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Sandra, santacrucera de 27 años: “Nos echan de casa el día antes de decidir cuándo me operan”

La joven vive con angustia un inminente desahucio junto a sus dos gemelas de cuatro años; sufre una enfermedad rara, poliposis colónica, que suele derivar en cáncer
Sandra se ha sumado a la acampada de afectados por desahucios frente a Presidencia del Gobierno, aunque no se queda por las noches debido a su enfermedad. Foto: Fran Pallero

Se llama Sandra y es una chicharrera de 27 años de edad. Tiene tres hijas, de las que dos de ellas, unas encantadoras gemelas de apenas cuatro años, viven con su madre en un piso del siempre complicado barrio de Finca La Multa, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Conocemos su caso, particularmente cruel dentro de la por sí terrible problemática de los desahucios, gracias a que se ha sumado a la acampada de afectados que actualmente tiene lugar frente a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en la capital tinerfeña, si bien no se queda por las noches a cuenta de su enfermedad.

Porque a Sandra la quiere dejar sin su techo un fondo buitre -Corel Home- justo el día antes de que se decida cuándo la operan de una enfermedad rara, la poliposis colónica, que suele derivar en un cáncer.

Nos recibe en el piso del referido barrio donde vive. Son apenas dos cuartos, un baño y el salón. “Unas amistades de entonces nos avisaron de que la puerta estaba abierta y, aunque el piso daba pena, no tuvimos otra”, explica esta canaria a la que tampoco el derecho a una vivienda digna parece que cuente para ella.

“Estaba la bañera picada, y el grifo del baño también era… ¡En la cocina había una capa de m… que no sabe la de botellas de lejía que me gasté!”, exclama la afectada, rememorando cómo llegó a la vivienda nueve del número 19 de la calle de América. Pese a esos comienzos, la vivienda cumple ahora los parámetros de un lugar decente en el que habitar con las dos gemelas, de cuatro años, mientras la mayor, de 10, vive con la familia del padre.

Sandra y sus gemelas en el pasillo de su casa. Fran Pallero
Sandra y sus gemelas en el pasillo de su casa. Fran Pallero

“A los cuatro meses de llegar aquí ya empezaron a exigirme que me fuera del piso, pero el primer juicio, que era por lo civil, lo ganamos. El problema es ahora, que el día 26 nos piden que nos vayamos definitivamente”, lamenta Sandra, a quien le coincide que, un día después, el 27, tiene cita con el cirujano que quiere operarla de su mal.

Porque Sandra está enferma, como certificaron en los Servicios de Urgencias. “Cuando me dijeron que lo mío no era normal me reí, porque llevaba explicando eso mismo cada vez que iba”, cuenta esta mujer joven a la que, cada dos por tres, según describe, “me empezaba a doler la barriga muchísimo y sangraba por mis partes cuando no venía a cuento. Al final, en vez de hacer las deposiciones, lo que hacía era tirar un reguero de sangre. Comer algo y echarlo, todo uno”.

Pronto se dieron cuenta de que algo pasaba en el intestino grueso de Sandra, donde los pólipos eran incontables, y el diagnóstico acabó llegando: sufre una poliposis colónica. Se trata de una rara enfermedad hereditaria en la que aparecen miles de pólipos en el colon (intestino grueso) que pueden transformarse en cánceres de colon. Afecta a uno de cada 10.000 o 30.000 nacidos vivos. Solo uno de cada 100 cánceres de colon es debido a esta enfermedad.

Las gemelas corretean y arropan a mamá durante la entrevista. Fran Pallero

“Es lo que me han dicho, que me quieren operar para evitar que acabe en un cáncer”, detalla la paciente, lógicamente angustiada al coincidir las dos fechas en el calendario. “Cuento con la ayuda de los míos”, añade esta víctima de malos tratos, “pero quedarme en la calle el día antes de decidirse sobre cuándo me operan no ayuda, es demasiado”.

Porque Sandra primero vivió de la ayuda como víctima del maltrato, pero en la actualidad lo hace gracias a la tarjeta de Hiperdino que, por valor de 240 euros al mes, le ha conseguido una asistenta social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Mientras habla con DIARIO DE AVISOS, las gemelas corretean, arropan a mamá y logran que les deje el teléfono móvil para jugar en tanto atiende a las visitas, además de confirmar la promesa de que pronto se irán al parque. Es obvio que viven tan felices como ajenas al drama inminente, que bien puede evitarse con una solución habitacional digna para esta familia.

Felizmente, hay quien le echa una mano. Descartado el padre -“se ha desentendido”, sostiene”-, su familia política sí que responde, a tal punto que, como se ha dicho, cuidan de la mayor, la de 10 años de edad.

La joven participa en la acampada que tiene lugar frente a Presidencia del Gobierno de Canarias en contra de los desahucios. Fran Pallero

En cuanto a la familia propia, “hacen lo que pueden y siempre están ahí”, pero lo cierto es que a la madre le cuesta pasar la noche en el lugar porque le es difícil conciliar el sueño al preguntarse si le va a pasar algo a su coche, estacionado en un barrio tan complejo como el que nos ocupa.

Pero Sandra atiende a este periódico con esa sonrisa que se antoja perenne en su rostro cuando no es tal, porque es el fruto de los calmantes que le han diagnosticado. “Cuando como algo”, reconoce, “acaba saliendo por arriba o por abajo”, explica con cierta vergüenza acerca de sus sufrimientos.

Por todo ello, encuentra respuesta en la acampada que tiene lugar frente a Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, donde siguen esperando a que la burocracia del Ayuntamiento capitalino dé vía libre a un baño portátil tras cumplirse hoy una semana de una protesta en la que participan familias enteras.

Resta añadir, en referencia a la actualidad sobre la problemática social que nos ocupa, una información adelantada por CanariasAhora.com, por la que el Constitucional ha estimado el recurso interpuesto por una pareja lagunera al entender que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión tras un procedimiento de ejecución hipotecaria que se sustanció en el Juzgado de Primera Instancia 2 de La Laguna. La clave de dicha sentencia radica en la deficiente notificación a los afectados de lo que sucedía realmente con la vivienda

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