Operaban desde Barcelona y Castellón, pero se centraron en Tenerife y Gran Canaria para cometer sus delitos, Así lo consideran probado los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que, de forma conjunta, han desarticulado lo que describen como “un grupo de expertos estafadores” que simulaban ser operarios de compañías eléctricas para engañar a comerciantes, principalmente de zonas turísticas, deteniendo a 58 personas e investigando a otras 12 como presuntos responsables de 167 estafas en España, lo que les habrían reportado más de 220.000 euros de beneficio.
La investigación se inició tras detectar una serie de denuncias que tenían el mismo denominador común en todo el territorio nacional, aunque principalmente en zonas turísticas de las islas de Tenerife y Gran Canaria. En este sentido, descubrieron que el grupo criminal se encontraba asentado en las provincias de Barcelona y Castellón, y estaba dedicado presuntamente a la comisión de estafas mediante el engaño a los dueños o responsables de comercios y negocios, principalmente hostelería.
Para ello, los detenidos tenían información privilegiada que obtenían por los cabecillas de trama, toda vez que habían trabajado como comerciales o subagentes de empresas comercializadoras de empresas luz y/o gas, o bien por estar en posesión de suficientes conocimientos técnicos sobre el sector.
De este modo, tras efectuar llamadas a los comercios y facilitar datos verídicos y creíbles sobre los contratos con las diferentes compañías suministradoras de energía, les convencían de la existencia de pagos sin ejecutar, con la consiguiente deuda con las compañías suministradoras contratadas.
Así, bajo la amenaza de que procederían al corte inminente del suministro si no abonaban la deuda, infundían el temor a sus víctimas, y ante un posible corte de luz que conllevaría la pérdida de material comestible y cancelaciones de clientes que van a hacer uso de sus servicios, decidían a hacer efectivos esos pagos mediante transferencias bancarias a cuentas que les facilitan los estafadores.
Posteriormente, una vez realizado el ingreso, los estafadores retiraban el dinero en cajeros, o bien transferían los fondos a terceras cuentas de otros componentes del la organización, conocidos como mulas, y así lograban evitar que el dinero no fuera bloqueado o reembolsado al pagador.
Además, para dilatar la reacción de las víctimas se efectuaban las llamadas en fin de semana, cuando los comercios están en periodo de máxima afluencia, de tal forma que conseguían retrasar que las víctimas efectuasen gestiones para verificar si dicha deuda era verídica.
La operación ha permitido determinar que unas 167 personas han sido víctimas de las estafas del grupo investigado, ascendiendo el valor total de lo defraudado a más de 220.000 euros, si bien el número de afectados podría ser mucho mayor al no haber concluido la investigación.
Durante el periodo afectado por la pandemia del coronavirus, el grupo modificó el destino de las llamadas con motivo del efecto de las restricciones para la apertura de los comercios, pudiendo detectar numerosas llamadas a negocios de primera necesidad, tales como panaderías y similares.
Por último, se ha indicado que el desarrollo de la investigación fue obstaculizado por la dispersión de las víctimas a lo largo del territorio nacional, lo que dificultaba la recopilación de datos y denuncias, ya que abarcaban zonas con diferente competencia de investigación policial.
Esto motivó que se creara un Equipo Conjunto de Investigación integrado por los Grupos de Policía Judicial de Policía Nacional y de Guardia Civil de Barcelona y competentes en investigación tecnológica para aunar esfuerzos, permitiendo con ello la desmantelación de este grupo criminal.
Los detenidos e investigados, entre cabecillas y colaboradores, son todos vecinos de las provincias de Barcelona y Castellón, y se les ha arrestado por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales.
