La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ha autorizado un programa temporal de empleo de la Consejería de Derechos Sociales que permitirá la contratación de 115 trabajadores durante tres años. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, explicó ayer que el programa, dotado con 9,4 millones de euros en tres años, contribuirá al cumplimiento de los objetivos del Gobierno en materia de Derechos Sociales en asuntos tan sensibles como la pobreza o la inclusión social.
El mismo permitirá actuar en el desarrollo de la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia, o en la mejora del sistema de información y atención a la ciudadanía, entre otros aspectos. Entre los 115 trabajadores habrá 16 administradores generales, cinco psicólogos, dospedagogos, ocho gestores generales, 15 trabajadores sociales, 46 administrativos y 23 auxiliares. El programa se desarrollará entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2023, y se destinarán 610.000 euros este año y 4,4 millones cada uno de los dos siguientes.
Estos trabajadores se sumarán a otros 101 que ya autorizó Hacienda el pasado año para dependencia. “En los últimos años hemos facultado la contratación de 216 trabajadores para la gestión de los asuntos de la Consejería de Derechos Sociales, que también está haciendo un gran esfuerzo, con lo que esperamos se pueda dar una respuesta cada vez más eficaz a las necesidades de la ciudadanía”, añadió Rodríguez.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, afirmó que el objetivo de contratar a este contingente de personas para dependencia es “dar un salto y recuperar el tiempo” perdido en Canarias desde la aprobación de la Ley de dependencia, en 2006. Una vez mejoradas las cosas, aseguró, el servicio deberá funcionar con normalidad con el personal “estructural”.
Olivera también explicó que se contratará a otras 14 personas en Derechos Sociales destinados a centros de día de Santa Cruz de Tenerife, Icod, Puerto de la Cruz y San Miguel; a las escuelas infantiles Anaga, en Tenerife, y Aridamán, en Gran Canaria, y al Servicio de Programas de Prevención y Protección de Menores. Además, Olivera anunció 2,2 millones para la contratación de un suministro de marcapasos, desfibriladores implantables y electrodos con destino a seis de los hospitales públicos.
