economía

Un chorro de dinero para recuperar la economía canaria

Los fondos para activar y modernizar el tejido productivo de las Islas podrían alcanzar los dos mil millones de aquí a finales de 2021
La crisis económica plantea serias dudas sobre el porvenir de muchos comercios tras la COVID. Sergio Méndez
La crisis económica plantea serias dudas sobre el porvenir de muchos comercios tras la COVID. Sergio Méndez

El mantra de la Canarias pobrecita frente al poder central no solo perpetúa un sometimiento victimista de fuerte aroma colonial, sino que, a veces, es incluso inexacto: hace unos días, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado que el Gobierno español va a dedicar 7.000 millones en ayudas directas a empresas y autónomos en toda España, y que 1.144 vendrán a Canarias, la comunidad más beneficiada a causa de la caída sideral de su PIB el año pasado, un 20%, y la escalada galopante del desempleo, que ya anda por el 25,2% general y el 57,7% entre los menores de 25 años, según la EPA del cuarto trimestre de 2020. Con los 1.144 millones, los 504 millones que hay que ejecutar este año del Plan React-U -uno de los programas de fondos europeos de reconstrucción- y los alrededor de 500 que espera captar el Ejecutivo autónomo para 2021 del Mecanismo de Resiliencia -el otro programa europeo-, Canarias podría contar con cerca de 2.000 millones más de los presupuestados inicialmente por el Ejecutivo autónomo para este año, fundamentales para mantener y empezar a modernizar el tejido productivo del archipiélago, además de para reforzar los servicios públicos.

Pero todo tiene algunas pequeñas aristas. Las ayudas de 1.144 millones de euros aprobadas por el Estado solo alcanzan a 95 actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económica, frente a las 350 del decreto canario de ayudas aprobado recientemente por el Ejecutivo autónomo -165 millones de ayudas directas y 234 de aplazamientos fiscales- para intentar contener algo el desastre que le ha hecho la pandemia a nuestro sistema productivo, con 4.000 empresas cerradas en 2020 y 20.000 autónomos con la prestación por cese de actividad. Según fuentes del Gobierno canario, intentarán que el Estado amplíe las actividades beneficiadas, pero señalan que la cuantía de las ayudas no tienen precedentes. Y recuerdan que esas 95 actividades incluyen las más importantes de la economía canaria, como la hostelería, la restauración, el transporte y el comercio asociado al turismo, que es precisamente donde nos hemos estrellado. “Por eso hay una discriminación positiva hacia nosotros. Si se amplían las actividades, quizá otras zonas de España donde esas actividades también hayan tenido pérdidas, podrían empezar a quejarse”, explican. De hecho, ya lo han hecho varias comunidades autónomas con los criterios de reparto.

Desde el Ejecutivo canario recuerdan que son “1.300 millones de ayudas directas a las empresas y los autónomos, entre las ayudas estatales y las canarias, lo cual supone un 3%del PIB. Así que si las previsiones más pesimistas de crecimiento eran del 6% y las más optimistas del 9%, con estas ayudas podríamos irnos a un escenario mucho más favorable, de entre el 9 y el 12%”. A las ayudas estatales podrán acceder quienes acrediten haber perdido más de un 30% de facturación en el último año, y no solo en los últimos seis meses, como requerían las del Ejecutivo canario. Los autónomos podrán recibir del Estado 4.000 euros. Y desaparece para Canarias y Baleares -la otra gran beneficiada- el techo de 200.000 euros para ayudas a empresas. Según explican desde el Ejecutivo, habrá una modalidad cuyo límite serán 1,8 millones de euros. Y otra que llegará hasta los diez millones de euros. Unas dimensiones que parecen encajar como anillo al dedo a las grandes empresas turísticas.

Para Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio de Tenerife, hay que valorar “positivamente” la decisión del Gobierno central, pues se tiene en cuenta el deterioro económico específico de Canarias y Baleares. También considera importante la modificación de los lí mites a las ayudas, “pues así se puede asegurar que se da más dinero a las empresas y se ejecuta lo máximo posible”. Pero cree que no es conveniente limitar las actividades beneficiadas. “Una vez ya se ha hecho el reparto de dinero en función de los indicadores de paro y caída del PIB, deberían abarcar al mayor número de sectores, por no decir todos. Siempre y cuando se trate de empresas solventes, no empresas zombis”, aclara. “El criterio que debería predominar para asignar las ayudas debería ser el de la caída de facturación, pues el efecto de arrastre que ha tenido el impacto de la pandemia en el conjunto de la economía ha sido muy grande”, afirma Pérez, que recuerda que la estructura productiva canaria está organizada para satisfacer las necesidades de un mercado con dos millones de residentes y unos quince millones de turistas. “Y de repente han desaparecido diez millones de consumidores de bienes y servicios. La afección del golpe se extiende como una mancha de aceite”.

Para José Ángel Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, este tipo de restricciones de las actividades beneficiadas podría explicarse por la necesidad de evitar comportamientos fraudulentos. “Yo creo que el Estado está lanzando una señal de que va a ser escrupuloso, de que va a mirar con lupa las ayudas”, afirma. “En países como Alemania, con una fiscalidad tan eficiente y un impuesto de sociedades tan universal, es fácil hacer un balance de pérdidas respecto al año anterior y dar una ayuda. Pero es mucho más difícil donde la economía sumergida es del veintitantos por ciento del PIB, como en España y Canarias. Aquí hay mucha microempresa que ni siquiera llega a pyme y que solo paga el IBI porque el ayuntamiento lo tiene fichado. No son sujetos tributarios, pero quizá alguno se intente apuntar a las ayudas. Y claro, el Estado sabe que está repartiendo un montón de dinero y puede que no llegue a quien lo necesita y sí a quien no lo merece. Por eso, intenta poner límites, aunque tampoco esté garantizado que le funcionen”, explica. Son, en parte, las consecuencias de lo que los economistas llaman “riesgo moral”: un comportamiento oportunista de uno para obtener un beneficio, aunque las consecuencias afecten a otros. En este caso, a la ‘caja común’ de todos que maneja el Estado. Pero tiene un efecto distorsionador: para el que normalmente defrauda, porque puede llegar el momento en el que necesite una ayuda y las restricciones sean tan altas que no pueda acceder a ellas. “Puede haber un cierto efecto búmeran”. Y para el que no defrauda, porque un exceso de requisitos puede también dificultar su acceso. “Aunque Administración también tiene su responsabilidad, porque la lentitud y los excesos de burocracia favorecen la aparición de la picaresca”.

Criterios y explicaciones aparte, es difícil negar la importancia de estos fondos. Ahora falta la orden de desarrollo y que se firmen los convenios entre el Gobierno central y el autonómico. Previsiblemente, el dinero empezará a llegar al tejido productivo en verano. Pero el reto es saber gastar bien y que no se quede dinero sin ejecutar. De hecho, en la última semana, la oposición criticaba al Gobierno por que se hubieran quedado sin gastar 232 millones del presupuesto de 2020. Desde el Ejecutivo recuerdan que el presupuesto era de 8.066 millones, que se ampliaron por los fondos covid que llegaron a Canarias. “Ejecutamos un 104% del presupuesto inicial o un 96, 61% del ampliado. Y eso, con 13 semanas de parálisis en la Administración. Además, algunos fondos llegaron en los últimos meses del año. Como las reglas fiscales están suspendidas, el dinero no va al superávit, sino que se sigue utilizando. Pero claro, para lo que se envió: si mandaron 87 millones para educación y se han gastado cincuenta, los 37 restantes van para educación, no para carreteras ni para las empresas”, explica Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno.

También hay que ejecutar este año 514 millones correspondientes al Plan React-EU, destinados fundamentalmente a reforzar la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero también para pymes y autónomos. Más plazo habrá para el Mecanismo de Resiliencia -hasta 2026-, que son los 70.000 millones de euros asignados a España en ayudas directas para la transformación del sistema productivo, orientados a la digitalización y a la transición energética. Según el Gobierno canario, a finales de este año podrían estar disponibles unos 500 millones para el archipiélago con el objetivo de poner en marcha los proyectos de transformación económica. El pasado miércoles se aprobó en Consejo de Gobierno de Canarias el decreto de agilización administrativa de los fondos europeos, para poner en marcha un sistema de gobernanza de los fondos, simplificar trámites y poder reasignar y contratar personal.

“El tiempo va muy rápido y hay que saber aprovechar las oportunidades”, afirma Lola Pérez sobre el momento en el que estamos. “Hay que cualificar nuestro modelo productivo, también el turismo, que va a seguir siendo muy importante. Pero tenemos que conseguir un modelo más productivo y competitivo, más sostenible, menos vulnerable. Y hay que formar a la gente para trabajar en los nuevos sectores que van a aparecer,” comenta. “Aunque yo creo que hay en marcha una transformación silenciosa. La pandemia ha acelerado cambios que estaban ahí y sabíamos que había que hacer”, afirma Pérez.

 

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