los cuarteles de El Matorral -en actuación conjunta con Interior- en Fuerteventura, Las Canteras y Las Raíces (Tenerife), una parte del cuartel de La Isleta y el Colegio León (Gran Canaria). Aunque algunos, ya anunciados anteriormente, necesitan reparaciones. La prioridad será deportar a quien legalmente se pueda.

“Hemos identificado más las ideas de la Europa Fortaleza que las políticas de un Gobierno progresista”, afirma Txema Santana, portavoz en Canarias la Comisión Española de Ayuda Al Refugiado, que destaca que las medidas se han anunciado sin una fecha específica de puesta en marcha. “No supone una solución al momento que estamos viviendo. Son plazas que se van a crear, esperamos que de acogida humanitaria con unas garantías suficientes, pero creemos que debería acompañarse de más derivaciones a territorio peninsular, algo que el Gobierno ha reducido prácticamente a los colectivos vulnerables. También se ha hablado poco de vías legales y seguras para migrar. Y algo que no se ha mencionado es que el Ministerio de Asuntos Exteriores puede aplicar la Ley de Asilo, que permite la posibilidad de iniciar los trámites para solicitar la protección internacional en el país de origen del migrante”.

Fuentes del Gobierno autónomo están convencidas de que las derivaciones a la Península continuarán, pero entienden que el Ejecutivo central no informe para evitar un efecto-llamada y no intranquilizar a Europa. “La UE está por las deportaciones”, recuerdan. Unos 7.500 migrantes llegados en patera han abandonado las islas, según informó DIARIO DE AVISOS esta semana, entre traslados y viajes que hacen gracias a sus propios medios y a la vista gorda del Ministerio del Interior, que les permite moverse con la documentación que tienen. El viernes, junto a Darias, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, pedía vías flexibles y seguras a través de visados para que la gente no tenga que lanzarse al mar para migrar y corredores humanitarios a Europa para los que ya han llegado. “Canarias es tan Europa como París o Bruselas”, afirmó. Pero la propuesta de Pacto Migratorio de la U.E va en un sentido contrario, el de evitar cuotas de solidaridad entre países para acoger migrantes. Y en que cada país fronterizo gestione los flujos migratorios, determinando lo más rápidamente posible quién puede solicitar asilo y quién debe ser expulsado. Las ONG consideran que este proceso no se puede hacer a toda prisa. Además, cuando las corrientes migratorias se intensifican, la asistencia jurídica a los migrantes -fundamental a veces para que sepan que pueden solicitar asilo- se debilita, como ha demostrado la situación en Canarias, con decenas de migrantes sin abogado e intérprete en estas últimas semanas.

“La UE tiene un estrategia clarísima, y es impedir que las personas que vienen del continente africano lleguen hasta el continente europeo. Y el Estado español está haciendo un fiel seguidismo de esa consigna”, afirma Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. “Europa tiene una deuda histórica con África, pero en lugar de hacer convenios bilaterales de cooperación con esos países, quiere convertirnos a nosotros en una isla cárcel”. Como lo han sido estos años Lampedusa o Lesbos en el Mediterráneo. “Quieren montar campamentos reproduciendo el modelo Moria [Grecia], algo con lo que estoy totalmente en contra”, afirma Morales. Los propios obispos católicos de las diócesis canarias han rechazado la creación de “guetos insulares” para la migración. Y algunos empresarios hosteleros piden que los cerca de 6.000 migrantes alojados en establecimientos turísticos, una solución que es coyuntural, empiecen a ser redistribuidos.

“La sensación de que no hay una persona que se esté ocupando de todo esto es muy mala, y eso es una responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez”, afirmaba una fuente cercana al Ejecutivo autónomo antes del anuncio de Darias. “La imagen del puerto de Arguineguín es tercermundista, patética”, reconocía un destacado socialista. “Se ha tardado mucho en dimensionar el problema. Entre otras cosas, esto es una cuestión de soltar dinero. Hay una estrategia de presión, fundamentalmente de Marruecos”.

El viernes, Darias también destacó que va a haber un impulso a la labor diplomática de España y la U.E. Y mencionó el aumento de los fondos de cooperación internacional para los países africanos, aunque no dio una cifra concreta de los 500 millones de incremento que esta partida tendrá en 2021. Pero la cooperación es una política a largo plazo, cuyos frutos tardarán en visualizarse, en una área geopolítica con muchas inestabilidades, como refleja el agravamiento reciente del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario. Hace unos días, el exdelelegado del Gobierno, José Segura Clavell, recordaba en una entrevista en Onda Tenerife el impulso a la cooperación con África entre 2004 y 2008, en plena crisis de los cayucos, lo que sirvió para crear oportunidades de trabajo en los países de origen. Pero todo se vino abajo tras la crisis financiera de 2008. “Eso es un jardín que hay que regar. Si no, se seca”. Segura también recordó que esta crisis migratoria incorpora nuevos perfiles que no eran habituales en 2006, como los refugiados climáticos. Y últimamente, quienes han perdido sus ingresos por los efectos de la pandemia en África, como gente que dependía del turismo.

Y mientras tanto, la sensación de abandono se encona en Canarias, atravesada por su africanidad geográfica y su pertenencia y dependencia de España y Europa, que no siempre actúan a su favor.

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