Una tromba de millones de euros y muy poco tiempo para que permeen en la sociedad canaria. Es la tesis que se desprendía del seminario que organizó ayer la Dirección General de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, que dirige el palmero Miguel Ángel Pulido, a fin de dar a conocer las claves de la nueva financiación procedente de la Unión Europea (UE) y el Estado, así como la consignada en los presupuestos de la comunidad autónoma, para paliar las consecuencias que ha tenido y está teniendo la irrupción de la pandemia del coronavirus en el Archipiélago.
En el transcurso del foro, que fue retransmitido por Internet y contó con la moderación de la periodista Paqui González, el vicepresidente regional y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, el nacionalista de Nueva Canarias Román Rodríguez, señaló que para la elaboración del llamado Plan Reactiva el Ejecutivo puso en marcha un “amplio proceso de participación ciudadana”, con colectivos de diversa índole, persiguiendo el objetivo de diseñar una estrategia que se ajustara a las demandas de los sectores más castigados por la COVID-19, fundamentalmente el turismo y la agricultura, ganadería y pesca, si bien advirtió de que quedan “grandes retos” por delante en lo referente a la puesta en práctica del Plan.
Por otra parte, Rodríguez hizo referencia a los fondos procedentes de la UE que llegarán de manera inminente a la región; un organismo que, recordó, frente a una coyuntura de carácter sanitario como la COVID-19, que dañó fuertemente el tejido productivo isleño el año pasado, hasta alcanzar un punto equiparable al doble de lo que lo hizo la crisis financiera de 2008, ha optado por poner en valor la “solidaridad” entre territorios, no fórmulas de “contención del gasto y la deuda” y, en definitiva, de “austeridad”, como las que sí se llevaron a cabo a principios del siglo XXI. Ahora, por el contrario, “hemos reaccionado con políticas anticíclicas, expansivas”, que, entiende, permitirán favorecer al efecto rebote.
No obstante, el vicepresidente, retrotrayéndose a sus afamadas intervenciones en el Parlamento canario de la legislatura pasada, quiso poner el acento en el escenario de partida. Y es que en 2019, la riqueza de Canarias se situaba 20 puntos por debajo de la media nacional, y en ese mismo año, la tasa de desempleo rondaba el 20%. De igual forma, el indicador AROPE, de pobreza y exclusión, apuntó a un 35% de la población afectada en la última década, lo que, bajo su punto de vista, es síntoma de que ya de por sí había varias alarmas encendidas en la comunidad. En este sentido, resaltó que gracias a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) el paro, aun en crisis, se ha contenido en el 25%.
Y contrastó este último dato con el de 2013, cuando la cifra porcentual de ciudadanos sin empleo llegaba al 34%. Gracias al mecanismo extraordinario al que se dio luz verde por la pandemia, los ERTE, y al que están acogidos cerca de 86.000 trabajadores de las Islas, explicó que se ha evitado la caída de un importante número de empresas. Además, con la mirada puesta en el futuro, desgranó algunas de las fórmulas que se están aplicando para estimular la economía, como los 500 millones de euros extra que se incorporaron en las cuentas autonómicas de 2020 a Sanidad, o los 100 millones para Educación en el mismo ejercicio.
A esos recursos se unirían los que se enmarcan en el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, sobre el que versó la intervención del viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, Fermín Delgado, que lamentó la escasez de cogobernanza entre el Gobierno central y las comunidades para su ejecución, como sí la hubo en el diseño del Plan REACT-EU. En total, recordó el director general de Planificación y Presupuestos, Luis Márquez, Canarias afrontará la crisis de la COVID-19 con 8.400 millones de euros, cuya distribución conllevará un reto técnico y logístico ante la disminución de los plazos de determinadas líneas.
EQUIPO DE ‘RESCATE’
Para lograr cumplir con el calendario fijado y que, en especial, las ayudas destinadas a las pequeñas y medianas empresas y profesionales autónomos lleguen a buen puerto ya existe una hoja de ruta, acerca de la cual habló la interventora general de la comunidad autónoma, Natalia de Luis Yanes, quien desglosó los aspectos relativos a los métodos organizativos recogidos en el Decreto Ley 4/2021, de 31 de marzo. Al respecto, Yanes aclaró que habrá un equipo de personas específico para gestionar las prestaciones y la ejecución y fiscalización de los fondos, previniendo que se puedan cometer fraudes, duplicidades o tengan lugar incompatibilidades.
Por último, también participó en el seminario el secretario general de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de Presidencia del Gobierno de España, Manuel de la Rocha.