José Antonio Valbuena Alonso es el responsable de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, desde donde tiene el reto de velar por el medioambiente en Canarias, como antes lo hizo desde el Cabildo de Tenerife. Ha tenido y tiene una enorme responsabilidad por delante, ante la difícil tarea de compaginar, por ejemplo, el desarrollo turístico y económico con la salvaguarda de nuestros espacios naturales, o la de acortar los tiempos en la transición hacia las energías verdes o limpias, aunque a veces parezca que está solo dentro de un pacto de Gobierno con intereses contrapuestos. Todavía en cuarentena por un positivo de COVID, sin síntomas gracias a estar vacunado, nos atiende de maneral telemática.
-Vamos al meollo de la polémica. ¿Cuáles son la razones para que el Gobierno de Canarias, a través de su consejería, haya dado el portazo al proyecto hotelero de Punta de Abona?
“Ha sido un análisis desde el punta de vista de la ordenación del territorio y otro desde el punto de vista medioambiental. En la primera faceta no solo pasaría a que unos suelos que actualmente son rústicos pasarían a tener la consideración de urbanos para uso hotelero, sino que además supondría la suspensión de algunos apartados del PIOT, por lo tanto aquí nos encontramos que había que suspender dos normativas, una de ámbito local y otra de ámbito superior, como en este caso es el ámbito insular del PIOT. El artículo 168 de la Ley del Territorio solo está contemplado para la suspensión de normativas de ámbito local, como es el caso de las normas subsidiarias. Nos encontramos entonces con un problema técnico, que no es posible para esa parcela una suspensión de las normas subsidiarias, al operar la normativa insular sobre ese territorio, además de encontrarnos en la actualidad en plena redacción del Plan General de Arico. La suspensiones solo están concebidas cuando un PGO está aprobado y hay algunas actuaciones que pueden suponer un riesgo para el municipio. En este caso del PGO se está desarrollando y será en los próximos años ese Plan General el que defina cuáles son los usos compatibles para ese suelo. Y luego tenemos el aspecto ambiental. Nos encontramos que se suelo alberga un número de especies protegidas muy importante, más de 30 que están en listado español de especies silvestres, a lo que hay que sumarle que existen algunas especies que están en peligro de extinción, así como algunos hábitats de tabaibales y sistema dunares de litoral, que es el único que queda en Tenerife. Con la actuación de un complejo hotelero de cuatro hoteles de cinco estrellas, con tres mil camas y con los complementos de usos vinculados al ocio este suelo se vería dañado de manera irreparable. Esto no se solventa colocando cubiertas vegetales, valdría de manera paisajístico, pero no de manera ambiental”.
-¿Cabe una modificación del proyecto y que pueda superar esos condicionantes medioambientales con un nuevo PGO?
“No. Es muy complicados que los usos del suelo no sean otros que los que garanticen su protección. En situación actual no cabe ninguna modificación del proyecto, porque no se trata de acto reglado, al ser acto discrecional del que ha hecho uso el Gobierno de Canarias. Otra cosa es que cuando se tramite el PGO puedan variar la calificación de esos suelos”.
-¿Y cómo explica que en el 2016 y 2018 el Gobierno y el Cabildo dieran el visto bueno al proyecto de los hoteles como inversión estratégica?
“Son dos procesos distintos. Una cosa es analizar la estrategia de una inversión y otra cosa es poner sobre la mesa el aspecto ambiental y al suspensión del planeamiento. El análisis que se hizo en el Cabildo solo fue de estratégica económica y aquí el Gobierno lo que ha hecho es un análisis en términos de planeamiento y de ordenación ambiental”.
-¿No teme que se judicialice este asunto?
“Como siempre los promotores están en su derecho de recurrir, pero a nosotros en el momento de tomar una decisión no pensamos en ello, porque sería asumir que tenemos miedo. Tomamos la decisión siempre en base a criterios técnicos”.
-¿Le molesta que el presidente de Fepeco le califique de consejero activista?
“No, que quiere que le diga. El señor Óscar Izquierdo no se ha enterado que estamos en el siglo XXI. Los mismos criterios técnicos que avalan el salto de Chira-Soria son los mismos que no avalan los hoteles en Punta de Abona”.
-¿Qué en setiembre la gestión de Costas pase al Gobierno de Canarias puede servir para salvar las piscinas de Los Silos o Candelaria, por ejemplo?
“Es muy complicado porque la legislación es la misma en un caso que en otro. Cuando hablamos de este tipo concesiones en el dominio público cuando hay que decir no da lo mismo quien lo diga, aunque la gestión puede ser más ágil. Ahora mismo estamos analizando algunas diferencias que tenemos para esa transferencia. No hemos podido asumirla en julio porque se tratan de competencias muy delicadas y tenemos que tener plena garantías, como los informes de planeamiento que queremos que sea competencia exclusiva del Gobierno de Canarias, así como la creación de una comisión de seguimiento, porque se ha demostrado en los últimos años que la comunicación con la Dirección General de Costas no es todo lo fluida que debería ser”.
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