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Mena se querellará contra los ediles del PSOE que le denunciaron

El alcalde de Arona contraataca: llevará a los tribunales a los concejales por “denuncia falsa” y les acusa de intentar coaccionar al secretario para una censura

El alcalde de Arona, José Julián Mena, llevará a los tribunales a los concejales que firmaron una denuncia contra el secretario y contra él por un presunto delito de acusación y denuncia falsa. El regidor entiende que cinco ediles de su grupo llevan nueve meses siendo “desleales a Arona, participando de la desestabilización de la Corporación, intentando torcer el resultado de las urnas y poniendo palos en las ruedas cuando nos enfrentamos a la peor crisis económica y social que se recuerda”.

El regidor aronero asegura que los ediles socialistas firmantes de la denuncia “no acuden a sus puestos de trabajo” y les propone que renuncien a sus actas y “den paso a personas con ganas de trabajar por Arona”. “La denuncia traspasa todas las líneas rojas, supone acabar con el intento que he hecho durante estos meses de contar con ellos para mantener la gobernabilidad de la institución”, afirma, y considera que la acción de los ediles forma parte de una estrategia para “coaccionar y condicionar la independencia de los funcionarios municipales de cara a la adopción de decisiones clave en los próximos meses”.

Para Mena, la acción “carece de todo fundamento y está realizada con conocimiento de su falsedad y con temerario desprecio a la verdad”, por lo que anuncia que “tan pronto como sea procesalmente precedente” presentará una querella por un delito de acusación y denuncia falsa, recogido en el artículo 456 del Código Penal.

El pasado jueves, los concejales socialistas Dácil León, Sebastián Roque, Yurena García, Pura Martín y Elena Cabello, junto al edil no adscrito Luis García, expulsado del PSOE, denunciaron al secretario del Ayuntamiento, Pedro Hernández, y al propio alcalde por cometer una supuesta prevaricación administrativa al entender que en el último pleno municipal, celebrado el 26 de noviembre, se actuó injustamente tras retirar el punto del orden del día en el que se debía informar de la expulsión del alcalde de las filas socialistas, notificada nueve días antes, y su pase al grupo de no adscritos.

El secretario basó su decisión de elaborar un informe de última hora en la presentación por parte del alcalde de un recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE dentro del plazo concedido por el partido, lo que le llevó a considerar que la expulsión no podía interpretarse como un acto firme -y por tanto no podía darse cuenta al Pleno- hasta que se resolviera el recurso interpuesto.

La decisión provocó las críticas de los principales grupos de la oposición (CC y PP), al entender que la notificación del órgano de dirección de Ferraz tenía carácter ejecutivo. En cambio, el secretario sí dio cuenta del pase al grupo de no adscritos del exconcejal de Urbanismo tras no presentar recurso contra su expulsión del partido, según explicó.

Mena asegura que el informe del secretario declaró “la carencia de ejecutividad de la decisión de expulsión de la asociación privada, no advirtiéndose contradicción alguna con el informe emitido con anterioridad al recurso interno presentado por mí mismo como alcalde”. En cuanto a la retirada del punto del orden del día, el alcalde recuerda que el artículo 70 del Reglamento Orgánico Municipal le faculta para ello. “La petición de un concejal de hacer lo mismo, por el contrario, sí debe someterse a la votación del pleno”, señala.

Hay que recordar que las alegaciones del alcalde fueron finalmente rechazadas por la dirección nacional del PSOE el pasado 30 de diciembre, tal como adelantó este periódico, aunque fuentes municipales manifiestan que, si bien se le comunicó la decisión al alcalde, la notificación aún no ha entrado en el Ayuntamiento.

Así las cosas, en el próximo pleno, que previsiblemente se convocará para el día 28 (falta por conocer si será ordinario o extraordinario, como estudia pedir la oposición para asegurarse su celebración), los grupos municipales esperan ser informados de la expulsión definitiva del alcalde del PSOE y su declaración de concejal no adscrito, aunque Mena ya anunciado que pedirá medidas cautelares a la Justicia por entender que se han vulnerado su potestad y sus derechos fundamentales.

Sostiene el regidor que su partido no puede expulsarle por destituir a un concejal (origen de la crisis en el grupo de gobierno socialista) al ser una competencia que le atribuyen la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional, vinculante para todos los poderes públicos. “La ejecutividad de una decisión de expulsión quedará diferida”, subraya. De obtener esas medidas cautelares se desvanecería cualquier posibilidad de moción de censura, aseguran fuentes próximas a la Alcaldía, hasta que los tribunales resuelvan la cuestión de fondo: la expulsión del partido.

Para Mena, la denuncia de los ediles críticos a menos de dos semanas del pleno “busca condicionar la adopción de medidas para así facilitar una moción de censura en su contra, a pesar de todos los antecedentes legales existentes”.

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