El Gobierno de Canarias adelantará a partir de la próxima semana el abono del 50% de las ayudas extraordinarias al pago del alquiler de una vivienda aprobadas en mayo ante la emergencia habitacional por la propagación de la COVID-19.
El consejero Sebastián Franquis explicó ayer en una rueda de prensa que las 14 comprobaciones que hay que hacer por cada uno de los 7.500 expedientes susceptibles de beneficiarse de estas subvenciones, de los 18.000 presentados a esta convocatoria, justifican que hasta ahora solo se hayan podido resolver favorablemente 280. Por este motivo, y dada la premura con la que se pretende responder a la situación socioeconómica deficitaria, el Ejecutivo regional ha decidido adelantar el abono de las ayudas correspondientes a seis meses de alquiler, que oscilan entre los 500 y los 900 euros, a 2.500 demandantes que a 31 de diciembre estaban desempleados o afectados por un ERTE. El otro 50% se pagará cuando se confirme que las circunstancias de los beneficiarios a finales de 2020 se correspondía con la exigida para poder percibirlas. Si esto no fuera así, se deberá devolver el dinero recibido.
En la presentación del decreto ley de medidas extraordinarias en materia de vivienda que se convalidará previsiblemente a finales de este mes en el Parlamento, para agilizar la ejecución del Plan de Vivienda 2020-2025, Sebastián Franquis detalló que este octavo programa autonómico proyecta la construcción de 5.974 casas en los próximos cinco años. Franquis reseñó que este octavo plan de vivienda, aprobado por unanimidad el 2 de diciembre, prevé la existencia de viviendas públicas de régimen especial, cuya construcción corresponderá al Instituto Canario de la Vivienda, y de régimen general, que podrán ejecutar la empresa pública Visocan o la iniciativa privada, que hará 500 destinadas al alquiler.
La cuantía máxima del alquiler mensual de las viviendas de régimen especial será de 228 euros, mientras que la de las de régimen general oscilará entre los 330 y los 441 euros, en función del nivel de ingresos de sus arrendatarios. El decreto ley establece que, como ya hacen los cabildos, los ayuntamientos intervengan en la gestión del plan de vivienda para agilizar la concesión de licencias en atención al trabajo de calificación previo realizado por el Instituto Canario de la Vivienda, una gobernanza con la que se aspira a agilizar su tramitación, de forma que se ejecute “a tiempo”.
