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Caso Grúas: un exinterventor reconoce “graves incumplimientos”

El que fuera interventor municipal del servicio se reafirma, ahora como investigado, que los allegados a Clavijo llevaron a la empresa a incumplir gravemente requisitos imprescindibles
Fernando Clavijo, tras declarar como un imputado por el caso Grúas. / DA

El que fuera interventor municipal del Ayuntamiento de La Laguna, ante el rotundo fracaso generado por la asunción del entonces alcalde, Fernando Clavijo, de la concesión del servicio de grúas municipal, Alejandro Cordero, declaró ayer como investigado (anteriormente imputado) en el llamado caso Grúas, que sigue su tramitación en los juzgados laguneros, pese a las informaciones contrarias que al respecto han difundido medios afines a Coalición Canaria, partido político de los que Clavijo es ahora secretario general. Unas investigaciones de las que ha sido exonerado gracias a que se autoimpuso como senador autonómico y así favorecerse de su condición como aforado, pese a que en Canarias tal figura anacrónica ha sido felizmente suprimida.


Concretamente, Cordero asumió como propias las declaraciones efectuadas en su día ante el mismo Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna cuando compareció como testigo, a la par que se confirmó en un dato trascendente, como es el hecho de que informase, junto a su compañero, Antonio Vera, de que los incumplimientos económicos de la concesionaria mientras estaba a manos de los allegados a Clavijo suponían incumplimientos calificados como muy graves que implicaban el rescate de la concesión, tal y como obedecía el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, accedió a firmar un informe posterior que justificaba la prórroga de dicha concesión, además de un insólito préstamo de 120.000 euros que ya quisieran para sí cualquier empresa con apuros a la hora de responder ante la Administración pública.


Resta añadir que el formidable descontrol existente en el depósito municipal donde debían resguardarse los vehículos retirados por el servicio municipal de grúas del Ayuntamiento de La Laguna, entonces en manos de Coalición Canaria, ha propiciado que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife haya dado la razón al Juzgado de Instrucción Número 4 de la Ciudad de Los Adelantados, que, tras una larguísima instrucción (la primera denuncia se presentó en 2011), se resignó a sobreseer provisionalmente (archivar) el presunto robo de piezas en dichos vehículos para su posterior venta en Internet. Y todo ello a pesar de que, si bien la instructora entiende que hay indicios suficientes de la comisión de dicho delito, no ha logrado identificar plenamente a los responsables de los mismos, siquiera para poder celebrar un juicio.


Esta decisión, respaldada por la Audiencia, se produce a pesar del buen trabajo llevado a cabo por la Guardia Civil, que incluso estuvo tan avispada como para llamar al teléfono en el que se anunciaba la venta de dichas piezas y simular interés por un carburador. Era tal el descaro con que se actuaba, que el número de teléfono era el mismo al que debían llamar los laguneros si querían el servicio municipal desde la zona de La Cuesta, y que a la cita con los guardias acudió el propio responsable del depósito aludido.

Solo cabe añadir que, mientras el Ayuntamiento lagunero protegió a los allegados a Clavijo, otros trabajadores de la concesionaria de las grúas padecieron el impago de salarios durante más de un año.

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