
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido este martes que el Ingreso Mínimo Vital del Estado “debió llegar bastante antes” si bien valora su ejecución y espera que pueda alcanzar a más familias.
En el debate de la sesión de control del Parlamento, se ha mostrado sorprendido de que el PP se haya convertido en el “adalid” del ingreso mínimo cuando en la última crisis económica, con más paro que ahora, “no apostaron” por una ayuda de estas características.
“No sacamos pecho pero antes no recibían nada y ahora son 8.990 familias y se complementa con la PCI”, ha comentado, rechazando que los populares hayan votado a favor de su tramitación y ahora “hagan crítica”.
Torres ha comentado también que su Gobierno alcanzó una ejecución presupuestaria de más del 96% el año pasado, la más alta de la historia, a la que se le sumaron más de 800 millones extrapresupuestarios y e plena pandemia.
Solo en Derechos Sociales, ha señalado, se ejecutaron más de 530 millones, y aunque “hay cosas no ejecutadas”, por ejemplo en infraestructuras sociosanitarias, ha hecho un “reconocimiento” a la labor de la Consejería con ayudas nuevas como el Ingreso Canario de Emergencia o el complemento a las pensiones no contributivas.
Australia Navarro, portavoz del Grupo Popular, ha culpado al Ejecutivo de la “indecencia” de bajar en 34 millones las ayudas a la exclusión social en el presupuesto de este año porque confiaban en “el maná” del ingreso mínimo en las islas y se han denegado el 84% de las solicitudes.
“No llega a 9.000 de las 90.000 personas que lo han pedido, el ingreso mínimo es un gran fiasco, como el plan de rescate turístico o las ayudas directas”, ha indicado, por lo que ha pedido al presidente “menos propaganda y más gestión”.
Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha valorado la alta ejecución presupuestaria del Gobierno en 2020 y que haya “cambiado la política” para enfrentar la crisis, con suspensión de las reglas fiscales y deudas mancomunadas, al tiempo que ha valorado la gestión de la Consejería de Derechos Sociales, con casi el doble de perceptores de la PCI, puesta en marcha del ingreso canario de emergencia o mejoras en la discapacidad.