El Gobierno de Canarias, en estrecha cooperación con el Estado en su marco de inversión para la recuperación de La Palma, tiene el objetivo de adquirir hasta 300 viviendas hasta final de año, 100 antes de que termine el mes de octubre. Conseguir ese objetivo pasa por una organización logística de conocimiento y atención a las más de 500 familias que se han quedado sin hogar, que desde hoy mismo han comenzado a ser citadas en la Casa Massieu de Los Llanos de Aridane para iniciar un procedimiento en el que juega un papel fundamental la figura de los trabajadores sociales.
El consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, formalizó, junto a los alcaldes de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, el Protocolo de Registro Único de Afectados, un mecanismo que permitirá establecer un conocimiento detallado de los procedimientos y la línea de colaboración entre el departamento regional, los consistorios y el Cabildo insular de La Palma. “Este acuerdo de hoy simboliza la unidad de todas las administraciones públicas y pone sobre la mesa los recursos de los que disponemos todas las administraciones para favorecer, agilizar y buscar las mejores soluciones posibles a esta tragedia”. Sebastián Franquis se refirió así a la importancia de este protocolo, con cuya firma “certificamos que las administraciones públicas están colaborando para que esta situación tan grave se pueda llevar lo mejor posible. Lo que vamos a hacer ahora de manera urgente es atender a la emergencia habitacional que afecta a muchas familias de la Isla, que cada uno tenga una vivienda provisional con la vista puesta en que en un futuro no muy lejano, cada uno sepa ya dónde va a tener su vivienda definitiva, dónde va a vivir a partir de ese momento para volver a reconstruir su proyecto de vida, que es lo que todos esperamos”.
Las soluciones a más de 500 familias afectadas no es sencilla, por lo que se faculta al Instituto Canario de Vivienda a organizar el equipo de trabajo necesario para atender a las familias que han perdido sus hogares por la colada volcánica. El equipo, que ya cuenta con 14 trabajadores sociales en La Palma y una coordinadora, contratados por la Consejería exclusivamente para este fin, han iniciado la recopilación de toda la información obtenida por los servicios sociales de los ayuntamientos. La intención es contar en pocos días con capacidad para empezar a citar y entrevistar personalmente a los afectados, tarea que se desarrollará tanto en la nueva Oficina de Atención a La Ciudadanía Afectada por el volcán, como en los distintos alojamientos en los que están viviendo provisionalmente estas familias, a donde se desplazarán los técnicos para la evaluación.
Franquis quiso explicar que la Administración va a tratar de evitar cualquier dificultad “para aportar todos los recursos y todos los medios que sean necesarios” ante la excepcionalidad de la situación, que requiere de una especial sensibilidad a familias que lo han perdido todo. El gabinete de Franquis, en estrecha colaboración con los alcaldes Sergio Rodríguez, Noelia García Leal y Juan Manuel Rodríguez, de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, respectivamente, ha querido establecer también la creación de una comisión técnica de emergencia social integrada por técnicos del Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos. Esta se encargará de elaborar el baremo con el que se atenderá a los afectados en base a criterios objetivos, trasladar cualquier necesidad que surja durante este trabajo social y servirá de coordinación entre las distintas instituciones.
Opciones
La Administración plantea tres escenarios para ofrecer una vivienda a los afectados, cuyo regreso a las zonas de donde han sido desplazados por el volcán es bastante improbable. Casas prefabricadas en bolsas de suelo señaladas por los ayuntamientos, además de la adquisición de pisos y la puesta en uso de viviendas de promoción oficial. Los afectados consultados por este periódico, algunos de ellos miembros de la Plataforma de Damnificados por el Volcán, aseguran que esta solución tiene para ellos carácter transitorio, a la espera de que la erupción llegue a su fin y se pueda evaluar la reconstrucción de sus barrios en enclaves que, en algunos casos, no descartan que puedan estar sobre la colada basáltica.
La inestabilidad de la colada y la aparición días atrás de un nuevo tubo volcánico por el que circula la lava hacen poco probable esta posibilidad, a la que quieren agarrarse muchas de las familias. Los pisos y casas prefabricadas, que son motivo de agradecimiento para salir de la precariedad en la que se encuentran, son para ellos una solución temporal. Argumenta uno de los afectados por el volcán, en casa de un familiar desde que abandonara su hogar “con lo puesto”, que “lo que espero es que podamos vivir en un entorno rural, recuperar la cercanía de nuestros vecinos y de nuestras costumbres”.
El consejero anunció, tras la firma del protocolo, que el consejo de administración de la empresa pública Visocan se reunirá hoy mismo con carácter extraordinario para aprobar la compra de las primeras 18 viviendas en el municipio de Tazacorte que se destinarán a alojar a las familias que se han quedado sin hogar, según el orden de prioridad que decida la comisión técnica de emergencia social.
A esta primera compra seguirá la semana que viene otra de 46 y así de forma sucesiva varias adquisiciones más hasta llegar al centenar de viviendas de las que se quiere disponer a finales de este mes de octubre. Sebastián Franquis añadió que esta compra de inmuebles se complementará, en caso de ser necesario, con la adquisición e instalación de casas prefabricadas, para lo que ya se está gestionando con los ayuntamientos la cesión de suelo urbanizado para las mismas.
La consejera insular de Acción Social, Nieves Hernández, quiso evaluar ayer la situación de los damnificados sin vivienda a la que regresar. Explicó que la prioridad del grupo de Gobierno insular son las personas y su bienestar, e incidió en que, desde el día 19 de septiembre, cuando se produjo la erupción volcánica, la Corporación insular se ha centrado en un doble objetivo: “Por un lado, evitar que se produjeran daños personales, algo que se logró gracias a la planificación, al trabajo incansable de los operativos de seguridad y al civismo de la ciudadanía. Y, por otro, con la respuesta a la emergencia habitacional de las personas que se han quedado sin vivienda”.
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