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La Audiencia tinerfeña vuelve a frenar los casos de hipotecas con IRPH a la espera de Europa

Mientras en el resto del país se está aplicando una visión del Supremo perjudicial para el consumidor, en esta provincia se están paralizando los procesos
Sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. DA

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife es la primera de España que ha optado por paralizar las reclamaciones judiciales de los consumidores afectados por la utilización del llamado Índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) como referencia de los intereses de sus hipotecas, a la espera de que vuelva a pronunciarse sobre este asunto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Así se deduce de una serie de decisiones en tal sentido que ha adoptado la Audiencia tinerfeña, de la que alerta a este periódico el abogado especializado local Pedro Revilla, quien aplaude tal iniciativa.

Hay que tener en cuenta que, ahora mismo, solo los consumidores tinerfeños que han llevado este tipo de reclamaciones a los juzgados están a salvo de una interpretación restrictiva (y perjudicial para los afectados particulares) de la sentencia en la que el citado TJUE ya dictó sentencia en marzo de 2020, por la que los jueces españoles pueden anular una hipoteca ligada al IRPH si consideran que es abusiva.

En abril de 2020 varios juzgados españoles, en manos de quienes está declarar la nulidad del IRPH, ordenaron sustituir este índice de préstamos hipotecarios por el euríbor, más un diferencial, al ser la alternativa más beneficiosa para el consumidor, pero en octubre pasado el Tribunal Supremo de España avaló la aplicación del IRPH en las hipotecas señalando que su aplicación no resultaría abusiva, pese a incumplir los requisitos de transparencia.

“Existen serias dudas entre los juristas, en relación a si la interpretación efectuada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en relación a la ausencia de abusividad de la cláusula, una vez declarada su falta de transparencia, es acorde a la doctrina jurisprudencia del TJUE, así como en relación a si la interpretación que efectúa la Sala de los conceptos de ‘desequilibrio importante’ y ‘exigencias de la buena fe’, que se recogen en el art. 3.1 de la directiva, es acorde a aquélla, detalla el referido especialista local.

Revila continúa aclarando que, “de todo ello se infería la necesidad de que los órganos jurisdiccionales españoles suspendieran los procedimientos hasta que el TJUE resuelva las aclaraciones planteadas en la cuestión prejudicial C-125/18, por el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona, mediante Auto de 2 de diciembre de 2020”, tribunal que ha impulsado en ambas ocasiones la cuestión de prejudicionalidad ante Europa.

De la relevancia del asunto da cuenta el hecho de que unas 5.000 familias canarias se juegan una media de 20.000 euros en estas reclamaciones.

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