El Gobierno ha fijado 2024 como el año a partir del cual podría implantar un mecanismo de pago por el uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías, según refleja el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.
Este plazo se justifica porque de acuerdo con la experiencia internacional, de dos a tres años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso en España.
Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de “concienciación y sensibilización” sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida.
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