Cuando algún investigador merodee por el libro de sesiones de esta legislatura, probablemente se dé cuenta de que algunos de los mejores debates fueron entre la diputada nacionalista Socorro Beato y el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez. Ásperos al principio, más cordiales ahora, Beato y Pérez, dos personas con una sólida trayectoria profesional y jurídica, se dan mandobles sustanciosos con modales razonables. Y a uno, que pelea por no despistarse entre tanta pregunta, comparecencia y proposición no de ley, se le activan las neuronas cuando los escucha, sin necesidad de estimulantes. Y eso que Beato habla bajo y tiene una voz antigua, como de profesora de griego.
Ayer debatieron primero sobre la estabilización del personal temporal que trabaja la Administración. Y luego, sobre la no convocatoria de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, organismo previsto en el estatuto para canalizar las relaciones entre la comunidad y el poder central. El Gobierno canario vendió hace meses que la convocatoria era algo inminente. Pero entre olas de pandemia, se ha difuminado. A Beato le parece un síntoma de “humillación” de Madrid al “pueblo canario”, con tantos temas candentes, como la inmigración, la situación del sector turístico o el desarrollo del nuevo Estatuto. Habló de “plantón” de Marlaska y Escrivá a Torres y mencionó el plan de rescate turístico para Canarias anunciado por la ministra Maroto, que nunca vio la luz. “Moncloa no se toma en serio a Canarias”, afirmó.
“El día en que Madrid nos trate bien, ¿cuáles van a ser las propuestas de ustedes? ¿qué harán con nuestras propias competencias?”, le dijo Pérez con ironía, preguntándole si en eso, en el victimismo permanente, había quedado el autonomismo y el nacionalismo que impulsaron el nacimiento de CC. Pérez también defendió la convocatoria de esta comisión para “dar forma” a un órgano previsto en el estatuto, aunque ahora no lo considera “urgente” porque muchos asuntos importantes ya se han ido solucionando en reuniones bilaterales. Como la transferencia de Costas, la extensión de la Reserva de Inversiones Canarias, los 1.144 millones de ayudas a empresas y autónomos o el alivio de la presión migratoria, recordando que quedan solo unos 3.000 migrantes de los 28.000 que han llegado desde 2020. “Pero aunque solo haya uno, ustedes seguirán hablando de cárcel”. En temas migratorios, Pérez siempre recuerda la responsabilidad de la U.E, como hizo ayer al mostrar su “perplejidad” con que Frontex no esté desplegada en las costas africanas intentando evitar que salgan las pateras.
Se debatió ayer también en la Cámara una proposición no de ley de todos los partidos instando al Gobierno a que cumpla con la Ley de Atención Temprana aprobada en 2019 para unos 9.000 niños y niñas con trastornos de desarrollo. Una vez acabado el debate, en el patio del Parlamento, Miguel Llorca, profesor jubilado de Psicología de la ULL y portavoz de la Plataforma Atención Temprana en Canarias, se quejaba, con una mezcla de indignación y tristeza, del poco caso que les ha hecho el Gobierno. De que solo se han formado dos de las once unidades prometidas para toda Canarias y están mal dotadas. De que los protocolos son inadecuados: se trata de actuar entre los 0 y los 6 años, el periodo crucial para poder solucionar muchos de estos problemas. Rápido. El tiempo siempre corre en contra.
De repente, se formó un corrillo donde estaban el vicepresidente Román Rodríguez y Carmen Hernández, de NC, la consejera Noemí Santana y Francisco Déniz, de Sí Podemos Canarias, Jesús Machín y Sergio Rodríguez, de CC, Vidina Espino, de Cs. Y Teresa Cruz, del PSOE. Todos reconocían que los retrasos eran imperdonables, lo achacaron en parte a la pandemia. Se les veía preocupados, sin hacer partidismos, sin discursos grandilocuentes, proponiendo una reunión para abordar el tema. Cuando ya se había marchado los miembros de la Plataforma, Santana los llamó por teléfono porque Torres quería verlos. Nada mejor para un país que una sociedad civil que protesta alto, duro y claro.
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