El magistrado César Romero Pamparacuatro ha rechazado, según fue comunicado ayer a las partes, un intento más del hoy senador Fernando Clavijo (CC) para que se archive el llamado caso Reparos, por el cual ha sido declarado como investigado (antes imputado) en una pieza separada dada, precisamente, su condición como miembro de la Cámara Alta, tal y como solicitó en su día la Fiscalía Anticorrupción y aceptó el propio juzgado.
En concreto, Pamparacuatro, que actúa como sustituto temporal de la titular del juzgado en cuestión (el de Instrucción Número 4 de La Laguna), fecha dicha providencia el pasado lunes y, en la misma, descarta admitir como prueba un informe presumiblemente contratado por la defensa del que fuera presidente del Gobierno de Canarias a otro jurista, José María Baño León, quien hoy en día trabaja como letrado en el bufete que lleva su nombre y que tiene sede en Valencia.
En un alarde de concisión y claridad, la providencia le recuerda a la defensa de Clavijo (que lidera el tan prestigioso como caro abogado José Antonio Choclán) que el referido informe de Baño León será incorporado a la documentación recopilada por el juzgado sobre este asunto como “alegaciones asumidas por la parte, pero no como diligencia de prueba, al no ser posible la pericial jurídica”.
Ello significa, en otras palabras, que Pamparacuatro valora tal análisis como un argumento más de la defensa de Clavijo, pero en ningún caso como un peritaje independiente. A este respecto, cabe recordar que una prueba pericial es la opinión que emite un perito respecto a un hecho concreto que ha de evaluarse en el marco de un proceso judicial, y que sirve para arrojar luz sobre conocimientos específicos respecto a algún tema en concreto de los que un juez no tiene por qué saber al detalle, como, por ejemplo, puede ser el urbanismo, el medio ambiente o cualquier otro, salvo que sea un tema jurídico, claro está.
Porque, si de algo no necesita lecciones un magistrado es, lógicamente, sobre conocimientos jurídicos, así que lo que opine Baño León sobre el caso Reparos no se puede considerar como una prueba pericial, ya que, si hacen falta los conocimientos de un jurista a este respecto, para eso ya está el propio César Romero Pamparacuatro o, en su defecto, la titular del Juzgado lagunero que instruye las diligencias, Ana Serrano Jover. De ahí el laconismo con que se despacha el asunto en la providencia que nos ocupa, y que fue comunicada ayer a las partes.
Respecto al contenido del informe de Baño León, que también es catedrático de la Universidad Complutense, ni que decir tiene que, tras un sesudo análisis que le ocupa casi 60 páginas, concluye en que la actuación de Clavijo es conforme a Derecho por diversas cuestiones, y que básicamente se resumen en que las consideraciones del interventor municipal (que advirtió en todos y cada uno de los levantamientos de reparos dictados por el entonces alcalde lagunero de que estaba incurriendo en presuntas ilegalidades) son preceptivas y no vinculantes, así como que primaba el mantenimiento en la prestación de los servicios municipales afectados y que el incumplimiento de los plazos era una mera irregularidad. Es de justicia añadir que Baño León concluye su trabajo prometiendo (como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal) haber actuado “con la mayor objetividad posible”.
Es el momento de recordar que el caso Reparos, surgido tras una denuncia del hoy primer teniente de alcalde lagunero y también senador, Santiago Pérez (PSOE), consiste en que, durante muchos años, tanto Clavijo como otros antiguos mandatarios laguneros (entre ellos el también exalcalde José Alberto Díaz, de CC, igualmente imputado) levantaron sistemáticamente los reparos de legalidad que interponía la Intervención Municipal de la Ciudad de Los Adelantados a la hora de dar continuidad -sin que se sacaran a concurso público- una serie de contratos para la prestación de importantes servicios municipales por un montante total de, aproximadamente, unos 60 millones de euros.
Para un procedimiento penal, un catedrático de Administrativo
El hoy senador Fernando Clavijo (CC) no escatima en gastos a la hora de defenderse en los tribunales. Esta vez, presumiblemente, ha contratado un informe ad hoc al abogado José María Baño León para pedir que se archive el llamado caso Reparos, por el que ha sido declarado como imputado en el Juzgado de Instrucción Nª 4 de La Laguna.
Clavijo está en su derecho al proceder así y experiencia no le falta, por cuanto es la tercera vez que se abre un procedimiento judicial contra él. En el Caso Corredor desapareció la autorización judicial para las escuchas que presuntamente le incriminaban, mientras que en el caso Grúas fue absuelto por el Supremo, no en balde se autoimpuso en su partido para ser senador y así beneficiarse de estar aforado.
Esta vez, el informe de Baño León no ha sido admitido como prueba, si bien llama poderosamente la atención que recurriera a un catedrático de Derecho Administrativo para que dictaminase sobre un procedimiento penal como es el caso Reparos.
A buen seguro que la explicación de tanto gasto pasa porque Clavijo ya consiguió que, tras ser absuelto, el Ayuntamiento de La Laguna tuviera que abonar los 60.000 euros que le cobró su abogado, el caro y prestigioso José Antonio Choclán, una minuta bastante por encima del precio de mercado, que son algo menos de 3.000 euros.
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