La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha concedido una subvención para realizar una investigación que permita la localización de fosas de personas represaliadas en La Laguna y Los Rodeos, en la isla de Tenerife, lo que significa, destaca Pérez, un acto de materialización de los compromisos que derivan de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, que se explicitaron en el acto de constitución de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, celebrado el pasado 25 de septiembre.
Pérez explica que pese a conocerse la existencia de muchas personas desaparecidas en la Tenerife, a día de hoy no ha sido posible recuperar los restos de ninguna de ellas. Así, detalla que el estudio consistirá en la recopilación de informaciones orales y documentales para reconstruir los últimos momentos de aquellas personas que desaparecieron en la isla de Tenerife y así poder localizar las posibles fosas existentes en diferentes puntos de la Isla.
Para la ejecución del mismo, denominado ‘Estudio preliminar para la localización de fosas en la isla de Tenerife’, el consejero ha concedido una ayuda directa con carácter excepcional de interés público a la Asociación para la Recuperación de la Memoria histórica de la Isla de Tenerife, por importe de 15.900 euros. Explica que dicho proyecto se considera de interés público, pues supone una acción más en el fortalecimiento de los valores democráticos, de libertad y de justicia social para la sociedad española.
La investigación, que se realizará entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, se abordará desde una perspectiva multidisciplinar, que aúna tareas de archivística, arqueológicas y entrevistas a fuentes orales. El equipo de trabajo está conformado por dos historiadoras con un largo recorrido en trabajos arqueológicos.
En concreto, se priorizarán los trabajos de investigación sobre personas desaparecidas que podrían estar enterradas en una fosa común en el Cementerio de San Juan y en el entorno de Los Rodeos, así como la investigación de un testimonio oral que señala una casa de la Calle del Agua, en La Laguna, como lugar de descanso final de cuatro personas desaparecidas.
Actuaciones
Entre otras actuaciones, se profundizará en el contexto histórico que envuelve a los ya conocidos como ‘11 del cementerio de San Juan’, ya que existen testimonios de familiares que indican otras localizaciones dentro del mismo Campo Santo localizado en el municipio de La Laguna; indagar sobre la posible existencia de fosas en el entorno de Los Rodeos, e investigar sobre una sepultura descubierta años atrás en el interior de una antigua cárcel en La Laguna.
En la medida de lo posible se estudiarán otros contextos donde también pudieran existir fosas de personas represaliadas, como la Cueva en el Tablero registrada en el Informe realizado en el 2012, la Cueva de Bocacangrejo que, tal y como refiere una vez más en el Informe resuelto en el 2012, los restos humanos que se encontraron en los años 60 podrían ser de personas desaparecidas; el Pozo de los Alemanes, en Arona; el Pozo en Fuente Cañizares, en La Laguna, y en Valle Jiménez y San Andrés.
Otro de los objetivos que se pretende para este proyecto, al menos de forma preliminar, es la localización de las fosas en el interior del Cementerio de Santa Lastenia de las personas fusiladas bajo consejo de guerra en el Barranco de El Hierro.
Comisión Técnica de Memoria histórica
El pasado 25 de septiembre de 2020 se constituyó la constitución de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, órgano consultivo, técnico y asesor en la materia que cuenta con la participación de las administraciones públicas, las universidades y las asociaciones para la defensa y recuperación de la memoria histórica, y la misma se presentó un borrador del protocolo de exhumaciones, identificación y conservación de restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista, que presentó la Consejería.
Dicho borrador se orienta en la misma línea que han seguido otras comunidades autónomas al incorporar un esquema técnico similar al fijado en el protocolo estatal de 2011, pero también las previsiones específicas que se contienen en ley canaria, con el objetivo de garantizar tanto el cumplimiento de la normativa autonómica como el establecimiento de un procedimiento compatible y validado por el Estado que facilite ulteriores planes coordinados de actuación.