El exresponsable de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) en Santa Cruz de Tenerife ha tenido que recurrir a la Justicia para poder cobrar los complementos económicos que le correspondían por su desempeño temporal al frente de la Comisaría de Distrito Norte de la capital tinerfeña, concretamente la que tiene su sede en la calle de Pérez de Ayala.
En concreto, ha sido la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) el tribunal que ha reconocido los derechos de este inspector jefe de la Policía Nacional, defendidos por la letrada local Cristina Martos bajo los auspicios de la Confederación Española de Policía (CEP). La sentencia que nos ocupa está fechada el pasado 21 de enero, y no ha sido recurrida, por lo que es firme. En la misma se condena a la Administración General del Estado, que estuvo representada por un abogado del estado, al abono de 1.425,43 euros por el desempeño referido al frente de dicha comisaría santacrucera desde el 14 de mayo de 2018 al 7 de febrero de 2017, fecha en que este servidor público finalmente se jubiló.
La importancia de este fallo radica, como explicita el portavoz tinerfeño de la CEP José Luis Gallardo, en que “el hecho de que haya puestos de trabajo efectivamente desempeñados que no se reconocen es una práctica más común de lo que parece, y por eso entendemos que sentencias como esta ayudan a reconocer los méritos de los policías nacionales afectados”. Dicho argumento se repite en la sentencia del TSJC, donde se añade que se trata de “una práctica imputable a la propia Administración”.
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