Hoy se cumple un año de la destitución de Luis García como concejal de Urbanismo de Arona, un cese que prendió la mecha del polvorín que hizo saltar por los aires al grupo de gobierno municipal (PSOE), que a partir de ese día comenzó a tirar por la borda la mayoría absoluta obtenida en las elecciones de 2019.
Nadie podía imaginar, un año después, un cambio de escenario tan radical. A lo largo de los últimos 365 días, el PSOE se ha inmolado en la mayor plaza pública del sur de Tenerife tras un carrusel de decisiones y acontecimientos que han tirado abajo el decorado del triunfo electoral de hace dos años y ha dejado al descubierto un galopante proceso de descomposición en el grupo de gobierno.
La fulminante destitución de Luis García de Urbanismo, atribuida desde la Alcaldía a un bloqueo de licencias de construcción, y, sobre todo, a las presuntas irregularidades cometidas con las obras, actualmente paralizadas, del centro comercial Artslife & Shopping, en El Camisón (Playa de Las Américas), han generado un terremoto político con réplicas continuas que han puesto a prueba los sismógrafos del Ayuntamiento.
Durante estos 12 meses, el alcalde, José Julián Mena, ha sido expulsado del PSOE por la dirección del partido y readmitido vía judicial a través de medidas cautelares; Luis García ha pasado al grupo de no adscritos tras indicarle Ferraz y los dirigentes insulares la puerta de salida del partido; los concejales Dácil León y Juan Sebastián Roque han quedado apartados de las áreas de Promoción Económica y Deportes, respectivamente, y José Luis Gómez ha pasado de ser un edil de peso en el Gobierno local a gestionar solo el área de Juventud.
El rompecabezas del Ejecutivo municipal se completa con la presencia de tres concejalas críticas con Mena en tareas de gobierno local, aunque la comunicación entre Elena Cabello, Pura Martín y Yurena García con el regidor y sus seis compañeros restantes es prácticamente inexistente.
La bronca política y la precaria situación del grupo socialista se han trasladado a los plenos municipales, donde un mes sí y otro también quedan al descubierto las costuras del gobierno liderado por Mena a la hora de votar, con una oposición, reforzada con apoyos socialistas, que actúa como un bloque.
Pero en el último año la Justicia también ha movido ficha. Primero, dejando en suspenso provisionalmente la expulsión del alcalde del PSOE (medida que frena cualquier posibilidad de moción de censura y que ha sido recurrida a la Audiencia Provincial por la dirección socialista). Y segundo, pronunciándose sobre la documentación presentada en los juzgados por Luis García referida a presuntas injerencias y coacciones externas ejercidas sobre técnicos de Urbanismo para influir en la tramitación de determinados expedientes, epicentro de la estrategia del sector crítico para acabar con Mena y factor influyente para que la dirección del PSOE determinara la expulsión, fallida, del regidor.
Después de analizar la documentación aportada, escuchar grabaciones y tomar declaración a varios testigos, la Fiscalía resolvió el archivo provisional del expediente. Otro balón de oxígeno para el alcalde, que ha visto cómo a partir de ese momento algunos mandos intermedios socialistas en Tenerife han comenzado a explorar una posible vía de entendimiento con la mirada puesta en las elecciones de 2023, conscientes de que Arona es clave en el mapa municipal y sus votos podrían decidir el Cabildo. De hecho, en las elecciones de 2019 aportó casi 10.000 sufragios a la lista encabezada por Pedro Martín (el 10% del total de votos obtenidos en la Isla).
Se espera, además, el pronunciamiento de la Justicia sobre dos asuntos que afectan a la gestión del exconcejal de Urbanismo. Los tribunales han puesto la lupa sobre el expediente de las obras del centro comercial Artslife & Shopping, que provocó la salida de Luis García del Gobierno municipal, según se explicó entonces desde la Alcaldía. De momento, la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife ya ha denunciado un presunto delito urbanístico. La investigación podría deparar novedades a corto plazo.
No es la única investigación en curso. También se analiza, aunque el proceso avanza más lentamente, el expediente que permitió consolidar el uso comercial de una nave industrial abandonada en Guaza que, presuntamente, benefició al propietario del polémico centro comercial paralizado en El Camisón, un asunto sobre el que la Fiscalía ya se ha dirigido al Ayuntamiento para solicitarle información.
Un año después de que estallara la crisis, superado el ecuador del mandato, el tiempo empieza a volar para el PSOE, sabedor de que en menos de dos años los aroneros y aroneras pondrán a cada uno en su sitio.
