Canarias podrá imponer pruebas COVID para trabajar en algunos sectores

Los trabajadores de sectores que estén en contacto permanente con personas especialmente sensibles a la COVID-19 deberán contar con medidas de protección adicionales, tales como el certificado de inmunidad o someterse a test diagnósticos semanales. Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, el Ejecutivo persigue acotar los riesgos de contagios en sectores vulnerables, tras publicarse ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el decreto-ley del Gobierno autonómico que establece un marco para imponer restricciones debido a la pandemia. Como adelantaron a este periódico fuentes jurídicas, el decreto permite que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma se vea imposibilitado de tumbar las medidas, quedando en manos del Constitucional y bajo unos supuestos muy concretos.

Tras esta medida de refundición de normas anteriores y nuevas modificaciones acordada por el Gobierno, podrán verse afectados, en virtud del artículo 14, los empleados vinculados a servicios sanitarios y sociosanitarios, entre otros posibles sectores, si bien aún no se ha explicitado en una norma definitiva. En este sentido, la función del decreto es la de conformar “una base sobre la que luego el Gobierno, en sus diferentes sesiones, puede flexibilizar o adaptarse a la realidad que en cada momento se produzca”. Y ante una virtual demanda del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) contra el documento, ya anunciada por sus representantes si se intenta “coaccionar” a los funcionarios a administrarse la vacuna contra el coronavirus, el Gobierno prevé acogerse al artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que recoge que “el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo”.

No obstante, hay un condicionante, y es que “esta vigilancia solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento”. Eso sí, más adelante, la referida Ley abre la puerta al Gobierno con una excepción: “De este carácter voluntario solo se exceptuarán” los supuestos en los que el filtro sanitario sea “imprescindible” para “verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa”. Incluso se excepciona el caso en que “esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”. Entre los flecos a perfilar, quién pagará los test: la empresa, la Administración o el empleado.

Incentivos para que se vacune el 20% de la población diana, los ‘rezagados’

El objetivo del decreto-ley publicado ayer, que incrementa el número máximo de no convivientes en reuniones sociales para cada uno de los niveles de alerta (a 12, ocho, seis y cuatro, respectivamente), es, de acuerdo con el Gobierno, “el aglutinamiento de todas las medidas” en las que el Ejecutivo ha venido trabajando desde la irrupción de la COVID-19 a principios del año pasado.

En especial, hace hincapié en que “hay una serie de medidas que tratan de incentivar la vacunación” en aquellos ciudadanos que aún no han querido inocularse alguno de los remedios que están disponibles contra el coronavirus. Aunque cabe destacar que los niveles de inoculación son elevados, en la medida en que ayer ya había recibido la pauta completa el 79,65% de la población diana del Archipiélago, es decir, los habitantes que sean mayores de 12 años.

Por otra parte, ayuntamientos, cabildos, Salud Pública, SCS, Consejería de Sanidad y Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrán modular o levantar algunas de las restricciones impuestas, “en los ámbitos territoriales en los que resulte posible, en función de su concreta situación epidemiológica, siempre que no cambien los indicadores sanitarios y que no se pongan en riesgo los intereses generales de intervención contra la pandemia”, afirma el decreto.