La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, firmaron ayer en Santa Cruz de Tenerife el convenio para la transferencia de los fondos del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) correspondiente a 2021. En el acto también estuvieron, entre otras autoridades, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez.
Con esta iniciativa, dotada con 42 millones de euros, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pone a disposición de la Comunidad autónoma “los recursos necesarios para desarrollar políticas activas de empleo e impulsar las dinámicas de crecimiento económico y social necesarias para paliar la crisis por la pandemia, gracias a planes que favorecen la generación de empleo y contribuyen a sentar las bases de la transformación del mercado laboral”.
El PIEC de 2021 llega con un adelanto de dos meses respecto al año pasado, ejercicio en el que se suscribió con una anticipación similar en relación a 2019 (el 5 de agosto). Es el que más pronto se ha rubricado. Esto ha sido posible, en gran medida, gracias a otro hito: es la primera vez que los Presupuestos Generales del Estado recoge una mención específica al PIEC como inversión directa consolidada.
Durante su intervención, Torres destacó que, en 2018 y 2019, no se produjo este acto hasta octubre y septiembre, respectivamente. Tiene claro que esto es una prueba más del “acierto” de su “política de diálogo, contacto permanente y búsqueda de consensos con todas las administraciones; siempre, con firmeza y poniendo por delante los intereses generales” de Canarias. El mandatario recalcó que, “con la excusa” de la crisis financiera de 2008-13, “hubo gobiernos que retiraron el PIEC y dejaron a cero sus partidas” en 2014, 2015 y 2016: “Supongo que aquellos que dicen que el Gobierno de España maltrata a Canarias se referirán a esos años, que fue cuando la comunidad estaba especialmente afectada por la crisis y se le dio la espalda, pese a que necesitaba cualificar a sus demandantes de empleo”.
Si bien el PIEC existe desde hace muchos años, Torres precisó que en 2013 pasó de 42 millones a 10: “Entonces, lo denunciamos. De 2014 a 2016 se quedó a cero, porque esa fue la respuesta que dio un Gobierno conservador a la crisis”.
La vicepresidenta tercera reafirmó la “gran cooperación” existente entre el Ejecutivo central y el canario, ya no solo con el PIEC, sino en torno a los ERTE y con otros mecanismos y herramientas para paliar el impacto de la COVID-19, “dando prioridad” a los trabajadores, las pymes y los autónomos. Se trata, expuso, de “logros de la sociedad española en su conjunto, no de un Gobierno concreto”, a través del diálogo social con los empresarios y los sindicatos.
A la convocatoria asistieron, asimismo, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el vicepresidente autonómico, Román Rodríguez; la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana; la de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla; el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; el coordinador territorial del SEPE en Canarias, Pedro Duarte; el vicepresidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito, así como los presidentes y secretarios generales de las organizaciones sindicales, patronales y de autónomos.
Entre las medidas que se implementarán con el nuevo PIEC está una nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo Social (PES), financiado con 25 millones de euros, destinado preferentemente a la contratación de personas desempleadas con mayores dificultades para su inserción en el mercado laboral, en colaboración con la Fecam y en coordinación con los servicios sociales de los 88 ayuntamientos. Estos fondos del PIEC para el Plan de Empleo Social se completarán con 10 millones de euros de otras partidas presupuestarias, hasta los 35 millones, para hacer frente a las consecuencias sociales y en el empleo de la pandemia.
Al margen del PIEC, Yolanda Díaz anunció que en los próximos días se sabrá si este año se produce la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que está prorrogado, en cuanto el comité de expertos culmine su dictamen y se aborde en la mesa. El incremento de los convenios colectivos oscila entre el 1,5% y el 1,8%. Por lo tanto, arguyó, “no es demasiado justo que dejemos a los que más lo necesitan, no congelados, sino con una pérdida de poder adquisitivo”. El presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, opinó que no habrá una subida del SMI “muy sustancial”, ni tampoco una pérdida del poder adquisitivo.
Sobre los expedientes de regulación temporal de empleo, la ministra lanzó un mensaje de “tranquilidad” y “confianza”, en el sentido de que este mecanismo de protección social “vino para quedarse” y, “si es necesario que continúe, va a continuar”.
Torres informó de que hoy, de forma extraordinaria, el Consejo de Gobierno aprobaría el decreto para la convocatoria de las ayudas de 1.144 millones de euros transferidos por la Administración General del Estado para las empresas y los autónomos de las Islas. Optarán a las subvenciones aquellas empresas con más del 30% de pérdidas. “Estamos haciendo lo posible por llegar a todos los sectores”, respondió a las quejas del alquiler vacacional.
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