La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Industria, ha publicado esta semana en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) una resolución por la que se aprueban los criterios para establecer los precios máximos de las inspecciones técnicas de vehículos periódicas, que deberán actualizarse antes del 31 de enero de cada año, en función de los resultados obtenidos en un análisis económico previo.
La consejera, Yaiza Castilla, explica que con este paso su departamento cumple con el reglamento que regula la inspección técnica de vehículos de Canarias que, en su artículo 14.2, establece que sea la Dirección General de Industria quien establezca los precios máximos de las ITV “para garantizar una retribución equitativa de la actividad y proteger, al mismo tiempo, los intereses de los usuarios”.
En este sentido, la resolución aprobada establece que el 49,04% del precio de las inspecciones periódicas se actualizará según el promedio de subida en el año anterior de los convenios colectivos del sector de la actividad siderometalúrgica de la provincia de Las Palmas y del Sector de Siderometalurgia e Instalaciones Eléctricas de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Para el otro 50,96% el precio, se usará como criterio la tasa de revisión de precios derivada de la evolución del índice de garantía de competitividad en los últimos doce meses en los que se haya publicado dicho índice por el Instituto Nacional de Estadística.
La decisión de fijar estos dos criterios se fundamenta en los resultados del estudio sobre los criterios en los que se debe basar el establecimiento de las tarifas de las inspecciones periódicas de vehículos en las estaciones de ITV encargado por la propia Dirección General a una consultora externa.
En él, se indica que los costes de personal de las estaciones ITV de Canarias representan entre el 47 y el 50% de su estructura de costes.
Además de cumplir con el precio máximo que se establezca para las inspecciones técnicas periódicas, las estaciones de ITV deben comunicar a la Dirección General de Industria el precio de las otras actuaciones que realizan, como son las verificaciones de taxímetros, las inspecciones no periódicas y los servicios administrativos.
Para ello, las estaciones dispondrán de un plazo máximo de 10 días hábiles desde la notificación de la presente resolución.
Antes de su aprobación definitiva, la Dirección General de Industria compartió con los operadores habilitados en Canarias para la Inspección Técnica de Vehículos el borrador del texto de la resolución, que fue sometido a trámite de audiencia el pasado mes de abril estableciendo un plazo para la presentación de alegaciones.