Fernando Clavijo, expresidente del Gobierno de Canarias y hoy senador por la Comunidad Autónoma, trata de evitar por todos los medios a su alcance que declaren ante la jueza que instruye el caso Reparos el interventor del Ayuntamiento de La Laguna y otros dos altos funcionarios municipales que han sido citados como testigos el próximo día 24, el jueves de la próxima semana.
Así lo ha solicitado expresamente la defensa de Clavijo en el último escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna el pasado 16, informó ayer Canarias Ahora.
Tanto el interventor como los funcionarios municipales habrán de explicar ese día los motivos por los que más de un centenar largo de decretos prorrogando contratos de servicios municipales fueron objeto de advertencias de ilegalidad (reparos) por su parte al no disponer de cobertura legal, y cómo Clavijo y los demás investigados levantaron esos reparos.
La pretensión del expresidente, actual secretario general de Coalición Canaria, es que se anule toda la instrucción, por lo que su dirección letrada considera “fraude procesal” al haberse ordenado diligencias de investigación después de que, a su juicio, caducaran los plazos legales para hacerlas.
Se agarra Clavijo a los más de dos años que la jueza instructora, Ana Serrano, no realizó la más mínima acción investigadora a pesar de los numerosos escritos de los denunciantes, tanto ampliando la denuncia inicial, de enero 2018, como de sucesivas peticiones de impulso procesal, un mecanismo por el que se insta a los juzgados a agilizar los trámites de las causas sobre las que investiga.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo por la que se archivaron unas diligencias contra el expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular, han servido al abogado de Clavijo para solicitar el archivo de las actuaciones que se siguen contra él. En el caso Reparos también están siendo investigados contra su sucesor al frente de la alcaldía de La Laguna, José Alberto Díaz, asimismo de Coalición Canaria, así como contra varios funcionarios y algunos concejales.
El testimonio de los funcionarios que Clavijo quiere evitar ha sido reiteradamente solicitado por los denunciantes, entre los que se encuentra el concejal de La Laguna ahora en el grupo de gobierno Santiago Pérez, recientemente designado senador por la Comunidad Autónoma de Canarias tras su regreso al PSOE. La primera vez que se cursó esta petición fue en enero de 2018, en el escrito de denuncia, y la última, en diciembre de 2020, en una petición de impulso procesal.
La causa empezó realmente a instruirse cuando, tras una petición del denunciante, pasó a ocuparse de la instrucción en el juzgado la Fiscalía Anticorrupción.
La entonces titular de ese departamento, María Farnés Martínez, en la actualidad responsable provincial del Ministerio Fiscal, apreció desde entonces indicios claros de un delito de prevaricación continuada. La fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife no había hecho nada hasta entonces.
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