Política

Un inspector por cada 46 residencias y otras miserias atlánticas

El Parlamento debatió ayer el informe del Diputado del Común que revela deficiencias en algunos centros para mayores

El Diputado del Común, durante su intervención de ayer/Dulce Fleitas (Parlamento)

Un inspector por cada 46 residencias de mayores en Canarias es estar a una distancia sideral de lo que ocurre en otras comunidades españolas: uno por cada cuatro en Baleares; uno por cada cinco en Murcia; uno por cada dieciséis en Andalucía. Eso sí que es un problema, no que a Pedro Sánchez le regalen un timple cuando viene a Lanzarote. También es un ejemplo del precario sistema de Servicios Sociales que ha construido este archipiélago de riqueza tan mal repartida, como si hubiéramos sido incapaces de pensarnos con seriedad, de establecer las prioridades correctas. Y es otra de las miserias que ha aflorado con el informe sobre las residencias de mayores elaborado por el Diputado del Común que ayer presentó el titular de este organismo, Rafael Yanes, en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento.

Aunque se entregó a la Cámara hace casi un año, la Comisión no lo había convocado. El informe habitaba en el limbo hasta que lo sacó a la luz, la semana pasada, la Cadena SER. Pero Rafael Yanes no estaba ayer con ganas de entrar en polémicas sobre la tardanza. Incluso afirmó, quizá arrastrado hasta la hipérbole por un afán conciliador, que podía ser “el momento adecuado”, pues ha comenzado la discusión de los presupuestos de 2022. El informe, dijo, “no va contra nadie”. Y que las irregularidades encontradas son de “una minoría” entre las 232 residencias registradas en Canarias. Pero que ese es uno de los méritos del informe, haberlas detectado. Que haya chinches, cucarachas y roedores en una sola ya es “inaceptable”.

En dos años, desde que entró el actual Gobierno, el número de inspectores ha pasado de dos a cinco, y la Consejería de Derechos Sociales promete la incorporación de 11 personas más a este área. Pero Yanes recordó que algunas de las residencias visitadas a lo largo de 2019 para hacer el informe -la mayor parte, con CC todavía en el poder- llevaban 5 años sin ser inspeccionadas; algunas, 10; otras, nunca. En 2021 se han hecho 31 inspecciones. Con el personal actual, tocaría a una inspección por residencia cada cuatro años. Así que pidió más recursos para la Consejería.

Todavía estamos en pleno proceso de digestión del informe. Y cada cual marca posiciones. La diputada tránsfuga Vidina Espino, del partido de sí misma, pidió “perdón” por que no se haya dado “voz” a los mayores tanto tiempo después de la elaboración del documento. Aunque acto seguido recordó que es la presidenta de la Comisión, María del Río, de Sí Podemos Canarias, la que tiene las competencias de fijar el orden del día de las sesiones y que debía dimitir. Luego pidió un plan de inspección de todas las residencias. Desde el PP, Hipólito Suárez también se disculpó. Pero reclamó que no se generalice sobre la situación de las residencias, porque hay muchas que funcionan bien. También criticó al Gobierno porque, cree él, echa balones fuera con la herencia recibida. Así que le pidió que se pusiera las pilas con la dependencia y el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. Hay un déficit de 12.000 plazas residenciales de mayores en Canarias para alcanzar la media española.

Cristina Valido, de CC, que llevó Asuntos Sociales en la pasada legislatura, dijo que iba a “intentar no caer en la continua provocación”, probablemente aludiendo a la intervención de María del Río, que señaló a la gestión de CC como principal responsable de la situación de las residencias, con un modelo de “privatización” que contrastó con el “nuevo modelo” que está poniendo en marcha la Consejería de Derechos Sociales en el programa ‘Canarias cuida’, que ha recibido el espaldarazo del Ministerio de Derechos Sociales con la firma de un convenio de 122 millones de euros. Valido reconoció la escasez de inspectores, pero recordó que ella había cerrado ocho residencias. Y afirmó que si la “herencia recibida” lo explica todo, algo también tendrá que ver el legado de CC con que que las cifras de mortandad en las residencias canarias por la covid hayan sido las más bajas de España. Preguntó al Diputado del Común si sabía por qué la Consejería de Derechos Sociales no le había respondido a las cartas que envió en octubre de 2019 y agosto de 2020 su adjunta, Milagros Fuentes -autora del informe-, solicitando información de las denuncias que había recibido el departamento sobre irregularidades en las residencias. Pidió poner nombre a las infractoras. Y preguntó qué comunicación hubo con la Fiscalía.

Desde Nueva Canarias, Luis Campos afirmó que sería conveniente dar un traslado rápido de los informes de este tipo de a las consejerías concernidas, con independencia de los trámites parlamentarios. También destacó el trabajo que se ha hecho para proteger a los mayores durante la pandemia. Una afirmación compartida por Melodie Mendoza, de ASG. “Nada nuevo bajo el sol”, dijo la diputada socialista Teresa Cruz Oval, quien considera que esta es una situación “que se lleva gestando desde hace muchísimos años”. Defendió que ninguna residencia pueda abrir sin autorización, pues algunas han empezado a funcionar por silencio administrativo, así como la necesidad de intensificar las sanciones. Y reflexionó sobre algo importante: la necesidad de buenas condiciones para los trabajadores de las residencias, con unos salarios que estabilicen los puestos y den solidez a los vínculos que se establecen entre el personal y los usuarios. Quizá fue la intervención más interesante.

Hubo un ‘bonus’ con un pregunta de Vidina Espino a la consejera Noemí Santana sobre “medidas para mejorar la calidad de vida de los mayores”. Espino aprovechó para volver sobre el tema de las residencias, interrogando sobre si la Fiscalía habló con Derechos Sociales, si María del Río les comentó algo del informe, si las residencias con irregularidades se han inspeccionando, si ha habido cierres… Santana se quejó de que no se ciñera a la pregunta. Espino es siempre flexible consigo misma y tajante con los demás, pero sorprende que la consejera no tenga un arsenal para salir del paso sin apelar al reglamento. Menos mal que no está en el Parlamento británico.