Sociedad

El Diputado del Común pide 12.000 plazas para residencias de mayores y más inspectores

Rafael Yanes defiende "la honestidad e imparcialidad" del organismo que dirige tras la polémica que ha generado el informe sobre las residencias de mayores

Jorge Berástegui / Agencias

Para cumplir con la media nacional, necesitamos 12.000 plazas residenciales más para mayores en el archipiélago. Así lo aseguró ayer el Diputado del Común, Rafael Yanes, que pidió el aumento en el número de inspectores para vigilar las residencias de ancianos. Una solicitud hecha después de que haya salido a la luz el ‘Informe extraordinario sobre centros de atención residencial para mayores en Canarias‘, entregado al Parlamento en noviembre de 2020, pero que llevaba durmiendo el sueño de los justos desde entonces a pesar de las numerosas irregularidades que señala.

En declaraciones a ‘Canarias Radio’, Yanes afirmó que la idea del informe, adelantado el martes por la ‘Cadena SER’, surgió después de una visita, en 2018, que la Diputación del Común realizó a una residencia por las quejas de unos familiares en los medios de comunicación. Y defendió “la honestidad e independencia” del organismo que dirige, cuya única intención ha sido “dar luz” con este documento. “No entramos en quién gobierna, hacemos nuestro trabajo para que la Administración defienda los intereses de la ciudadanía”, afirmó.

El contenido del informe, sin embargo, ha sido un trallazo. El Gobierno promete firmeza con las irregularidades que encuentren. “Se va a proceder a la investigación y seremos muy contundentes en las sanciones y medidas que haya que adoptar, eso seguro”, aseguró ayer la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez Soliño, pero señaló que las irregularidades detectadas corresponden a una situación que dependía del Gobierno anterior, de CC. En realidad, las entrevistas del informe, elaborado por la adjunta al Diputado del Común, Milagros Fuentes, finalizaron el 30 de enero de 2020, cuando ya estaba el actual equipo de la Consejería de Derechos Sociales, liderada por Sí Podemos Canarias. Aunque solo llevaba cuatro meses.


La polémica, ahora, es saber si la Consejería de Derechos Sociales conocía el informe. El actual equipo afirma que no tenía constancia. Su antecesora en el cargo, la nacionalista Cristina Valido, dice que sí, basándose en una información de la ‘SER’ afirmando que la Fiscalía se puso en contacto con el Departamento que dirige Noemí Santana para comunicarles los hechos después de que el informe se entregara en el Parlamento. Tanto el Diputado del Común como su adjunta aseguraban ayer que ellos no comunicaron los hechos a la Fiscalía del Mayor, encargada de estas cuestiones. Pero claro, pudo ser otra persona. De hecho, Valido se pregunta cómo la Diputación del Común no puso unos hechos “tan graves” en conocimiento de la Justicia. La exconsejera señala que, durante su etapa, se cerraron ocho residencias de mayores. Y que había varias con insuficiencias pendientes de solucionar para evitar el cierre. “No sé qué habrá ocurrido”.

La actual viceconsejera afirma que no es conveniente “magnificar” el informe y provocar “alarma”. Primero, porque se inspeccionaron 25 residencias y existen 230 oficialmente reconocidas en Canarias. Y se encontraron irregularidades en algo más de una decena. “La mayoría de las residencias cumplen los requisitos. Y la gran mayoría de los profesionales son de altísima calidad”, asegura Martínez Soliño; una opinión que también comparte Valido. Y segundo, porque en medio ha habido una pandemia que ha intensificado los controles sobre las residencias. “Tenemos información diaria y elaboramos informes con Salud Pública que enviamos al Ministerio de Sanidad casi todos los días. Si tan mal lo hiciesen nuestras residencias, no habríamos sido la comunidad con menos muertes en este tipo de centros durante la pandemia”, remarca. La propia adjunta al Diputado del Común reconoce que varias de esas residencias incorporaron las recomendaciones que les hicieron.

Aun así, Martínez Soliño señala que hay un déficit en el personal para hacer controles. “Cuando llegamos, había once personas en esa sección, con solo dos inspectores. Algo flipante. Ahora ya son cinco, y vamos a incorporar a trece personas más, alguno de los cuales será también inspector”. “También hay otras entidades, como los cabildos, que tienen responsabilidades de control”. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, recordaba ayer también que se “ha intensificado la labor inspectora” y que la mayoría de las visitas a las residencias se hizo durante el Gobierno anterior.

Aun así, Torres recibe otra evidencia de la endeblez del sistema de cuidados en la Comunidad de Canarias. Y de la necesidad de reformularlos. A eso, señala Martínez Soliño, va dedicado el plan ‘Canarias cuida’, que se va a financiar, en parte, con los 122 millones de euros del convenio que el Gobierno canario firmó la semana pasada con el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra. “Vamos a crear 1.100 plazas sociosanitarias nuevas. Pero de otra forma, en lugares más pequeños, no en macrocentros, más barriales. Y luego hay temas de tele-asistencia, ayuda a domicilio, co-housing [vivienda compartida]. Se trata de cambiar de modelo, porque este está obsoleto. Y hay muchos mayores que ni siquiera quieren vivir en residencias. El problema es que aquí no se ha reflexionado sobre el problema del envejecimiento”, afirma la viceconsejera, que defiende la necesidad de una vejez digna que no sea un negocio.

“Ese es uno de los grandes problemas. Con el envejecimiento que hay y la demanda de residencias, esto se ha convertido en un negocio para algunos, que montan residencias con una facilidad tremenda”, reflexiona Cristina Valido. “La gente está desesperada porque no tiene plazas. Y encuentran una residencia con un precio razonable y meten a un familiar. Y no sé qué pasa que, con incumplimientos tan graves, los propios familiares no acuden a la Fiscalía a denunciar. Porque ese es otro silencio, cuanto menos, curioso”. También hay un problema, destaca, con las residencias ilegales.

En todo este asunto es imposible olvidar que este informe entró en el Parlamento en noviembre pasado y que no se ha conocido hasta ahora. Mientras, la adjunta a la Diputación Común esperaba fecha y hora para presentarlo en la Comisión de Derechos Sociales. Su presidenta, María del Río, de Sí Podemos Canarias, responsable de fijar el orden del día de la Comisión, afirmaba ayer en un audio que ella usa una forma democrática para hacerlo, escuchando las peticiones e iniciativas de los grupos. Y que nadie le manifestó la urgencia del tema. Valido sugería ayer que estas comparecencias externas tiene que fijarlas la presidenta. Pero lo dijo con suavidad, sin hacer sangre con esto: lo importante, para ella, es ver qué ha hecho la Consejería. Pero leer y estar atentos a los informes que salen es una obligación de todos, Gobierno y Parlamento. Y no hacerlo es un error de todos. Ayer decía Milagros Fuentes: “Cuando yo ejercía de abogada, a mí me podía faltar el azúcar en casa, pero de las leyes que salían tenía que estar al día”.