La magistrada al frente del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arona, Sofía Elena Valdivia López, ordenó ayer la inhumación inmediata de los 24 cadáveres que permanecen en el Instituto de Medicina Legal de la provincia, desde hace tres semanas, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS en su edición de ayer, correspondientes a los migrantes del cayuco que fue avistado el lunes 26 de abril a 500 kilómetros de El Hierro y que llegaron al puerto de Los Cristianos dos días después, tras el rescate aéreo de los tres únicos supervivientes.
La autoridad judicial dictó la orden de enterramiento tras recibir el informe de la Delegación de Canarias del Instituto Nacional de Toxicología en su sede de La Laguna, que determina que no es posible afirmar sin duda alguna que uno de los cadáveres corresponde al hermano de un varón que la semana pasada se comunicó con el Juzgado para reclamarlo como tal pariente desde el País Vasco.
El solicitante compareció el viernes de la semana pasada en sede judicial en Euskadi para someterse a una extracción de muestras de ADN y cotejarlo con los vestigios genéticos que se han extraído a los 24 cuerpos.
Toxicología certificó ayer formalmente ante la autoridad judicial que, al tratarse el reclamante de una persona que, según su propia declaración, sería únicamente hermano por parte de madre – no de padre – del fallecido, no se puede asegurar a ciencia cierta el parentesco con alguno de los fallecidos mediante pruebas de medicina forense. En consecuencia, no hay ninguna reserva legal para que la autoridad judicial expida la orden de inhumación de los 24 cuerpos.
Esta decisión se había pospuesto para preservar los derechos de los posibles familiares de los fallecidos para reclamarlos.
La decisión judicial no cierra las vías a la persona que solicitó el cuerpo de su posible hermano a que lo vuelva a hacer en un futuro si encuentra nuevas vías de probar el vínculo alegado: se le derivará a la Cruz Roja Española a fin de que sirva de enlace entre su familia y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en virtud del convenio suscrito entre esa organización y el Ministerio de Justicia de fecha 28 de abril de 2021, por si procediese realizar nuevos cotejos.
Enterramientos
Tras la orden de la jueza, el enterramiento debe ser inminente, como ella misma justifica, aunque ayer tarde ni el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ni el de Candelaria tenían conocimiento de cuándo se produciría el traslado de los cadáveres a los camposantos.
El enterramiento de una persona no reclamada se debe producir en el municipio que fue encontrada o, como en este caso, aquel a donde arribara, en concreto, Arona, al ser recibidos en el puerto de Los Cristianos tras el rescate en alta mar a 500 kilómetros de El Hierro.
Al no haber nichos libres en Arona -solo tiene un cementerio- los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Candelaria se ofrecieron a acogerlos en Santa Lastenia, en el caso de la capital, y en el cementerio de San Francisco, en Igueste, en el caso de Candelaria.
Tras la orden judicial, esta tiene que ser traslada al IML y este, a su vez, al Gobierno de Canarias para que se haga cargo del traslado a los cementerios, algo que presuntamente debe ocurrir hoy. Allí serán los empleados quienes den sepultura a los migrantes, 15 en Santa Cruz de Tenerife y nueve en Candelaria.
En el caso de la capital, ya hay una zona acotada con nichos a baja altura para acercarse a la tradición musulmana de ser inhuados en tierra, mientras que en Candelaria será en altura, porque esa es la zona que tienen acotada en el pequeño pero ampliado cementerio de Igueste. Un número, el sexo y la fecha del rescate del cayuco, únicos datos en la placa.
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