No todo el mundo logra que, cuando se pregunta por él en su círculo profesional, se repita abrumadoramente la respuesta de que “es buena gente”, tal y como sentencian sus compañeros y compañeras. Tras un cuarto de siglo desde su llegada a Tenerife, Juan Luis Lorenzo Bragado (Zamora, 1963) se ha integrado hasta tal punto en la sociedad isleña que se considera, con razón, “un canario más”. Después de dos años de espera por el conflicto abierto, dada la ausencia de la preceptiva renovación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial, finalmente ha sido elegido como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cargo del que tomó posesión esta semana. Suelen describirlo como un juez moderado, pero ello no le impide llamar a las cosas por su nombre y poner el acento donde considere. Le avala su larga experiencia como Decano del partido judicial santacrucero. Ayer recibió a DIARIO DE AVISOS.
-“La justicia en Canarias es mejorable”, dijo en su toma de posesión, y cierto es que la comunidad lleva liderando las tasas de litigiosidad estatales durante los últimos cinco años. ¿A qué se debe?
“Me atrevo a recurrir al dato de la elevada población de hecho que genera el turismo y que da lugar a una litigiosidad que, como cuando se hace el cociente, se toma como referencia solo a la población de derecho, se disparan las cifras”.
-Pero hay otras comunidades similares en ese sentido…
“Porque seguramente esa es una explicación, pero no la única. Y tenemos el objetivo de indagar a este respecto. No es normal que tengamos el doble de litigiosidad que Navarra, el País Vasco o La Rioja. Prácticamente el doble, insisto, de esas tres comunidades, y estamos desde luego muy por encima de la media nacional. Habrá que profundizar sobre si realmente somos tan distintos o, por ejemplo, si los parámetros que se utilizan no son los correctos. Lo cierto es que me afecta y me molesta encabezar este triste ranking, Es un poco duro”.
-Este asunto afecta directamente, además, a partidos judiciales de Canarias con serios problemas, y me refiero a los de las zonas turísticas, que se ven abocados a importantes refuerzos para afrontar sus tareas.
“Totalmente de acuerdo. En algunos casos los problemas son estructurales por la falta de estabilidad del personal, que provoca unas disfunciones tremendas que se van acumulando y con el tiempo es muy difícil solucionarlas. También está el hecho de que durante años sea tan elevada la ratio de entrada de asuntos lo que justificaría la creación de nuevos órganos. Por ejemplo, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) está más que justificada la creación de un juzgado de instrucción más”.
-¿Y en Tenerife?
“Como es sabido, tenemos el problema de Granadilla, que, como recordarás, la Sala de Gobierno ha llegado a hablar de un partido judicial fallido. Es una palabra muy gruesa, pero define de manera gráfica la situación de ese partido judicial. Y lo mismo ocurre, aunque no con tanta intensidad, en Arona. Son problemas que tenemos que afrontar desde los limitados medios que se disponen desde el Poder Judicial, porque no somos titulares ni de los personales ni de los materiales, ni tampoco los gestionamos, con lo cual nuestra capacidad llega hasta detectar los problemas y proponer soluciones. Pero siempre he tenido la filosofía de que por nosotros no quede, dado que nuestra razón última es garantizar la tutela judicial efectiva o, lo que es lo mismo, poner como referente al ciudadano”.
-¿Puede ahondar en ello?
“Nosotros no pedimos para nosotros, sino que lo hacemos para lograr una justicia rápida, eficaz y transparente. Ni más ni menos”.
-¿Hará falta un plan de choque en Granadilla?
“Así es. Uno de los compromisos ya adquiridos, y siempre que la pandemia lo permita, es iniciar una serie de visitas a los distintos partidos judiciales para conocer de primera mano la situación de esos órganos. Se trata de colaborar, no de imponer. Queremos una coordinación, no solo con los jueces y magistrados, sino también con los letrados de la administración de justicia, que juegan un papel fundamental, y con los funcionarios, otro tanto. Estamos todos en el mismo barco y tenemos que remar en la misma dirección”.
-Loable propósito.
“Es que es importante hasta para el estado de ánimo. Cuando uno pertenece a una organización que funciona bien, que todo responde a unos esquemas razonables, al final el propio funcionario, juez, letrado de la administración de justicia o fiscal funciona mejor. Pero cuando las cosas empiezan a retrasarse y llegan las quejas, cunde el desánimo y parece que todo importa poco. Entiendo que si se cuenta con buenas condiciones de trabajo, todo va mejor”.
-¿Vino bien la pandemia para avanzar significativamente en la modernización de la justicia con el uso de las nuevas tecnologías?
“De la necesidad, virtud. Si tenemos que sacar una experiencia positiva, ha sido precisamente la generalización de las actuaciones telemáticas. Era algo que estaba prácticamente inexplorado fuera de las actuaciones de auxilio judicial que se hacían por videoconferencia, y ahora ha quedado de manifiesto la necesidad y la utilidad de llevar a cabo muchas actuaciones por este método. Y el sistema que nos pone a disposición el Gobierno de Canarias, que está integrado en Atlantis, se ha relevado como un sistema útil y muy versátil, que, además, reporta ventajas para todos los operadores”.
-¿Cita algún ejemplo?
“Sencillo. Piense por ejemplo que un letrado está en Las Palmas de Gran Canaria, que su cliente está en Arucas y un testigo en Madrid. Piense, además, en lo que supone a la hora de evitar costes y suspensiones. Si no hubiera sido por eso, la paralización que tuvimos durante los tres primeros meses del confinamiento habría arrastrado a la justicia hacia una hecatombe”.
-¿No se sigue notando ese retraso en los juzgados?
“Hay acumulación de asuntos, sí, pero depende de las jurisdicciones, como dije en mi discurso”.
-Entiendo que se refiere a los juzgados de lo Social. ¿Tenemos un serio problema a la hora de velar por la tutela judicial efectiva en esa jurisdicción, y más teniendo en cuenta lo que se le viene encima a los juzgados de lo mercantil?
“Sin duda. Es una bomba de relojería que no sabemos cómo va a estallar, por decirlo de un modo gráfico. Una vez que salte la moratoria de la presentación de los concursos necesarios no sabemos lo que va a pasar. Es más que previsible que se produzca una avalancha de asuntos”.
–Hace ocho o 12 años que el Gobierno de Canarias se autoimpuso como prioritario dotar de infraestructuras adecuadas a la Administración de justicia en Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario. ¿No es terrible comprobar que en la capital tinerfeña siga sin ponerse la primera piedra?
“Es verdad que físicamente seguimos exactamente igual. Acaba de salir la licitación para la adjudicación de un contrato de arrendamiento de un local en el que van a ubicarse los dos juzgados de lo Mercantil para hacer sitio simplemente al Social 9, que debería haberse constituido en diciembre de 2020 y que supuestamente arrancará en noviembre de este año, y que, obviamente, tampoco será así. Los problemas de infraestructura siguen igual y cualquier iniciativa para dotar de refuerzos nos encontramos con la falta de espacio, y permítame que le hable como decano. ¿Dónde metemos a más jueces o, claro, a más funcionarios?, ¿dónde celebramos los nuevos juicios, cómo hacemos con los señalamientos complementarios? Al final, aunque parezca mentira, la falta de espacio condiciona la creación de nuevos juzgados y el refuerzo de los mismos”.
-Pero, ¿por qué pasa en Santa Cruz de Tenerife y no en otros lados?
“También ocurre en San Bartolomé de Tirajana, no crea, y las condiciones de los juzgados de Granadilla no son las más adecuadas, precisamente. En Arona al menos ahora tenemos una reserva de espacio, lo que será muy útil si como se prevé llega el de Instancia 6, de lo cual nos congratulamos. Y en La Laguna algo parecido”.
-¿Qué le dice el Gobierno de Canarias sobre el nuevo palacio de Justicia santacrucero?
“En la última reunión que tuvimos, que fue en enero… Y, por cierto, que aproveché el otro día durante la toma de posesión para tener un aparte con el consejero [Julio Pérez], quien me dijo que iba todo según lo previsto, el compromiso pasa por que antes de verano, y como mucho en julio, el Gobierno de Canarias habrá dictado y aprobado mediante acuerdo de gobierno un plan de interés regional para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife y permitir las modificaciones en las que ahora trabaja Gestur necesarias en las tres parcelas que están al lado de El Corte Inglés. Así, despejadas las cuestiones urbanísticas, convocar este mismo año un concurso de ideas e incluso sacar a licitación el proyecto y en su caso la ejecución”.
-¿Y la primera piedra?
“Le pregunté a Julio Pérez si se podía confiar en que la primera piedra se ponga en 2022, y me respondió que lo veía factible. Le tomo la palabra, aunque es una información que pueden contrastar. Lo que es cierto es que, si todo se lleva a cabo según lo que nos dijeron en enero, se trata de un objetivo razonable”.
-¿Para terminarlo en 2029 o 2030?
“Puede ser. La Ciudad de la Justicia de Las Palmas tardó algo menos. Veremos”.
-¿Considera que, con el fin del estado de alarma, a los TSJ les han pasado la papa caliente de un tema político?
“Entiendo que ha funcionado nuestro ordenamiento jurídico, y cada poder ha actuado con las normas vigentes en cada momento”.
