El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha reclamado en días pasados al Ministerio del Interior que realice de una vez los trámites oportunos para que se cumpla una sentencia anterior por la que se declaran ilegales determinadas condiciones laborales de los policías nacionales adscritos a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), dentro del marco de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana.
En concreto, dicho juzgado inquiere en una reciente decisión judicial a la que ha tenido acceso este periódico por la que exige a Interior que identifique concretamente al titular de las competencias que, en la actualidad, impiden la ejecución de la sentencia aludida y así poder tomar las medidas oportunas contra el mismo en caso de que se niegue a obedecer lo acordado por los tribunales.
Todo el caso se debe al empeño mostrado por el sindicato Confederación Española de Policía (CEP), que demandó a Interior al entender que la jornada laboral de los UPR en la Isla vulneraban sus derechos, de tal modo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acabó dando la razón a los argumentos que la letrada tinerfeña Cristina Martos expuso en representación del referido sindicato en una decisión judicial adoptada en 2019 que, sin embargo, sigue sin ser acatada por el Ministerio del Interior pese al tiempo transcurrido.
Resta añadir que desde el juzgado santacrucero también se piden explicaciones al Ministerio del Interior sobre los motivos por los que no se ha actuado en consecuencia con el mandato que emana de la sentencia en firme que nos ocupa.
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