La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja), Ángela Delgado, compareció esta semana ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados para defender la postura del sector platanero, que solicita la excepcionalidad en el anteproyecto de Ley de Cadena Alimentaria, en concreto, en los artículos relativos al establecimiento de un precio mínimo de venta acorde a los costes de producción, así como a la prohibición de vender a pérdidas. En su intervención, Delgado dio a conocer un informe, elaborado por el sector platanero, para argumentar los motivos de su solicitud y alertar de las graves consecuencias que supondría para dicho cultivo la aplicación de estas medidas.
Según los datos de volumen y precio de plátano comercializado por categoría de 2016 a 2019, si se aplicara la Ley de la Cadena Alimentaria en los términos actuales, se dejaría de vender más de un 30% de la producción, 60 millones de kilos al año, y se perderían 259 millones de euros en cuatro años, más de 100 millones de euros los años de mayor producción.
Este impacto negativo se traduciría en un empeoramiento de los ingresos de los productores, pérdida de competitividad con respecto a las importaciones de banana de terceros países y riesgo de incrementar la retirada del producto en momentos de crisis de mercado. Consecuencias que ponen en peligro la supervivencia de la actividad y todo lo que ello conlleva desde el punto de vista económico y social para el Archipiélago, además de ser una de las producciones más representativas de España. La presidenta de la patronal explicó, además, que existen argumentos de peso que soportan esta petición como la singularidad del plátano de Canarias recogida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE o el hecho de que los productores de esta fruta son los únicos de España que concentran la totalidad de la oferta nacional de un mismo cultivo en una marca, entre otras.
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