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Santa Cruz obtiene 6,6 millones al año por el caso Las Teresitas

La Audiencia Provincial da su visto bueno al acuerdo conseguido por el equipo de Gobierno de la exalcaldesa Patricia Hernández para el cobro íntegro de la responsabilidad civil
La exalcaldesa Patricia Hernández, el pasado mes de junio, durante el anuncio del acuerdo alcanzado. DA
La exalcaldesa Patricia Hernández, el pasado mes de junio, durante el anuncio del acuerdo alcanzado. DA
La exalcaldesa Patricia Hernández, el pasado mes de junio, durante el anuncio del acuerdo alcanzado. DA

Las arcas del Ayuntamiento de Santa Cruz, como las de otras muchas administraciones, están sufriendo los estragos de la crisis sanitaria, que se ha convertido también en económica. Sin embargo, a diferencia del resto, Santa Cruz contará desde ya con un ingreso de 300.000 euros mensuales, procedentes del alquiler del edificio en el que se ubica la Consejería de Educación, lo que supone 3,6 millones al año. A esto debe sumar tres más, también anuales, en concepto de pago aplazado, más los beneficios de la posible venta o alquiler de un inmueble valorado en más de 30 millones. Ese es el resultado del acuerdo conseguido por el Ayuntamiento de Santa Cruz, con la exalcaldesa Patricia Hernández al frente, para cobrar los 95 millones de euros derivados de la responsabilidad civil del conocido caso Las Teresitas, y sobre el que, ayer, se conoció el visto bueno de la Audiencia Provincial.

La exalcaldesa socialista valoraba ayer este hito, que, destacó, “es la primera vez en España que se ejecuta una sentencia de estas características en su totalidad”. “Para mí es lo más satisfactorio que he hecho como alcaldesa de Santa Cruz, y no es otra cosa que las responsabilidades que se derivan de un proceso penal sean abonadas, lo que va a suponer unos ingresos desde ya para Santa Cruz que vienen como agua de mayo”. Apuntó que “el pago de una responsabilidad civil tan elevada es un ejemplo único en España, pero también lo es que no se hizo nada antes para hacer las averiguaciones que nos llevaron a lograr este acuerdo”. La concejala socialista recordó que aún queda trabajo por hacer y confía en que el actual grupo de Gobierno sea igual de eficaz en el cobro de los intereses, unos tres millones, como lo fue su equipo para obtener los 95.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, por su parte, a través de un comunicado, celebraba la homologación del acuerdo suscrito por Carlacand, S.L., Promotora Punta Larga S.A., Inversiones Parque S.A., Anagotel S.L. y la entidad administradora concursal de Antonio Plasencia con el Consistorio capitalino. La homologación de dicho acuerdo permitirá a la Corporación hacerse con la titularidad de dos edificios propiedad de dichas empresas (la sede de Educación y el inmueble de oficinas que se levanta en Cabo Llanos) como parte del pago derivado de la responsabilidad civil de la citada condena. Además, dicho acuerdo permitirá a la ciudad recibir otros 32 millones de euros en los próximos 14 años como parte de dicho pago, a razón de esos tres millones al año.

El alcalde José Manuel Bermúdez mostró su satisfacción por ese nuevo paso en la resolución del procedimiento y dio las instrucciones oportunas para que, en virtud de esta resolución, se formalicen los trámites administrativos y civiles que de ella se deriven, con el objetivo de “recuperar el dinero cuanto antes que se le debe a la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife”.

Por su parte, el concejal de Presidencia, Alfonso Cabello, apuntó que, ayer mismo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento se pusieron en contacto con la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias para continuar perfilando los detalles del acuerdo en lo que hace referencia al edificio ubicado en la avenida de Tres de Mayo, con el objetivo de materializar de manera efectiva y cuanto antes dicho acuerdo homologado.

El acuerdo alcanzado incluye como avales (asegurando así que pago se realizará) otras tres propiedades: el parking del Centro Comercial Bulevar, el Hotel Urban Anaga y unos terrenos en La Gallega. Este aval se ejecutaría solo si se incumpliera el abono de los plazos estipulados. El acuerdo fue alcanzado por el anterior equipo de Gobierno antes de que se presentara la moción de censura.

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