Tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS la semana pasada, el llamado caso Arbistar, una presunta estafa que, a la cotización actual del bitcoin, es cifrado por los especialistas en unos 1.000 millones de euros, será investigado por la Audiencia Nacional.
Así lo decidió, tras la preceptiva consulta a las partes, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona el pasado viernes, dejando en manos del referido tribunal estatal especializado un asunto que concita la atención internacional y que encuentra su origen en el sur de Tenerife, concretamente en la empresa que dirigía Santiago Fuentes, quien siempre ha defendido su inocencia y que ha pedido calma a sus clientes en el afán de devolver las cantidades adeudadas.
Sin embargo, en bufetes especializados como el tinerfeño Sirvent&Granados, cuyo novedoso Departamento de Nuevas Tecnologías representa ya a una treintena larga de afectados (tanto isleños como nacionales y foráneos), destacan la relevancia del caso, que se confirma con las novedades ahora citadas.
Respecto a los motivos por los que es competente la Audiencia Nacional, hay que recordar que la legislación vigente recoge en el apartado C del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tasa las competencias de la Audiencia Nacional las “defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia”.
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