justicia y tribunales

Juan Carlos Lorenzo, presidente del TSJC: “La justicia en Canarias es mejorable”

Lorenzo asume el cargo citando la altísima litigiosidad en las Islas, el colapso en juzgados como los de Granadilla y Arona, y el desastre en las infraestructuras en Tenerife

El magistrado Juan Carlos Lorenzo Bragado, que ayer tomó posesión como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, consideró durante su discurso que la situación de la justicia en Canarias “es mejorable”, ya que cuenta con la tasa de litigiosidad más alta de España en los últimos cinco años.
Según los datos de 2020, Canarias tenía 154 asuntos por cada 1.000 habitantes, lo que hace que se encuentre “muy por encima” de la media nacional que está en 116. Para Lorenzo Bragado esta cifra se justifica “en parte” en la “elevada” población de hecho, si bien ha manifestado “una preocupante tendencia” en la sociedad hacia la judicialización de los conflictos.
Además, el nuevo responsable de la autoridad judicial autonómica ha expuesto que la evolución de otros indicadores “tampoco arroja buenos resultados” en el último año, ya que, si bien la tasa de resolución ha disminuido un 3,9%, la congestión ha crecido casi un 9% y la dependencia sube un 32,7%, lo que afecta especialmente a la jurisdicción social, que crece un 455. “Este empeoramiento se debe, sin duda, a la pandemia, que mantuvo paralizada la actividad judicial durante un trimestre y que aún deja sentir sus efectos”, detalló.
Ante estos datos, Lorenzo Bragado ha señalado que los retos fundamentales que debe afrontar la justicia en Canarias se centran en atender las jurisdicciones más afectadas por la pandemia, tales como son los juzgados de lo social y mercantiles; prestar especial atención a los partidos “más colapsados” como son Granadilla de Abona (Tenerife), Puerto del Rosario (Fuerteventura), Arona (Tenerife) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), en este último caso abordando la problemática derivada de la inmigración irregular. Asimismo, el ya presidente del TSJC expone como otro reto la necesidad de impulsar la solución de los problemas de infraestructuras, que ha indicado son “acuciantes” en el caso de Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario; contribuir a la implantación del expediente judicial electrónico y la consiguiente eliminación del papel, así como abordar los nuevos modelos organizativos: nueva oficina judicial y tribunales de instancia, si, finalmente, se aprueban estas reformas.
En cuanto a los problemas coyunturales, tales como pueden ser los derivados de la pandemia o los que afectan a ciertos órganos, ha matizado que “no” se pueden resignar a que ciertos órganos o partidos acumulen sistemáticamente retrasos, porque ha defendido que “no puede haber una justicia de primera y una justicia de segunda”.

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