economía

Canarias moviliza 400,8 millones para ayudar a los sectores más castigados

El paquete de incentivos para aliviar los efectos de la pandemia en la restauración, la hostelería, el comercio y las empresas deportivas incluye una aportación de 165 millones a fondo perdido y aplazamientos fiscales
Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez, ayer, en la sede grancanaria de la presidencia del Gobierno autonómico. DA
Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez, ayer, en la sede grancanaria de la presidencia del Gobierno autonómico. DA
Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez, ayer, en la sede grancanaria de la presidencia del Gobierno autonómico. DA

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente, Román Rodríguez, presentaron ayer en Las Palmas de Gran Canaria el plan autonómico de medidas extraordinarias de ayuda a los subsectores de la restauración, la hostelería, el comercio y a empresas deportivas más afectadas por las consecuencias de la pandemia de la Covid-19 y las restricciones sanitarias aplicadas.

El programa está dotado con 400,8 millones de euros, que se suman a los 95,3 millones de aportaciones directas distribuidas desde marzo de 2020 por el Ejecutivo regional al transporte aéreo, marítimo, al sector agrícola, a los autónomos, a la cultura y a otros ámbitos productivos.

Torres y Rodríguez pusieron de relieve en una comparecencia de prensa que se trata de la cifra más elevada de todos los planes extraordinarios de las comunidades autónomas para los subsectores más afectados; sobre todo, atendiendo a la media nacional analizada y la capacidad económica de Canarias.

De esos 400,8 millones, 165 corresponden a ayudas directas a fondo perdido, en función de las afecciones de la pandemia a los diversos negocios. Para ello, se abrirá el correspondiente procedimiento y convocatoria de solicitud, con la meta de la “máxima agilización, objetividad y efectividad, pero en cumplimiento de la normativa vigente”.

El cuatripartito se muestra convencido de que este paquete de ayudas directas estará en marcha durante este primer trimestre. Los otros 235,8 millones son del aplazamiento del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) del primer trimestre de 2021 (un total de 195 millones) y de deudas fiscales durante seis meses, lo que se prevé aprobar en el Consejo de Gobierno del próximo jueves.

El cobro del IGIC correspondiente a abril se retrasa hasta septiembre y, para compensarlo, el Ejecutivo recurrirá a una póliza de crédito, aunque sin dejar de aportar lo que le corresponde en ese periodo a los cabildos y ayuntamientos para que no entren en mora.
Torres destacó el significado de este programa de medidas y las ya tramitadas por Canarias durante 2020: “Complementarán las incluidas en el decreto del último Consejo de Ministros de 2020 y paliarán los efectos de las restricciones en todas las Islas, con independencia del nivel de alerta que hayan ido teniendo en cada fase. Esta es la propuesta económica más importante que se ha hecho por parte de una comunidad, que también es la más afectada en el turismo, la restauración y el comercio”.

Se pretende que los 165 millones de ayudas directas provengan de los fondos europeos de recuperación React-UE. A tal fin, explicó Rodríguez, se ha propuesto al Gobierno central que, a su vez, plantee ante la Comisión Europea una reprogramación del destino de parte de esos recursos comunitarios. El texto definitivo se presentará antes del 31 de este mes. De no aprobarse, se recurrirá a otro crédito extraordinario para afrontar esos 165 millones de euros.

Las ayudas provenientes de la Administración General del Estado, como la flexibilización de los periodos de carencia de los créditos ICO y la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 31 de mayo, han supuesto en Canarias 4.006 millones en créditos en 2020 y 1.500 en ERTE. No obstante, el Gobierno canario considera que debía complementarlo con un paquete extra que no afecta a los 8.500 millones del presupuesto regional de 2021 y que se puede ampliar con las aportaciones de cada consejería dentro de sus partidas para este nuevo ejercicio. Las cuentas de este año “priorizan los derechos básicos y añaden 646 millones para Sanidad y Educación, lo que ha permitido contratar a unos 7.000 profesionales”.

Se ha previsto que esas ayudas sean complementadas por los cabildos y los ayuntamientos, con la opción de que los consistorios gestionen la compensación (en el 100% u otros porcentajes a fijar) de cobros como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), para lo que habrá que negociar con esas corporaciones.

Torres apuntó que se beneficiarán “más de 20.000 empresas”, entre las que figuran “5.423 restaurantes, 1.300 cafeterías y 348 instalaciones deportivas”.

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