La consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, mantuvo ayer el rechazo del Ejecutivo a impulsar exenciones fiscales o bajadas de impuestos para tratar de abaratar el coste del carburante en las denominadas Islas Verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) y abogó por evitar los “abusos” de los operadores.
En una comparecencia en comisión parlamentaria a solicitud del Grupo Mixto, la responsable regional detalló que la situación “no es nueva”, pero se ha acelerado desde 2012, cuando la entrada de nuevas empresas en las islas capitalinas aumentó la brecha de precios.
Máñez, que se amparó en el estudio de Juan Luis Jiménez, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que apunta hacia la falta de competencia como clave del problema, defendió que las bajadas de impuestos no repercuten en el precio final y sí en el “margen de beneficio”.
Así, comentó que el Gobierno toma decisiones por “evidencia científica” y no en base a “intuiciones”, y por ello han solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) la apertura de un expediente de investigación donde se aclare si hay abuso de posición dominante.
Apuntó, además, que las Islas Verdes ya aplican exenciones fiscales y eso no ha implicado un descenso de los precios.
Para Máñez, “la falta de competencia es evidente, pero hay que determinar si hay abuso, y el Gobierno actúa con las herramientas que tiene en su mano”.
EL EJECUTIVO ESTÁ “VIGILANTE”
De esta forma, aseguró que la CNMC recaba información sobre aprovisionamiento de las empresas, datos de venta y precios, y si se confirma una infracción grave, las empresas se enfrentan a multas de hasta un 10% de su volumen anual de negocio.
Máñez también comentó que el Gobierno canario sigue “vigilante” para evitar uniones de mercado que perjudiquen la competencia, reclamando “transparencia” en los precios, y recordando que las ayudas al transporte incluidas en los presupuestos de 2020 eran incompatibles con ayudas de Estado.
En La Palma, el presidente del Cabildo y concejal de Los Llanos de Aridane, Mariano H. Zapata, prometió que en sus primeros 100 días de gobierno solucionaría la diferencia de precios con Tenerife y Gran Canaria. Sin embargo, más allá de declaraciones de intenciones y comunicados, no se ha dado pasos hacia su subsanación.
