Mañana cumplirá 50 años. Una fecha para celebrar si no fuera porque ese mismo día, a las 11 de la mañana, puede verse obligada a abandonar el piso donde vive con sus hijos menores, de 17 y 14 años, si finalmente, como está anunciado, se produce el lanzamiento judicial, que ya fue aplazado en mayo para esta nueva fecha, tras la denuncia del propietario del inmueble que Bárbara Concepción Bello tiene alquilado desde hace más de un año y medio en el cuarto piso del edificio Cumbres de Güímar, en ese mismo municipio. El casero denunció el impago del alquiler -600 euros mensuales- en diciembre.
Bárbara reconoce que “no he podido pagarle porque desde que el estado de alarma han cerrado los hoteles y no he podido trabajar como camarera de piso, ni siquiera pude entrar en el ERTE porque mi trabajo era temporal. Solo dispuso durante seis meses de una ayuda de 450 euros mensuales por ser víctima de violencia de género”, comenta mientras nos muestra una de sus piernas, que tiene operada tras una paliza que le propinó su expareja a poco de llegar al piso que ahora comparte con sus dos hijos menores -la hija mayor ya no vive con ella-.
Desde entonces se las apaña sola para poder vivir malamente, siendo su prioridad los estudios de sus hijos y para ello ha comenzado a trabajar de nuevo de camarera de piso, “pero solo días sueltos, este mes por ejemplo solo llevo seis”, afirma. Relata que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Güímar están al tanto de situación, pero siempre le dicen lo mismo: “No tenemos casas libres en Güímar” y además señala que “me cuentan que cada día pasan siete u ocho personas por Servicios Sociales en la misma situación, buscando una vivienda”. Hace meses recibió del consistorio una cheque de 120 euros de Hiperdino para comida y ahora suele ir a la asociación Espacio 16 para recoger alimentos no perecederos.
Bárbara tiene el apoyo de la Plataforma por la Dignidad, cuya abogada lleva su caso, pero no así de sus vecinos, “pues casi todos me ven con mala cara”, comenta, reconociendo la posible amistad con el casero, quien por otra parte está empadronado en el piso que ocupa Bárbara y sus hijos, lo que dificulta aún más su defensa ante la Justicia, a pesar de que supuestamente hay una moratoria impulsada por el Gobierno del Estado que impide los desahucios al menos hasta octubre.
Tanto la abogada de la plataforma, como el Instituto Canario de la Vivienda, han solicitado al Juzgado la paralización del lanzamiento, apoyándose en un informe de “vulnerabilidad” de Servicios Sociales de Güímar.
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