política

Se busca forma de tener más voz en la política migratoria

“Hay que afrontar la crisis migratoria como un Gobierno adulto, no como un Gobierno subalterno”, afirmaba hace unos días en el Parlamento autonómico el presidente del Partido Nacionalista Canario Juan Manuel García Ramos después de mencionar que quizá el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía, aprobado en 2018, pudiera ser un instrumento para aumentar nuestra […]

El presidente Torres junto a la presidenta del Senado, Pilar Llop, la semana pasada/Europa Press
El presidente Torres junto a la presidenta del Senado, Pilar Llop, la semana pasada/Europa Press

“Hay que afrontar la crisis migratoria como un Gobierno adulto, no como un Gobierno subalterno”, afirmaba hace unos días en el Parlamento autonómico el presidente del Partido Nacionalista Canario Juan Manuel García Ramos después de mencionar que quizá el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía, aprobado en 2018, pudiera ser un instrumento para aumentar nuestra influencia en la política migratoria del Estado. Una idea sobre la que también nos hemos preguntado, con prudencia, desde las páginas de este periódico.

Según dice el punto tres del artículo 144 del Estatuto, la comunidad “participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Canarias, dada su situación geográfica, a través de los órganos de coordinación previstos en la legislación sectorial”. Sin embargo, larealidad es que, en los últimos tiempos, el Gobierno central ha diseñado su política migratoria en las islas dando muy poco protagonismo a las autoridades de la comunidad, que han explicitado su disgusto con los planes estatales para convertir al archipiélago en un tapón migratorio con unas 7.000 plazas en centros de acogida estatales de los que solo salgan rumbo a la Península quienes tengan derecho a pedir protección internacional. Una estrategia fraguada en la meseta castellana ¿Cambiará algo el desarrollo del nuevo estatuto en la capacidad de decisión de Canarias?

“Lo que dice el estatuto es una cuñita”. Así define este punto del artículo 144 Fernando Ríos, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y exdiputado de Coalición Canaria en el Congreso, ahora fuera del partido. “Pero las políticas migratorias son competencias exclusivas del Estado, como dice el artículo 149 de la Constitución. Y la tendencia del Tribunal Constitucional es la de interpretar los estatutos en un sentido muy pegado siempre al contenido literal de la Constitución, que va a misa”. Así que poco margen para plantarnos en el Constitucional pidiendo amparo porque se violentan nuestros derechos estatutarios.

Otra cosa distinta, afirma Ríos, es que hubiera un interés político por sustanciar lo que dice el Estatuto y ensanchar la participación de Canarias en el ámbito de la política migratoria. “Pero no hay voluntad del Estado”, explica Ríos. “Incluso creo que a la Comunidad autónoma le da mucho miedo. Lo único que quiere es derivar, derivar y derivar. Ni siquiera pueden con los menores no acompañados, cuyo aumento ha sido exponencial [de 540 en enero de 2019 a más de 2.700 actualmente] y suponen un gasto enorme de recursos. Todo este tema siempre se ha resuelto con transferencias puntuales del Estado. Pero no ha habido una política migratoria en Canarias”.

Para Rosario García Mahamut, catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat Jaume I, en Castellón, hay mecanismos para garantizar esa participación de Canarias en la política migratoria, aunque sean competencias exclusivas del Estado. Uno es instar al Ministerio a la convocatoria de la conferencia sectorial de inmigración, “que es un ámbito donde se determinan y coordinan las políticas ejecutivas” y que reúne a todas las comunidades autónomas. Un elemento clave para la distribución de la carga migratoria. “Del mismo modo que hablamos de repartir a las personas que llegan entre los distintos países europeos, también hay que hacerlo entre las comunidades”.

García Mahamut, que fue directora General de Política Interior durante el primer Gobierno de Zapatero y se topó con la crisis de los cayucos, cree que también es posible establecer un mecanismo de cooperación bilateral entre el Estado y Canarias para el tema migratorio. “Al fin y al cabo, Canarias no es Baleares, que está al lado de la Península. Hay que atender a nuestra ultraperificidad, somos islas frente al continente africano”, asegura. “Y es muy importante ser transparentes: Canarias tiene que tener todos los datos sobre derivaciones, repatriaciones o salidas del archipiélago. El Gobierno central no puede dejar de compartir esa información”, explica. “Otro mecanismo de participación es el Senado, donde las comunidades pueden elevar preguntar o pedir comparecencias”.

De hecho, el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres estuvo hace unos días en la Ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación Periférica de las Ciudades de Ceuta y Melilla, donde habló sobre la situación de la migración en Canarias y pidió un pacto un Pacto de Estado sobre inmigración y la “corresponsabilidad” de las comunidades autónomas. El 1 de marzo hablará sobre el tema en la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, presidida por el europarlamentario canario Juan Fernando López Aguilar.

En el fondo del debate están los mecanismos de cooperación entre administraciones dentro del Estado de las autonomías. “Para mí, ni siquiera el Senado es cooperativo, que es donde deberían coordinarse este tipo de políticas”, afirma Ríos. “Para avanzar hacia un modelo cooperativo, la mentalidad del Estado y de las comunidades debe cambiar. El Estado legisla y ejecuta a espaldas de las comunidades. Y eso, en parte, ha hecho que comunidades como Cataluña o el País Vasco hayan decidido seguir su propio camino. A nadie le ha interesado transicionar hacia un modelo federal. Ni siquiera al PSOE, que lo dice con la boca chica pero nunca ha estado dispuesto a plantar batalla en ese sentido. Y yo creo que el modelo está agotado. La vía federal nos podría ayudar a conseguir ampliaciones competenciales”, explica Ríos.
Hay un camino que dan las normas jurídicas, pero luego está el ejercicio cotidiano de la política. Y llama la atención que Canarias, frontera sur, no tenga un espacio institucional potente dedicado a las cuestiones migratorias, un ‘cerebro’ planteando una estrategia con la que dirigirnos al Estado, más allá de implorar, pedir, exigir o reivindicar derivaciones. Lo hemos dicho un par de veces en este periódico: hay una dirección general de Derechos Sociales e Inmigración, pero su responsable ni siquiera tiene foto en la página web del Gobierno y la consejera del ramo, Noemí Santana, no es la que responde sobre estas cuestiones en el Parlamento, sino el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, cuyas competencias en este tema están, sobre todo, en materia de emergencias y seguridad.

“Es importante tener a alguien pendiente de estos temas de manera permanente, en contacto con el Gobierno central. Andalucía, por ejemplo, tiene una Dirección General muy potente en temas migratorios. Y luego está la relación con los países africanos, hay aviones que vuelan de manera permanente al continente, hay que fortalecer esos lazos”, explica García Mahamut. “Sí es cierto que las competencias se pueden ir ensanchando si tienes medios propios, como ha hecho el País Vasco en el tema migratorio, que incluso se ofrece a acoger a menores no acompañados. Se van creando estructuras, sinergias público-privadas”, explica Ríos. “Además, yo creo que Canarias podría jugar un papel interesante como territorio frontera con África. En energías, educación, sanidad, etc., como plataforma tricontinental. Adán Martín y Paulino Rivero ya hablaban de eso, pero nunca se ha hecho de verdad”.