Las empresas, sin liquidez por los impagos públicos y privados

La crisis sanitaria de la COVID-19 está teniendo un elevado impacto en la economía española y canaria, que registró una caída del PIB del 11% en 2020, uno de los mayores retrocesos de los países desarrollados. Más allá de la enorme magnitud de esta cifra, lo peor es la naturaleza asimétrica de su impacto por sectores y por regiones. En ambos casos, Canarias tiene que perder, especialmente por su enorme dependencia del sector turístico.

Donde más ha hecho mella esta traumática pandemia es en pymes y autónomos. No en vano, solo en Canarias se han destruido más de 9.000 negocios desde el inicio del estado de alarma hace casi un año, una cantidad que se está acercado, a pasos agigantados, a las 12.000 empresas que echaron el cierre en el Archipiélago durante toda la crisis económica y financiera de 2008. A los problemas de las restricciones sanitarias y la falta de ayudas para afrontar los gastos por la merma de ingresos, las empresas se tienen que enfrentar, además, a los retrasos de los pagos tanto por parte de la Administración pública como del sector privado, lo que coloca a las empresas en una situación sin precedentes de falta de liquidez.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PmcM) emitió justamente ayer un estudio sobre los plazos de pago en España en 2020 y la conclusión es demoledora: el 16% de los empresarios encuestados ya ve claramente que los plazos en los que están cobrando no van a permitir la viabilidad de sus negocios y el 48% cree que esta situación empeorará aún más durante este año.

Según el informe, el plazo medio de pago a proveedores aumentó tanto en el sector público (en 7 días, un 10%, pasando de 70 a 77 días), como en el sector privado (un incremento del 5%, sumando 4 días, situándose en 77 días frente a los 73 de 2019). De este modo, los plazos medios de pago distan aún más de los establecidos por la ley 15/2010 (30 días para las AA.PP. y 60 para las empresas).

Este empeoramiento está haciéndonos retroceder a los niveles registrados en 2015 (por parte de las AA.PP.) y en 2016 (en el sector privado). “Tenemos que revertir de nuevo la tendencia implantando un régimen sancionador, más si cabe en el contexto de la era post-COVID en el que nos encontramos inmersos”, alerta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, quien advierte, además, del “riesgo de la ruptura de las cadenas de liquidez. Medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos”.

Cuando los empresarios son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 70% declara que sería pedir financiación, y un 23% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago. En este sentido, el 8% de las empresas participantes en el estudio han manifestado que la crisis de la COVID ya les ha llevado a ampliar sus plazos de pago.

“Si no salimos de este bucle de forma inminente, puede llevarnos a una situación sin precedentes y con graves consecuencias para el tejido empresarial”, aclara. De hecho, esta situación podría salpicar al sector financiero, que vería aumentar de forma abrupta su morosidad. Y es que la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación) se cifró en el 5,4%, lo que significó un “aumento peligroso” de un 74% respecto a 2019.

El informe revela que si los empresarios cobraran todas sus facturas a tiempo, el 11% reduciría su necesidad de financiación en más de un 40%, y el 24% la rebajaría entre el 20% y el 40%.