El Gobierno de Canarias publicará a partir del próximo mes un conjunto de medidas de apoyo y de ayuda económica a empresas y autónomos “especialmente afectados” por la pandemia de la covid-19.
En rueda de prensa tras la última reunión del Consejo de 2020, el portavoz, Julio Pérez, explicó ayer que el Ejecutivo tratará de detectar a los sectores y grupos más afectados para llegar a ellos con la “mayor prontitud” y con facilidad: “Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias una modificación del IGIC equivalente a la del IVA, y que significa una reducción de unos 5 millones de euros de los impuestos que tienen que pagar los autónomos o pequeños empresarios que cotizan a Hacienda por el sistema de módulos”.
A esta reducción del IGIC se unirá este paquete de medidas económicas que el cuatripartito quiere presentar a partir de enero sin “improvisaciones” y sin caer en un reparto “indiscriminado” de los fondos.
Pérez valora “evidentemente” la asignación a Canarias de una parte de los fondos europeos para la recuperación económica, que asciende a 630 millones de euros, que se incorporarán a los presupuestos autonómicos y que permitirán una mejora en la economía. Y celebró que el Gobierno central haya accedido a estimar las solicitudes de prórroga y de adaptación a la nueva situación económica de los mecanismos del Régimen Económico y Fiscal (REF) canario, y que tiene que ver con el plazo de materialización de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC): “Los servicios de Hacienda y de Economía han elaborado una estimación de la posible afección económica que esto puede significar, y sitúan por encima de los 500 millones de euros los que hubieran tenido que invertirse de una manera atropellada si esta prórroga no se acordaba”.
Además, el Ejecutivo ha aprobado mediante una modificación presupuestaria una financiación extra de 1,49 millones de euros para las dos universidades públicas, en apoyo a inversiones por la covid-19 y para la compensación de precios, y de 2 millones de euros para centros de Formación Profesional.
El Consejo decidió, asimismo, un cambio en los estatutos de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) para agilizar la construcción, rehabilitación y compra de viviendas previstas en el nuevo Plan de Vivienda. Esta modificación permitirá convertirse en lo que se denomina “medio propio personificado” del Gobierno; es decir, una entidad a la que poder encargar de forma más ágil y dinámica la ejecución de las políticas públicas de vivienda.
En consecuencia, Visocan podrá impulsar con más celeridad los concursos públicos para licitar la compra, construcción o rehabilitación de las viviendas de protección social que recoge el Plan de Vivienda. Estará obligada a la realización de cualquier tarea, prestación o servicio relacionadas con su objeto social, que le encargue la Administración autonómica.
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