Hasta un total de cuatro ministerios españoles han sumado esfuerzos en los últimos meses para tratar de aportar soluciones a la llegada masiva de inmigrantes a Canarias, solo comparable con la llamada crisis de los cayucos que tuvo lugar entre 2006 y 2008. Y en ese tándem, de los responsables que mayor peso tienen en materia de atención a quienes se embarcan en una patera o un cayuco rumbo a Europa en busca de un futuro mejor es José Luis Escrivá Belmonte (Albacete, 1960), que en calidad de titular de las carteras de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, visitó estos días las Islas, a fin de conocer de primera mano las condiciones en las que permanecían cerca de dos millares de personas en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Un enclave que ha sido objeto de críticas por parte de distintas instituciones y ONG, por lo que Escrivá aprovechó su presencia en la comunidad para anunciar la casi inmediata puesta en marcha de 7.000 plazas en distintos recursos del Archipiélago, mediante los cuales se distribuiría la carga alojativa que actualmente soporta el referido puerto y varios complejos turísticos cerrados debido a la COVID-19.
– ¿En qué consiste el denominado Plan Canarias que dio a conocer esta semana?
“En lo que se refiere al Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, el Plan Canarias consiste en generar, en un espacio muy corto de tiempo, capacidades de alojamiento suficientes para acoger a un volumen significativo de inmigrantes que han llegado a las Islas en los últimos meses y que, de una forma transitoria y claramente subóptima, hemos tenido que alojar en hoteles porque el Estado no tenía capacidad prevista. Eso conlleva, en primera instancia, desplegar carpas en distintas ubicaciones militares que han sido cedidas provisionalmente o en propiedad al Ministerio. Y a su vez, paralelamente, ir preparando ciertos edificios, también de origen militar, que permitan en un momento determinado transitar de una solución inmediata en carpas a alojamientos más estables”.
– No se han hecho esperar las reacciones. Hay algunos partidos políticos que han llegado a tildar esos recursos de “cárceles”.
“En ningún caso. Hay que hacer una distinción clara entre lo que son las competencias del Ministerio del Interior, que hacen referencia a las primeras 72 horas de llegada, en las que se tiene que hacer la filiación y el cribado antes de saber si se derivan hacia nuestros sistemas de acogida si son personas vulnerables. O si se dirigen a instalaciones de Interior donde sí hay privación de libertades, los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), porque esos inmigrantes serían expulsables; son de países con los que tenemos acuerdos para su retorno. En esos casos sí hay privación de libertad y eso es competencia de Interior. En los otros casos son competencia nuestra si consideramos que son vulnerables; en todos nuestros recursos de acogida las personas son libres y pueden irse, no tenemos ninguna capacidad de restringir su libertad. Hay que hacer esta distinción porque es muy importante”.
– De acuerdo con la agenda que manejan, ¿durante cuánto tiempo podrían estar funcionando esas carpas y recursos de carácter “provisional”?
“Eso es más difícil de aquitalar. Va a depender de los edificios que hemos estado visitando estos días. El acuartelamiento de Las Canteras (La Laguna), por ejemplo, que ya es propiedad nuestra, sí que tiene capacidad de alojamiento más estable. Pero hay algunas de naves e instalaciones que requieren acondicionamiento. En cada isla siempre tenemos una solución de carpas y, después, de edificios que nos permitan ubicar a los inmigrantes en función de tipologías, de vulnerabilidad, de características. Las carpas ya están llegando de la Península y las podremos instalar en una semana, muy pronto. Tragsa, la empresa pública, está acondicionando los terrenos, preparando las letrinas, los comedores y todos los sistemas que requieren”.
– Y en esas diferencias competenciales sobre las que usted ha hecho hincapié, entre lo que atañe a Interior y a su Departamento, parece que se ha creado una brecha a raíz de elegir optar por derivaciones o devoluciones.
“Bueno, el problema fundamental en este momento es que el grueso de los inmigrantes que están llegando son expulsables y las fronteras están cerradas por la pandemia. Y estamos haciendo una interpretación bastante amplia del mandato de acogida, porque realmente nuestra obligación, lo que nos exige la normativa, es acoger a las personas vulnerables o a las que han solicitado protección internacional de asilo. Pero la realidad es que la mayoría de los que están llegando a Canarias no cumplen esa tipología; son magrebíes, personas jóvenes en perfectas condiciones. Podríamos estar hablando casi del 90%. Aun así, ahora, como resultado de la COVID, con los CIE cerrados, estamos ayudando y utilizando nuestro sistema de acogida de una forma flexible y con un sentido amplio de lo que hacemos”.
– Las ONG comentan que ha habido fallos de coordinación. Quizá el más notorio haya sido el de los 200 inmigrantes que fueron desalojados de Arguineguín y se quedaron en un limbo.
“Insisto: desde el Ministerio de Inclusión, por mucho que podamos acoger en un momento dado a las personas que llegan, para evitar que queden en una situación de desprotección, no es nuestra obligación. Además, en este momento actual hay un protocolo adicional, que es el de la COVID, y solo podemos acoger a personas que se hayan sometido a una PCR, y en su caso, cuarentena, si se dieran las circunstancias. Por tanto, este episodio concreto, que parece que fue un error, en ningún caso tiene que ver con lo que nosotros hacemos”.
– ¿Qué hay de la intención manifestada por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de pedir apoyo a otras comunidades para que se hagan cargo de una parte de los inmigrantes?
“Él ha hecho referencia, en el marco de las competencias del Gobierno de Canarias, a lo que se refiere a los menores no acompañados (Menas), porque son competencia de la comunidad autónoma y hay unos 2.000 en centros de las Islas. Por eso el presidente de Canarias ha hecho un llamamiento para que le ayuden a absorber y gestionar una situación tan complicada. Ahí no hay ningún problema, pueden derivarse a cualquier parte de la Península. Otra cosa es que nuestro sistema de acogida en la Península también se ha tensionado en los últimos meses: primero, porque han venido personas vulnerables, y segundo, porque en la Península está habiendo una entrada muy fuerte de inmigrantes por todo lo que es el mar de Alborán. En este sentido, nosotros sí estamos en conversaciones también con comunidades autónomas para ver si tienen capacidad y nos pueden ayudar con las capacidades de acogida. Y hay algunas que han mostrado su disponibilidad”.
– Entonces, en lo referente a las personas que quieren seguir su camino hacia Europa, España, competencialmente, ¿no podría darles ningún tipo de facilidad?
“Los acuerdos europeos dicen que la responsabilidad sobre un inmigrante que ha entrado en España es nuestra, de tal forma que si por alguna razón pasa a otro país, ese tercer país tiene el derecho de devolverlo a España, porque sería su lugar de origen. Es lo que se llama migración circular y forma parte del principio de responsabilidad, que España lo tiene. Luego está el principio de solidaridad, que es donde creemos que hay más margen de mejora y no hay acuerdo suficiente. La solidaridad está teniendo una dimensión más financiera que la que a lo mejor podríamos pensar nosotros: la posición que está defendiendo España es que exista un sistema de cuotas, que se comparta la integración de los inmigrantes. Nos parece que el binomio solidaridad-responsabilidad no está lo suficientemente equilibrado”.
– ¿Canarias está abocada a convertirse en un Lesbos o en una Lampedusa?
“En ningún caso. La situación del COVID es transitoria y muchos de los que han llegado a las Islas serán retornables. Y eso no es lo que pasa en Grecia o en Italia. Allí llegan personas de países donde no existe esa posibilidad [la devolución] en gran medida; tenemos una región de entrada muy distinta”.
– ¿Qué sensación le provocaba escuchar que se estaban vulnerando los derechos humanos en el muelle de Arguineguín?
“Creo que el muelle de Arguineguín, llegado a un momento de dimensión, no cumple las condiciones de acogida suficientes, aunque no hablaría de derechos humanos, sino que lo podemos hacer mejor, y, de hecho, lo estamos intentando hacer mejor ante una situación de emergencia como la que supone una llegada tan enorme de gente, y hay que necesariamente filiarles en poco tiempo. Por eso el Ministerio del Interior está en Barranco Seco creando esos cates para hacerlo en unas condiciones mucho mejores”.
– ¿Cómo es exactamente el trabajo de coordinación entre los dos ministerios?
“Cuando Interior identifica las características de los inmigrantes, nos plantea aquellos que son potencialmente susceptibles de entrar en nuestro sistema de acogida. Es decir, una vez que están filiados, que han pasado los controles sanitarios de la comunidad autónoma, las PCR, vemos aquellos perfiles vulnerables, que requieren de determinadas ayudas, y nosotros claramente los acogemos y valoramos la situación en cada caso. También hay una parte, que es la de las personas que piden protección internacional, para las que hay un procedimiento: su expediente lo gestiona el Ministerio del Interior y en una comisión se decide si esas personas tienen o no derecho a asilo en España. Si lo tienen, lo absorbemos nosotros. Mientras tanto, hasta que se resuelva el expediente, también podemos darles una acogida transitoria; es un periodo en el cual hay una cierta continuidad entre unos y otros”.
– ¿Cómo plantean el escenario posterior a la pandemia?
“Nosotros pensamos que la pandemia ha generado una situación excepcional, resultado de que las fronteras estén cerradas, aparte de que la propia COVID ha provocado mayor deterioro económico en los países africanos, hechos que hacen que los incentivos para intentar dejar esos países sean mayores, porque pueden pensar que la probabilidad de no ser retornados es mayor en este momento. Y es un factor muy determinante que hace que pensemos que en el futuro, cuando se supere la pandemia, no tengamos esta situación; podremos volver a escenarios como los que hemos vivido en los últimos años, de entendimiento. España no ha tenido apenas migración a las Islas Canarias durante un periodo relativamente dilatado de tiempo, es decir, que han funcionado bien los acuerdos con los países de origen y la lucha contra las mafias, el trabajo conjunto con Mauritania, Marruecos o Senegal. Ese ha sido el modelo en el que hemos estado instalados durante varios años y que, a nivel europeo, ha hecho que España sea un país considerado ejemplar; y lo he podido constatar en las reuniones a las que asisto. De alguna forma esto se ha fragilizado durante el periodo de la pandemia, pero deberíamos esperar que se revierta en el futuro”.
– ¿Se está haciendo un seguimiento de este asunto desde Presidencia del Gobierno?
“Existe una coordinación, obviamente, de todas las actividades que tienen que ver con la inmigración y hay un número significativo de ministerios involucrados. Aparte de Interior y nosotros, Exteriores está haciendo un trabajo muy importante para los acuerdos con esos países; el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es el responsable de Sasemar, para el rescate en el mar de los inmigrantes, y también el Ministerio de Política Territorial, porque los delegados del Gobierno juegan un papel coordinador a nivel regional. Todo eso, coordinado dentro del Gobierno por la Vicepresidencia Primera [que recae sobre Carmen Calvo]”.
– Los ERTE están salvando al sector turístico canario, en gran medida, de un hundimiento definitivo. ¿Cuánto se alargarán? Por ahora se ha pactado hasta enero.
“Es muy importante aclara que el hecho de que nosotros hayamos extendido los ERTE hasta el mes de enero no es porque no estamos comprometidos a continuar extendiéndolos si hiciera falta, que probablemente sea así, porque aunque la vacuna esté cerca, su despliegue completo tardará unos cuantos meses. Nuestro compromiso es mantener la protección de rentas y del tejido productivo con el sistema ERTE el tiempo que haga falta. Lo hacemos por periodos de tres o cuatro meses porque nos hemos dado cuenta de que es la mejor forma para ir ajustando el modelo en función de los elementos cambiantes, del impacto que la pandemia tiene sobre la economía y también el proceso de aprendizaje de un instrumento que hemos tenido que hacer en muy poco tiempo”.
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