Los empleados públicos reclaman un plan de choque contra la temporalidad

Efe / DA

Los empleados públicos temporales de la Comunidad Autónoma de Canarias realizaron ayer su quinta jornada de huelga, en la que reclamaron al Ejecutivo regional un plan de choque o una norma excepcional que elimine su situación de precariedad y proceda a su fijeza laboral.

El paro convocado por los empleados públicos en situación de abuso de temporalidad coincidió con el aniversario de la publicación, el 19 de marzo de 2020, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que abría la puerta a la fijeza, declaró a EFE Julia Jiménez, del comité de huelga en Las Palmas de Gran Canaria. La sentencia también estipula la posibilidad de imponer sanciones a las administraciones que hayan propiciado este abuso de la temporalidad laboral y, lo más grave, añadió, es que el 22 de febrero se puso en marcha en España un plan de choque contra el abuso en la temporalidad del empleo en el sector privado y, sin embargo, no se hace lo mismo en el sector público, que numéricamente es superior.

“Nosotros queremos un plan de choque o una norma excepcional que elimine nuestra temporalidad y precariedad sufrida durante décadas”, afirman los empleados públicos, para quienes la herramienta de lucha contra el fraude para hacer fijos a trabajadores que son temporales ilegalmente es hacer un listado en cada consejería de los trabajadores que están en abuso de temporalidad para, a continuación, regularizarlos. Jiménez recordó que la Comisión Europea ha advertido de que la solución no pasa por convocar un proceso de oposiciones, del que podrían salir perjudicados, y apostilló que el comité de huelga está a la espera de una nueva reunión con el consejero Julio Pérez, porque las negociaciones han sido “infructuosas” hasta ahora.

Carta a Iceta

En un escrito remitido al ministro Miguel Iceta, Sepca e Intersindical Canaria reclaman “valentía y voluntad política para solucionar un conflicto que ha sido creado por la propia Administración”. El motivo de la carta es solicitar una reunión telemática con el ministro para trasladarle de primera mano la realidad canaria. A su entender, “el plan para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, al referirse a plazas y no a personas, perjudica al conjunto de trabajadores y trabajadoras que han dedicado su vida laboral a sostener los servicios públicos en las peores circunstancias y que, ahora, se verían abocados al paro más estructural al no poder competir de ninguna manera en una oferta de empleo público abierta e injusta que no sanciona al empleador por el abuso de temporalidad, sino que penaliza al trabajador abusado”.