“Con esta deriva nos vemos en la UCI”. La demoledora frase llega por vía extraoficial desde el Gobierno de Canarias, y hace referencia a la decisión de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ayer demolió los pilares de la respuesta gubernamental autonómica ante el alarmante avance de la variante Delta o quinta ola de la pandemia, marcada por su especial capacidad para el contagio.
La adopción de las conocidas medidas cautelares -no al toque de queda, no al certificado Covid para interiores en restaurantes y gimnasios, etc- que maniatan en la práctica al Ejecutivo autonómico en su respuesta sanitaria se produce justo cuando Tenerife ya cumple cinco de las ocho circunstancias que Sanidad reserva para los territorios considerados como “riesgo extremo”, ya que a las Incidencias Acumuladas a siete y 14 días vísta para la población y la mayor de 65 años se suma ahora el hecho de que las Unidades de Cuidados Intensivos han superado en la Isla el 25% (concretamente con un 25,27%) de las camas disponibles en unidades para pacientes críticos con enfermos con coronavirus. De ahí la referencia gubernamental.
Lo cierto es que desde el Gobierno de Canarias hay “un profundo malestar” con las decisiones del TSJC o, en palabras del portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, quien ayer admitió que le “impresionan” estas cautelares que ni siquiera han dado posibilidad al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres de ser oído antes de adoptarlas, por mucho que el también consejero de Presidencia avise de que las miran con “mucho respeto”.
Pérez, no sin cierta retranca, reconoció que “llama la atención que algunas de estas decisiones -adoptadas por el Ejecutivo canario- han sido consensuadas con los sectores afectados” que luego han recurrido a los tribunales, en relación a la petición del certificado Covid en establecimientos. No en balde, ha sido el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife y por la Asociación Hostelería Unida Tenerife (HUT) quienes han acudido al TSJC para pedir estas cautelares.
Desde luego, no deja de resultar harto singular el choque frontal de los hoteleros con un sector como el del ocio nocturno, a priori uña y carne para el desarrollo de su actividad en las grandes zonas turísticas de Canarias. Ayer mismo, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) calificó de “temeridad sanitaria” y de “desastre económico” que el Gobierno central no diera luz verde en la Comisión Interterritorial al Certificado Sanitario Digital de la Unión Europea para crear burbujas de ocio seguro.
“Se tumban decisiones adoptadas para preservar la salud y la vida de la ciudadanía”, lamentan las fuentes consultadas por este periódico en el Gobierno de Canarias, que recuerdan que son temas como el certificado Covid “que ya se adoptan en otras comunidades como Galicia, pero también en países como Francia, Italia y Alemania”.
Sea como fuere, DIARIO DE AVISOS localizó anoche al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, cuando se encontraba camino de Salamanca donde hoy tiene lugar la Conferencia de Presidentes. Fue lacónico al anunciar que “mañana [hoy para el lector] haré una declaración oficial a este respecto”, pero también fue claro al advertir que “el Gobierno de Canarias no se va a quedar de brazos cruzados”.
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