La situación de emergencia social que se vive en Santa Cruz obliga al Ayuntamiento a multiplicar los esfuerzos por llegar a todas las personas que lo necesitan. Prueba de ello es que, en los tres primeros meses del año en curso, el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) ya ha gestionada un total de 20.357 Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS), lo que supone un gasto de 2.585.858 euros. Teniendo en cuenta que el presupuesto total para este apartado de ayudas es de 6.503.245 euros, a estas alturas del año, ya se ha comprometido casi el 40% de este presupuesto, dinero que, en cualquier caso, como apunta la concejala de Acción Social, Rosario González, se podrá aumentar si fuera necesario. En cuanto al detalle de las prestaciones gestionadas, los datos aportados por el IMAS en respuesta a una pregunta formulada por la concejala de Unidas Podemos, Yaiza Gorrín, muestran como el mayor número de ayudas solicitadas tiene que ver con los alimentos. En concreto, son 18.420 las PEAS por este concepto, con un importe que supera los 1,4 millones. La segunda ayuda más solicitada es la de alquiler, con 540 peticiones, y un importe de 115.790 euros.
Las ayudas para el pago del recibo del agua (422) suponen un importe de poco más de 31.000 euros. A estas se unen las de prótesis (363 y 115.000 euros), suministros del hogar (255 y 40.000 euros) y las de subsistencia que fueron 36 por valor de 5.413 euros. Otras ayudas como las de bonos o alojamientos en pensiones , supusieron en el primer trimestre un coste de 31.000 euros diversificadas entre 41 ayudas de este tipo.
La suma de PEAS gestionadas en este primer trimestre de 20.077 y el coste es de 2.402.204 euros. A estas ayudas hay que sumar las de electrodomésticos, mobiliario y obras, que suman 246, y que suponen un coste de 133.016 euros, mientras que las ayudas por discapacidad ascienden a un total de 34 y suman algo más de 50.000 euros.
Desahucios
Con un panorama como este no es de extrañar que, ayer, en la Comisión de Control, la concejala de Acción Social de Santa Cruz, Rosario González, monopolizara buena parte de las comparecencias, al ser solicitada para ello en tres de las seis que tuvieron lugar. La primera de sus intervenciones fue pedida por la concejal de Cs, Matilde Zambudio, para que explicara las acciones realizadas por el Ayuntamiento para frenar el incremento de los desahucios en la capital, que, según apuntó la edil de Cs, “en lo que va de año suman ya 75 casos”, situación que, advirtió, “podría verse empeorada cuando tras el estado de alarma”.
González detalló que, además de las ayudas de alquiler, se cuenta con dos pisos de emergencias y otros tres de Provivienda, y que en breve, “se añadirán nuevas viviendas, hasta llegar a las 40 de alquiler”. A esto se suman las plazas en hoteles y pensiones y la coordinación con fondos bancarios para negociar alquileres sociales o el asesoramiento jurídico en el programa antidesahucios. González afirmó que “no es verdad que los desahucios están parados como proclama Pedro Sánchez, ya que se siguen dando, y prueba de ello son los 5 a la semana que se dan en Santa Cruz”. La edil también afirmó que ninguna familia con las que se ha trabajado se ha quedado en la calle.
Desde el PSOE, Patricia Hernández, afeó a la concejala que pusiera en duda el decreto del Gobierno central que paraliza los desahucios, señalando que “para que se paren usted tiene que hacer el informe social. Podría entender que diga que las familias no están yendo al IMAS, por lo que sea, pero no que me diga que el decreto no paraliza los desahucios”. Insistió Hernández en que las condiciones iniciales de esta norma, tal y como apuntó González para explicar por qué no se pueden parar todos los lanzamientos, y que se referían a que solo se podían acoger a ella la personas que demostraran estar afectadas por consecuencias de la COVID, se modificó en diciembre, y no ayer mismo, como defendía la edil de Acción Social.
Incremento de dos millones de euros procedentes del Gobierno canario
La concejala de Acción Social, a petición del PSOE, confirmó que este año el Gobierno de Canarias ha incrementado en más de dos millones de euros el dinero que recibirá la capital a través del Plan Concertado de Servicios Sociales. Un dinero que, confirmó la concejala, se destinará a sustentar el equipo de riesgo puesto en marcha en Añaza y el resto, “seguramente lo tendremos que destinar a cubrir el previsiblemente aumento de las PEAS”. “En cualquier caso -continuó- cualquier incremento que necesitemos, desde el área de Hacienda se nos ha garantizado el acceso a más presupuesto”.
